El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que el PSOE aprovechó para blindar uno de los acuerdos alcanzados con el PNV en la pasada legislatura. La norma que había sido vetada por el PP en el Senado, incluía una disposición final séptima por la que se cedía al País Vasco la gestión y la regulación de los interventores, secretarios y tesoreros locales. Estos cuerpos forman parte de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, es decir, prestan sus servicios a los ayuntamientos pero dependen del Estado a nivel formal.
Actualmente esta comunidad autónoma ya cuenta con esta competencia, que con este nuevo intento ha sido transferida tres veces. No obstante, se trata de un movimiento preventivo, según explican fuentes conocedoras, puesto que la última vez se aprobó a través de un real decreto legislativo que podría decaer en las próximas semanas. El motivo es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la última oferta de empleo público que englobaba 174 plazas y en la que el dominio del Euskera se introducía como un requisito y no como un mérito. El Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado, pero el TSJPV decidió suspender la oferta de empleo público como medida cautelar la semana pasada.
Es por ello que estos partidos temen que el Constitucional ponga en cuestión la urgencia que demanda cualquier decreto legislativo y tumbe este traspaso, como ya hizo a inicios de 2024, y han puesto en marcha una salvaguarda. En el mes de abril, los magistrados del TC concluyeron que el traspaso era inconstitucional tras estimar el recurso interpuesto por diputados y senadores del PP. El cambio se había introducido en la ley que acompañaba a los Presupuestos Generales del Estado del año 2022 y el Constitucional señaló que esta materia de función pública "desborda el contenido posible de una ley de presupuesto" y que no guardaba conexión con su sistema retributivo.
Esta es la cuarta vez que se regula el traspaso, puesto que esta competencia se cedió a todas las comunidades autónomas entre 2007 y 2013, tras lo que se optó por recentralizar la convocatoria de las plazas. Y el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) critica la forma en la que se ha vuelto a proceder, ya que el cambio se introdujo como enmienda en una ley orgánica que no tenía que ver con este aspecto.
"Seguiremos trabajando a nivel legal" apunta el vicepresidente del órgano, Rafael Santiago, en conversación con elEconomista.es, quien subraya el riesgo de que profesionales encargados de seguir el gasto público de los ayuntamientos y vigilar el cumplimiento del déficit, puedan verse influenciados por un nivel de Gobierno mucho más próximo, como es el de la autonomía, en un contexto de vuelta a las reglas fiscales en toda Europa donde tendrán un papel determinante.
