El acuerdo suscrito por ERC con el PSC el pasado verano para situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat dibuja una cesión progresiva de los impuestos a Cataluña aún por definir por ambos niveles de Gobierno. El texto fijaba el traspaso del 100% de la recaudación del IRPF en 2025 como punto de partida y abría la puerta a que este territorio asumiera el resto de ellos, por lo que algunos académicos han comenzado a buscar qué encaje tendría en el régimen común al que pertenece esta comunidad autónoma a diferencia de País Vasco o Navarra, que cuentan con un sistema foral.
Los investigadores de Fedea Xoaquín Fernández Leicega y Santiago Lago Peñas, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela, han publicado este martes un trabajo en el que subrayan que no existen impedimentos técnicos para ceder el Impuesto de Sociedades, pero advierten de la competencia entre territorios que se generaría al abrir la posibilidad de que esta comunidad autónoma establezca condiciones más favorables para las compañías que se aprueben en su territorio. Esto se traduciría en un traslado de empresas y una posible pérdida de ingresos para las arcas públicas del conjunto del territorio, en función de cómo se haga el concierto.
"La imposición de sociedades no plantearía el problema de los impuestos sobre el consumo, pero existe un amplio consenso en que no es una buena candidata para ser descentralizada. Las empresas multirregionales tendrían una gran facilidad para situar sus beneficios (la base imponible del tributo) allí donde las condiciones fuesen más favorables" aprecian los dos economistas. Esta problemática ya se apreció a nivel internacional, lo que llevó a los países de la OCDE a acordar un tipo mínimo global para grandes grupos empresariales y multinacionales del 15% para este concepto, un compromiso que se tradujo en una directiva que España transpuso la semana pasada con un proyecto de ley en el que incluyó también la reforma fiscal.
Por el contrario, sí que existen frenos en el plano normativo al traspaso del IVA y otros impuestos especiales dado que la Unión Europea no permite que existan diferencias en los tipos impositivos que aplican los diferentes territorios en estos conceptos, lo que explica que en País Vasco o Navarra este tributo se rija por los criterios fijados a nivel nacional. "No parece factible la cesión de autonomía tributaria individualizada en la medida en que ello conduciría a una diversidad interregional de tipos impositivos o tratamientos diferenciados no permitidos por la normativa europea, más allá de las particularidades de las regiones ultraperiféricas", señalan.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incidía en septiembre que el acuerdo para dotar a Cataluña de "un modelo de financiación singular" solo especificaba que la Generalitat pasaría a recaudar el 100% del IRPF en 2026 (correspondiente al ejercicio anterior) pese a recoger la vocación de hacer lo mismo con "la gran parte" del resto de los impuestos, si bien no adelantó ningún plazo concreto para avanzar en estas conversaciones y declaró que el traspaso se haría de forma paulatina a lo largo de los próximos años. "Todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido, y tendrá que ser con las normas que pongamos en marcha cuando terminemos de desarrollar y de concretar todos los extremos que ahí se contemplan" afirmó a los medios en Cádiz.
Los investigadores también se refieren a la cesión del IRPF, que destacaría el papel de las haciendas autonómicas y el espacio fiscal de estos territorios, pero que es insólita en los países del entorno, incluso al comparar con aquellos federales como Alemania. "En general, los gobiernos federales son reacios a perder el control total sobre la base imponible con la mayor capacidad recaudatoria, el principal elemento redistributivo por el lado del ingreso y una herramienta valiosa para contar con información sobre las rentas y características de los hogares" observan. Esto depositaría en el nivel de las comunidades autónomas los instrumentos del gasto público para los servicios.