Los responsables de Economía y Trabajo se reunieron este lunes para abordar la tramitación de la reducción de la jornada laboral, tras dos semanas de enfrentamientos en público debido a que no comparten el mismo criterio sobre el acuerdo suscrito con los sindicatos a finales de 2024. Yolanda Díaz fue quien solicitó el encuentro esta mañana después de concentrar a los ministros de Sumar el pasado viernes para elevar la presión sobre el ala socialista del Ejecutivo, ya que esta materia no había sido incluida en la agenda del día de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de este 13 de enero, lo que impide que vaya mañana al Consejo de Ministros.
La reunión ha durado algo más de una hora y ha transcurrido en un tono "cordial y constructivo" según han informado fuentes de ambos departamentos. Los ministros han acordado seguir negociando, si bien solo Trabajo matiza que "se emplazan a seguir negociando para tramitar de forma urgente la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025", el que era el punto crucial del encuentro. Ninguna de las partes han aportado más información sobre el calendario de los encuentros o el plazo en el que esperan enviar el anteproyecto de ley al Congreso de los Diputados.
En un primer momento, el departamento de Carlos Cuerpo había fijado que la política de vivienda tenía que tener el foco del debate esta jornada debido al evento en el que el Gobierno anunciará más de una decena de medidas en este área y que clausurará el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. No obstante, poco después fuentes de Economía confirmaban que los ministros se reunirán esta tarde (sin que se haya concretado hora) y descartaban comunicar después los aspectos tratados por ser una "reunión interna". Si bien, Díaz buscará que el titular de Economía aclare "los motivos por los que todavía no se ha tramitado de urgencia una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas".
Para Díaz su tramitación urgente es fundamental, puesto que al tratarse de un anteproyecto de ley, de seguir los cauces y los tiempos habituales, estima que no entraría en vigor este año, puesto que estas iniciativas tienen una tramitación media de 15 meses, según advertía en una entrevista concedida a 'La Vanguardia'. Cuerpo se muestra partidario de acelerar su tramitación, tal y como expresaba en otra entrevista en 'El Correo', pero una vez esta haya llegado al Consejo de Ministros, el paso previo para ser enviada formalmente al Congreso de los Diputados donde tiene que recabar el apoyo de Junts, que ha manifestado su rechazo a la medida a las principales patronales.
Lo cierto es que esta diferencia no se limita a los tiempos, sino que hay dos cuestiones que explican el cruce de declaraciones protagonizado por ambos responsables desde el inicio de año: el impacto en las pymes y la entrada en vigor de la norma. Cuerpo es partidario de matizar el texto acordado con los sindicatos para introducir ayudas a las pequeñas y medianas empresas, sobre las que esperan que esta reducción tenga un mayor impacto, e incluso adaptar el inicio de esta obligación en función de los sectores, es decir, dotarla de gradualidad antes de que sea enviada a la Cámara Baja. En cambio, Trabajo cree que esto es una falta de respeto al diálogo social y apremia a iniciar la negociación con los grupos parlamentarios e incorporar los cambios que sean oportunos más adelante.
La vicepresidenta segunda del Gobierno acusó la semana pasada al líder de Economía de "bloquear" esta norma y sugirió que era "de mala persona" impedir que 12 millones de trabajadores pudieran beneficiarse de esta mejora. Cuerpo no ha querido valorar este comentario, pero si lo hicieron otras compañeras del Consejo de Ministros como la ministra portavoz, Pilar Alegría o la titular de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que después de meses en los que había evitado pronunciarse sobre una materia que también atañe a su cartera, ahora se alinea con lo que plantea Economía y llama a medir la implementación de la reducción para que sea un cambio efectivo.
Frente a estas acusaciones, en Economía sostienen que la reducción de la jornada laboral es una prioridad para el conjunto del Ejecutivo puesto que fue reflejada en el acuerdo de coalición. No obstante, no comparten la premura para ponerla en marcha e instan a dar espacio a que todos los ministerios económicos hagan aportaciones a una norma con tantas aristas, pese a que la mesa con los agentes sociales se abrió ya hace un año. "El ministro de Economía está encantado de mantener cuantas reuniones sean necesarias para lograr este objetivo compartido de la reducción de jornada laboral, para que tengamos las garantías necesarias que la hagan una realidad efectiva cuanto antes" explicaban tras confirmar que se produciría el encuentro.
