Madrid 
Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) calcula que no haber ajustado el IRPF a la inflación desde el año 2015 cuesta a una familia media -dos adultos y dos hijos, con unos ingresos anuales de 50.000 euros- unos 736 euros al año, lo que supone un incremento del 30% en la cuota del impuesto. Asún así, los efectos son aún mayores en términos proporcionales para las rentas más bajas. Así lo confirma en el informe Seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación y otras medidas estructurales, en el que repasa las reformas implementadas en los últimos años, así como aquellas que se habían planificado pero no llegaron a aprobarse.
Fedea explica que cuando la inflación aumenta, como ha sucedido en los últimos años, los salarios suben y la renta monetaria de los contribuyentes crece, por lo que estos pasan a tramos superiores del IPRF y pagan tipos más altos, aunque su poder adquisitivo no haya variado. A modo de ejemplo, Fedea analiza el caso de una familia media de cuatro miembros -dos adultos y dos menores- y unos ingresos brutos conjuntos de 50.000 euros en 2024, que pagan una cuota total de IRPF de 3.170,75 euros. En caso de que la tarifa del IRPF se actualizase a la inflación acumulada desde 2015 -tanto los umbrales que marcan el salto de tramo como los mínimos personales y familiares-, la cuota sería de 2.434,36 euros, es decir, que la no deflactación supone un sobrecoste para esta familia del 30,25%, 736,39 euros más.
A la espera de otros proyectos
En su informe, Fedea también ha analizado la falta de aprobación de la reforma de la Ley del Suelo para evitar retrasos innecesarios en la construcción de vivienda y de la creación de una Agencia de Salud Pública considerada esencial para mejorar la respuesta a posibles futuras pandemias.
Para la Fedea, el "fracaso" de ambos proyectos pone de manifiesto la incapacidad de los representantes políticos, y en particular de los dos grandes partidos centrales, PSOE y PP, para llegar a acuerdos incluso en cuestiones de interés general en las que no hay diferencias sustantivas entre ellos. "Por el bien del país, ambos deberían recapacitar", han instado los expertos.
Por un lado, la fundación considera que la reforma de la Ley del Suelo, o más bien las razones que la hacen necesaria para acortar los largos plazos de construcción de vivienda, se debe en parte a la frecuente paralización de la actividad urbanística e inmobiliaria en barrios o incluso ciudades enteras ante la anulación del correspondiente plan urbanístico.
El origen del problema, según los expertos, tiene que ver con el estatus legal de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que en España se consideran normas legales con rango de reglamento en lugar de meros actos administrativos. Como tales, están sujetos a control judicial por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con un rígido régimen legal que termina generando una notable inseguridad jurídica en el ámbito inmobiliario.
Otro proyecto preocupante, según Fedea, es la trasposición de una directiva europea sobre las obligaciones de información de las empresas en materia de "sostenibilidad". Este concepto se interpreta en la directiva en un sentido extraordinariamente amplio que, además de cuestiones medioambientales, incluye temas sociales, de personal y de gobernanza, así como la lucha por los derechos humanos y contra la corrupción y el soborno.
Para cada una de estas cuestiones, el texto exige a todas las empresas de un tamaño no demasiado elevado (de más de 250 empleados, en el mejor de los casos) que presenten un detallado informe que recoja, por un lado, como afectan a su negocio las cuestiones de "sostenibilidad" y, por otro, el impacto de las actividades de la propia empresa y de su cadena de valor sobre la sostenibilidad y otros objetivos sociales, incluyendo sus planes detallados para contribuir a alcanzarlos.
Para Fedea, la norma impone a una parte muy importante de las empresas la obligación de llevar a cabo un "complejo y costoso" ejercicio que va mucho más allá de la provisión de información objetiva sobre su actividad, sin que quede claro qué se espera conseguir a cambio, y les atribuye una responsabilidad de contribuir activamente a la lucha contra lacras sociales que va más allá de lo razonable.