La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este lunes una ley transitoria, la cual evita que el Estado entre en parálisis y pueda seguir realizando pagos, recaudar impuestos y seguir endeudándose en los mercados. A diferencia de España, en el país vecino los Presupuestos no se prorrogan automáticamente y se necesita una 'ley especial' que le permita seguir funcionando y no entre en "supresión de pagos". Algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos. Es la Asamblea Nacional (Cámara Baja) la que debe aprobar este mecanismo Constitucional.
Esta 'ley especial' fue mencionada por el presidente de la República, Emmanuel Macron, durante su intervención televisiva ante los franceses el 5 de noviembre, tras la caída del Gobierno más breve de la historia de Francia, encabezado por Michel Barnier, a manos de una moción de censura. Duró solo seis meses y con su marcha, cayó el proyecto de Presupuestos para 2025.
El texto refrendado por la Cámara Baja, irá ahora al Senado donde se votará este miércoles, 18 de diciembre, con miras a su aprobación definitiva.
Esta herramienta legislativa otorga un tiempo que el nuevo Gobierno, encabezado por el liberal François Bayrou, no tiene para elaborar un nuevo proyecto de cuentas públicas a comienzos de 2025.
El artículo 47 de la Constitución gala dispone que "el Gobierno solicita urgentemente autorización al Parlamento para recaudar impuestos" y abre por decreto los gastos necesarios para el funcionamiento del Estado.
Esta 'ley especial' permitirá al Gobierno hacer lo mínimo. Es decir, recaudar impuestos según lo establecido en las cuentas de 2024, sin aplicar las nuevas medidas fiscales que estaban previstas para 2025, que preveían un ahorro del gasto público de 40.000 millones y la recaudación de 20.000 millones a base de subidas de impuestos y tributos especiales.
"Los servicios públicos están garantizados y las empresas podrán seguir trabajando", aseguró Macron en su intervención televisiva recogida por elEconomsita.es.
El proyecto de Presupuestos de 2024 fue, precisamente, el que llevó a las cuentas públicas francesas a tener un déficit desbocado que cerrará este año, según las previsiones del anterior Gobierno, en el 6,1% del PIB. Es decir, el doble de lo que exige Bruselas. Y una deuda que ascenderá al 120% del PIB al cierre del ejercicio, cuando Bruselas pide que no suba del 60%.
Estaba previsto que el documento saliese adelante, ya que la mayoría de fuerzas presentes en la Cámara Baja, incluida la ultraderecha de Agrupación Nacional liderada por Marine Le Pen, aseguró que votarían a favor del documento.
