Barcelona
Un informe de la Generalitat de Cataluña cifra entre 37,4 y 50 millones de euros las indemnizaciones que podrían reclamar los inversores del Hard Rock si el macrocomplejo recreativo y turístico proyectado entre los municipios de Vila-Seca y Salou no llega a buen puerto.
Según ha confirmado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este documento fue elaborado por el gabinete jurídico de la Generalitat a finales de 2023, durante el mandato de Pere Aragonès, para conocer la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica al paralizar la construcción del proyecto de ocio.
La empresa promotora obtuvo su licencia para edificar en 2018 tras presentar un aval de 10 millones y 2,5 millones más al Institut Català del Sòl (Incasòl) como depósito.
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Paneque ha afirmado que, respecto al Hard Rock, el Govern acordó con sus socios de investidura "eliminar privilegios fiscales vinculados al juego". Además, ha agregado que el contexto económico de hace unos años es diferente al actual. El pasado diciembre, el PSC apoyó elevar los impuestos al juego en los casinos hasta el 55% en lugar del 10% actual.
Cambio de postura
"Estamos en un momento de crecimiento económico y, por tanto, eliminar estos privilegios fiscales nos pareció que era una buena opción", ha declarado la portavoz. Con todo, ha añadido que continuarán tramitando el proyecto en el marco normativo vigente.
También ha destacado que "no puede manifestarse sobre si unas condiciones hacen que un promotor privado quiera mantener o cambiar un proyecto".
Pese a que el PSC defendió el Hard Rock mientras estaba en la oposición, azuzado en parte por el apoyo de los municipios de Tarragona donde debería ubicarse el complejo, la dependencia de ERC y los comunes para su investidura ha obligado a los socialistas a modular su posición.