Madrid
El acceso a la jubilación cada vez es más tardío. Las últimas reformas del sistema de pensiones se han esforzado en aumentar la edad media de retiro de los españoles a través de varias palancas: la edad legal y las penalizaciones. Las trabas a la jubilación anticipada voluntaria aumentan de forma progresiva a través de la edad de acceso. De su lado, las penalizaciones son especialmente lesivas en el caso de las carreras de cotización que no alcanzan los 38 años y medio. En este caso, los trabajadores sólo podrán acceder a la jubilación anticipada 24 mensualidades antes de su edad legal de prevista, es decir, a los 64 años y ocho meses (dos meses más que en 2024). Además, este tipo de jubilaciones llevan aparejadas una serie de penalizaciones que alcanzan incluso el 21%.
Para las carreras que superen los 38 años y medio de cotización, la Seguridad Social establece la edad de acceso en 63 años. La normativa exige, con carácter general, que los interesados en adelantar su retiro acrediten al menos 35 años cotizados.
Los denominados coeficientes reductores de la pensión pública son, en sí, un recorte sobre la prestación de la Seguridad Social para desincentivar las salidas voluntarias del mercado laboral "con el fin de promover la jubilación a edades más próximas a la edad legal de jubilación y favorecer las carreras de cotización más largas", argumentaba el proyecto de ley que regula estas penalizaciones.
Por ello, actúan a través de penalizaciones económicas, pero también exigiendo cada una mayor de edad y periodos de cotización más extensos. Este castigo se complementa con otras medidas, como los premios a la jubilación demorada, y se endurecieron en la última reforma de pensiones.
El recorte de la futura pensión se mueve entre un máximo del 21% en caso de adelantar 24 meses (dos años) la edad de jubilación y contar con menos de 38 años y 6 meses cotizados; y un mínimo del 2,81% si adelanta un mes la jubilación y acredita más de 44 años y medio de cotización a la Seguridad Social.
En el caso de las salidas forzosas, aquellas que encadenan la etapa de desempleo con el cobro de la pensión, estos recortes se suavizaron o mantuvieron tras la reforma.
La edad es un factor clave. El acceso voluntario a la modalidad anticipada sólo está permitido de cumplir varias exigencias. El interesado debe hacerlo dos años antes de la edad legal de jubilación (66 años y ocho meses) o de la ordinaria si cumple los requisitos (65 años), por tanto, a partir de los 64 años y ocho meses o a los 63 años con carácter general. Asimismo, para poder acceder a la jubilación anticipada todos los trabajadores deben acumular un mínimo de 35 años de cotización a la Seguridad Social.
Como la edad legal avanza de forma progresiva hasta 2027, el acceso a los anticipos de la jubilación también va siendo cada vez más tardío y exigente.
En las pensiones máximas
Hay una casuística especial para las salidas prematuras de quienes tienen una pensión teórica superiores a la prestación máxima antes de aplicarse los coeficientes reductores. Sobre estas personas se aplica una normativa transitoria que va endureciendo los recortes durante diez años y que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2024. Así, eliminará gradualmente la normativa anterior que aplicaba los coeficientes reductores sobre base reguladora.
Este año contaba con una penalización máxima superior al 5%. Ahora superará el 7% en el caso de las carreras de cotización más comunes (menos de 38 años y medio o de 41 años y medio cotizados). Los recortes sólo se aplicarán en la medida en que la evolución de la pensión máxima absorba completamente el efecto del alza de coeficientes respecto a 2021, de forma que la pensión nunca resulte más baja que la que hubiera correspondido con la anterior legislación. Así lo estimó la Seguridad Social en una circular que publicó este año para aclarar la normativa antes de su aplicación.
¿Cómo van las jubilaciones anticipadas?
Lo cierto es que el progresivo incremento de la edad de jubilación, junto a los mayores recortes que afrontan los trabajadores si salen antes de lo estimado por voluntad propia, está ejerciendo sus resultados sobre el conjunto del sistema.
La jubilación anticipada ha descendido hasta suponer el 29,1% de las altas totales en la actualidad, cuando la pasada década superaba incluso el 40%. Los coeficientes reductores hacen efecto sobre el 19,7% de las altas, principalmente voluntarias, y antes de la reforma eran más del 30%.
En el colectivo de trabajadores autónomos apenas está teniendo efectos los mayores recortes: no se jubilaban prematuramente antes, tampoco lo hacen ahora. Ha sido en los asalariados del sector privado donde más se ha dejado notar el efecto de la última reforma. En la pasada década, una de cada dos salidas era anticipada. Ahora, se ha desplomado hasta el 31,5% de todas las altas.
Es especialmente llamativo el descenso de la jubilación forzosa, aquella a la que se acogen las personas que encadenan la etapa de desempleo con el cobro de la pensión pública de forma involuntaria. Tras la crisis financiera, una de cada cinco altas de jubilación eran anticipadas involuntarias, cuando ahora apenas representan el 3,5% en lo que llevamos de 2024.