La polémica decisión del Ministerio de Hacienda de no volver a ajustar el mínimo exento de abonar IRPF ha dejado solo al PSOE en la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados. Los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) empezaron a tributar en febrero, tras el incremento impulsado por el departamento de Trabajo por el que ascendió a 1.134 euros al mes y solo el partido de María Jesús Montero parece compartir esta posición mientras el hemiciclo vuelve a elevar su presión sobre el Gobierno. PP, Sumar, Vox, PNV, ERC, Coalición Canaria y Podemos han apoyado al unísono la moción de los 'populares' que reclamaba que se liberase a los trabajadores de esta carga fiscal. Al tiempo que Junts, UPN y EH Bildu se ponían de perfil con una abstención.
La figura presentada por la formación de Alberto Núñez Feijóo no es una iniciativa legislativa, sino que busca que la Cámara se posicione sobre un tema o 'apretar' al Ejecutivo para que legisle o actúe en cierta dirección. Y el sentir del conjunto de partidos ha quedado clara dos semanas antes de alcanzar el 28 de marzo, la fecha que el Gobierno tiene como límite para presentar un veto a las iniciativas planteadas por el PP, Sumar y Podemos hace un mes para paliar esta situación y volver a liberar a los empleados que perciben un salario de 16.576 euros en términos brutos de tributar.
La normativa reserva al Consejo de Ministros esta posibilidad, conocida como "veto presupuestario" ya que puede presentarse frente a cualquier enmienda o proposición que vaya a aumentar los créditos o reducir los ingresos del Estado y en esta ocasión, el ajuste del mínimo exento llevaría a recaudar menos. El impacto de la medida es moderado, puesto que como ha enfatizado Hacienda y señaló la Comisión de Expertos nombrada por Yolanda Díaz, no todos los trabajadores que cobran este salario pasan a estar obligados a pagar IRPF, de forma que afecta fundamentalmente a los solteros sin cargas familiares y el impacto se concentra en los empleados más jóvenes.
La responsable de Hacienda cifró esta merma entre los 1.7000 y los 2.000 millones de euros en una rueda de prensa. "No proceden solo del SMI, sino de la estructura del IRPF, que arrastra a otros salarios y el que no entienda esto es que no ha estudiado tributario" reclamó la vicepresidenta primera. El diseño de este impuesto implica que no exista un mínimo exento como tal que elevar, sino que el Gobierno recurría a aumentar el importe reducible por rendimientos del trabajo, lo que alcanza a los salarios de hasta 22.000 euros brutos. Si bien, al margen de esta decisión, la subida del SMI implica un importante incremento de los ingresos en cotizaciones sociales, como explicó elEconomista.es, que supera al auge de gasto derivado de las prestaciones por incapacidad temporal o bajas por nacimiento, riesgo durante el embarazo o lactancia.
En este contexto, parece probable que el PP y Sumar decidan unir sus fuerzas y apoyar una de las dos iniciativas para forzar a través del Congreso de los Diputados que los trabajadores que cobran el SMI queden liberados de la obligación de pagar IRPF. No obstante, desde el entorno de Sumar trasladan dudas sobre el diseño técnico de la propuesta del PP que aseguran que incide en los mismos errores técnicos que la impulsada por Podemos. Fuentes 'populares' consultadas por este periódico se mostraron dispuestas a "votar en coherencia", aunque no ha trascendido si los dos partidos han iniciado una negociación al efecto. Sin embargo, la formación de Díaz ya avanzó que unirían sus votos a este partido en la Mesa del Congreso si finalmente el Gobierno presentaba un veto.
El partido morado presentó la proposición más breve en la que se limitaban a introducir un nuevo apartado en la ley que regula el impuesto para establecer que "en ningún caso se practicarán retenciones por rendimientos del trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que perciban, en cómputo anual, el Salario Mínimo Interprofesional". Los modelos de Sumar y PP son algo más elaborados, aunque no coinciden en la fórmula pese a compartir el mismo objetivo.
El partido que encabeza el Ministerio de Trabajo propuso modificar el artículo 20 de la ley que regula el IRPF para detallar las reducciones por rendimientos del trabajo que se aplicarían a los trabajadores cuyo salario más 5.000 euros resulte inferior a 6.500 euros. Además, impulsó un segundo cambio en el reglamento del impuesto y el de Planes y Fondos de pensiones para abordar todos los supuestos, siempre poniendo el foco en los ingresos que provengan exclusivamente del trabajo.
En cambio, la formación de Feijóo planteó una reforma del artículo 96 de la norma para librar de la obligación de tributar a los trabajadores con un solo pagador que perciban la cuantía equivalente al SMI en términos anuales (16.576 euros brutos). Y en la línea planteada también por Podemos, también incluyeron en su propuesta una disposición adicional primera en la que instan al Gobierno en un plazo máximo de 15 días a llevar a cabo "las modificaciones reglamentarias que sean necesarias para que no se practique retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía sea igual o inferior al SMI".
Desde Hacienda explican que la decisión todavía no ha sido tomada y que formalmente es el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños el encargado de trasladar la opinión del Gobierno acerca de las diferentes iniciativas antes de ese 28 de marzo.