Barcelona
El Parlament ha aprobado este miércoles la proposición de ley para modificar la fiscalidad de los centros recreativos turísticos que afectará a proyectos como el Hard Rock, con el apoyo de PSC, ERC, los comuns y la CUP, la abstención de Aliança Catalana y el 'no' de Junts, PP y Vox. En la práctica, la medida supone elevar el impuesto a los grandes casinos del 10% al 55%.
El debate y votación de la propuesta, que nace de dos iniciativas de ERC y los comuns, se iban a sustanciar en el último pleno de 2024, pero Junts presentó una petición de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que impidió que se produjera.
La proposición elimina la rebaja del impuesto a los casinos hasta el 10% que se aprobó en 2014. Estaba previsto que esta ventaja entrase en vigor cuando se inaugurase el complejo proyectado en Vila-Seca y Salou (Tarragona), el denominado Hard Rock.
La líder de los comuns, Jéssica Albiach, ha asegurado que este miércoles se "cierra la puerta al proyecto" que, a su juicio, pretendía convertir Cataluña "en las Vegas de Europa". Sin embargo, Raquel Sans (ERC) no ha querido enterrar el proyecto, sino que ha dicho que ya no tendrá "un vestido fiscal a medida".
En cualquier caso, la modificación del régimen fiscal complica aún más la materialización de un proyecto que cosecha el rechazo de los socios de investidura del presidente Salvador Illa. La negativa al Hard Rock ya precipitó la caída del anterior president Pere Aragonès y la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña.
Prórroga presupuestaria
Por otro lado, el Govern ha logrado convalidar el decreto ley de necesidades financieras en prórroga presupuestaria. El ejecutivo autonómico se vio obligado a prorrogar las cuentas del año anterior, que realmente son las cuentas de 2023, ante la negativa de ERC a negociar los presupuestos de 2025.
Este decreto permitirá a la Generalitat y al resto de entidades del sector público, como el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y L'Energètica, realizar las operaciones financieras necesarias para su funcionamiento. El decreto también incluye una actualización del Indicator de Renta de Suficiencia (IRSC) que a su vez elevará un 3% la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha presentado dicho decreto como la vía para formalizar operaciones de endeudamiento con el límite de saldo del 2023. "Si no es posible [aprobar los presupuestos] deberemos buscar los instrumentos de los que también dispone este Parlament para tener los mejores recursos o los máximos recursos posibles para salir adelante", ha declarado.
