Las transferencias del Estado para financiar las pensiones superan en 2024 los 40.000 millones de euros. Lo hacen a falta de un mes para cerrar el año, ya que el Ministerio de Seguridad Social todavía no ha publicado el Resumen de Ejecución del Presupuesto del ejercicio pasado. Sin embargo, en el penúltimo mes del año el Departamento ya había ejecutado el 107,61% del presupuesto. O lo que es lo mismo, había superado en siete puntos porcentuales los recursos previstos en transferencias del Estado, que se cifraron en 38.688,51 millones.
Con un total de 41.632,04 millones de euros, las ayudas estatales que asumen una parte del déficit de la Seguridad Social a través de impuestos o deuda vuelven a aumentar en comparación con el año anterior. Subieron cerca de un 7% en comparación con 2023.
El aumento en las transferencias del Estado para financiar las pensiones es consecuencia de la separación de fuentes de financiación, uno de los pilares diseñados por el Pacto de Toledo y edificados por el ministro José Luis Escrivá en la pasada legislatura. Estos traspases de recursos sirven para cubrir las prestaciones no contributivas, los gastos sanitarios y asistenciales, que se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos generales: son las pensiones más bajas del sistema, las no contributivas de aquellos trabajadores que no han cumplido el mínimo de 15 años cotizados, los complementos por brecha de género o las pensiones que cobran los funcionarios del extinto régimen de cotización de las Clases Pasivas, entre otros. Se incluyen, además, los créditos que concede puntualmente el Tesoro para hacer frente a las pagas dobles de verano o Navidad.
Lejos de encoger, la expectativa es que esta fuente de financiación aumente de nuevo este año. Esto se debe a que uno de los objetivos del Ministerio para este 2025 es la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación lo que implicaría un nuevo incremento de la cuantía de impuestos o deuda pública que asumen el desembolso anual de la Seguridad Social.
La explicación que ha ofrecido el Ejecutivo hasta ahora es que hay países europeos de referencia como Alemania y Francia que financian entre el 25% y el 30% del gasto en pensiones por la vía de los impuestos generales. En el caso de España, esta proporción se elevó hasta el 19,83% en noviembre de 2024. Es decir, uno de cada cinco euros son n financiados por impuestos y no por las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas. La misma proporción que un año antes.
En julio del pasado ejercicio, Hacienda presentó el techo de gasto no financiero en el que recogía un mayor espacio fiscal para incrementar un 7% las transferencias de impuestos para pagar pensiones. La propuesta, sin embargo, se frenó tras el no de Junts ese mismo mes. Una negativa que frenaba el avance hacia aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y que el Ejecutivo todavía no ha conseguido solventar.
Más ingresos por cotizaciones
Por otro lado, los ingresos de la Seguridad Social también crecen por el lado de las cotizaciones sociales. De hecho, desde 2018, la entrada de dinero ha aumentado un 30%, y solo este año se han incrementado un 11% en tasa interanual hasta los 151.605,64 millones acumulados en el mes de noviembre. Una cifra que se explica, en parte, por el buen momento que vive el empleo en España (el número de afiliados a la Seguridad Social superó los 21,34 millones de ocupados a cierre de año). Es decir, a más personas empleadas en España, más ingresos para soportar el creciente gasto en pensiones.
Al buen momento que vive el empleo además se suma la subida en las cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) , una sobrecotización finalista que pagan empresas y asalariados y que llena el Fondo de Reserva, comúnmente conocido por los españoles como la hucha de las pensiones. El mecanismo entró en vigor el 1 de enero de 2023 y previsiblemente, irá elevándose cada año hasta alcanzar el 1,2% en 2029.
El aumento en los ingresos de la Seguridad Social supone una de las medidas que ha tomado el Ministerio para abordar el problema creciente en el aumento del número de jubilados y al que se añaden otras iniciativas como el aumento progresivo en la edad de jubilación y la creación de incentivos para potenciar la demora del retiro.
El engrose de los ingresos de la Seguridad Social -tanto por el impacto de las transferencias como por la escalada de las cotizaciones sociales- podría no ser suficiente para justificar que el sistema de pensiones es sostenible. Es algo que evaluará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el próximo 31 de marzo. Entonces, el organismo publicará el examen que determinará si la reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social, José Luis Excrivá, ha servido para atajar el impacto del retiro de la generación del baby boom y el envejecimiento en las cuentas públicas.