Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que permite el desarrollo normativo y la ejecución del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, que incluye, entre otras cuestiones, la revalorización de las pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social. La subida no ha sido convalidada por el Congreso de los Diputados y, por ahora, los pensionistas cobrarán la pensión actualizada solo en enero y será más baja a partir de febrero.
El texto al que ha dado luz verde el Gobierno recoge las actualizaciones de los distintos tipos de pensiones para compensar la inflación. En el caso de las más bajas del sistema, la revalorización trata de rebajar la brecha de los más vulnerables con los umbrales de pobreza.
La subida es efectiva desde el 1 de enero y supone un incremento del 2,8% con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. Son las prestaciones contributivas del sistema que perciben aquellos que han acreditado, al menos, 15 años de cotización.
El texto recoge un aumento del 9% de las pensiones no contributivas. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que perciben más de dos millones de personas y cada vez protege a más hogares tendrá una subida equivalente del 9%.
Por su parte, las pensiones mínimas recibirán una subida en el entorno del 6% en su importe. Supone un incremento de un 12% en los últimos dos años en pensiones mínimas, por encima del valor del IPC, lo que permite a los pensionistas aumentar su poder adquisitivo, y cumplir la recomendación 15ª del Pacto de Toledo de solidaridad y garantía de suficiencia.
En total, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esta revalorización se aplicará sobre 12 millones de pensiones del sistema e implicará un desembolso superior a 7.000 millones de euros este año.
Protección a los pensionistas
En el marco de regularización acordado en el año 2023 y establecido en el Real Decreto-ley 2/2023, el Gobierno fijó un nuevo esquema de revalorización que protege, de forma específica, la garantía de la suficiencia económica de las pensiones mínimas y no contributivas.
En 2025, la pensión mínima con 65 años o más, con cónyuge no a cargo, que es la más habitual, supone un aumento del 11,74% en dos años (un incremento de 1.213 euros anuales), hasta situarse en los 830 euros mensuales, mientras que las mínimas con cónyuge a cargo suman en este periodo un incremento del 16,7% (1.127 euros al mes, suponiendo una mejora de 2.259 euros anuales).
Con esta revalorización adicional se asegura que las pensiones más bajas reduzcan la brecha del umbral de la pobreza y se atienda a quienes se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.
Para una pensión mínima de viudedad de un titular con 65 años o con discapacidad reconocida igual o superior al 65%, el crecimiento experimentado en los últimos dos últimos años es del 11,66%, que suponen 1.128, 2 euros más en ese periodo para una pensión de este tipo.