Zaragoza
Un total de 422 millones de euros. Esta es la cifra que Aragón dejaría de percibir con la eliminación de los criterios de despoblación y orografía en el marco de la financiación autonómica.
De esta cantidad, cerca de 320,9 millones de euros se corresponderían con la orografía, mientras que 101,1 millones de euros serían por la despoblación. Son los cálculos iniciales que se han realizado en el Departamento de Hacienda después de que en el día de ayer se recibiera un documento desde el Gobierno central en el que se apunta la inexistencia de consenso suficiente para contemplar estos dos criterios -despoblación y orografía-, en la financiación autonómica.
Estos 422 millones de euros se dejarán de recibir anualmente y es una cifra que se sumaria a los 87 millones de euros que el Gobierno de Aragón viene reclamando en materia de despoblación, alcanzando los 509 millones de euros.
"Es el peor momento en la historia en financiación autonómica. A los 87 millones se suma ahora esta otra injusticia", ha afirmado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante la rueda de prensa para realizar un primer análisis del documento con los criterios de financiación autonómica y su posible impacto en Aragón.
"No solo niega el Gobierno central nuestra reivindicación, sino que pretende que las variables más injustas pesen en el modelo de financiación", ha incidido Azcón, quien ha achacado esta situación a los pactos con los independentistas, al cupo catalán y a la condonación de la deuda. "Quieren que las deudas las pague Aragón" aludiendo sobre todo a que la condonación no es más que mutualizar la deuda, lo que perjudicaría a la comunidad aragonesa al tener que asumir parte de la de otras autonomías. "El cupo catalán alguien tiene que pagarlo y será Aragón", ha incidido el presidente aragonés.
Con los criterios propuestos con anterioridad en diciembre de 2021 por el Ministerio de Hacienda, la comunidad aragonesa salía beneficiada en la financiación autonómica pero, con la eliminación de la despoblación y orografía, sale perjudicada, ya que Aragón supone aproximadamente el 10% del territorio de España, pero tiene tan apenas el 3% de la población. Unos ratios con los que es más costoso asumir la prestación de servicios sociales, sanidad o educación, entre otros. "Los criterios más importantes son los que se eliminan", ha señalado.
Ante esta situación, Aragón va a buscar mantener la unanimidad en su posición en financiación autonómica para lo que desde el Gobierno aragonés se va a iniciar la próxima semana una ronda de contactos con los partidos políticos de la comunidad para explicarles el documento remitido desde el Ejecutivo central, que se les va a enviar hoy, y tratar de fijar esa posición común que la comunidad ha venido manteniendo en torno a estos dos criterios, esperando que ninguna formación política rompa esa unidad..
Estas reuniones serán individuales en con cada formación política y se quieren terminar antes del día 12 de febrero, fecha en la que está prevista la celebración del Comité Técnico Permanente de Evaluación
"Queremos abrir un diálogo sobre lo que esta propuesta de financiación autonómica significa para Aragón y los servicios públicos", ha afirmado Azcón, quien ha añadido que también se mantendrán contactos con los agentes sociales de Aragón.
"Es un insulto para Aragón", ha aseverado el presidente aragonés, quien también ha considerado una incongruencia que haya un Ministerio de Reto Demográfico para que luego no se tengan en cuenta la despoblación y la orografía. "Vamos a levantar la voz. Es incomprensible que el Gobierno central decida unilateralmente sobre esta variable de despoblación que estaba anteriormente".
De momento, estos son los primeros pasos ante la valoración inicial del documento en el que se recogen otros criterios de financiación autonómica como los costes fijos o la dispersión, entre otros, sobre los que el Gobierno de Aragón no ha realizado todavía ningún cálculo ni estimación. Tampoco lo ha realizado sobre el impacto que tendría en otras autonomías.
"La batalla durará meses", ha augurado Azcón, quien no ha avanzado nuevos pasos ni contactos con otras comunidades para fijar posiciones comunes o en la línea del encuentro mantenido recientemente con el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, con el que retomaban el espíritu de la Declaración de Santiago.