
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cede en su intento de someter la reforma fiscal al veredicto del Congreso de los Diputados al no contar con el apoyo de los nacionalistas de izquierdas, ERC, Bildu e incluso los socios de Gobierno, Sumar. "Patada adelante, y ya veremos", explican fuentes socialistas, dejando claro que los apoyos están en el aire en la fase final de la negociación. La Comisión de Hacienda decidirá el próximo lunes si aprueba el paquete fiscal y las enmiendas propuestas por los diversos grupos políticos.
La reforma tributaria del ala socialista del Gobierno empezó a estudiarse ayer a puerta cerrada en el Congreso, en su fase de ponencia, y superó el trámite dejando las espadas en alto, pues sólo se han incluido enmiendas de carácter técnico que nada tienen que ver con el gravamen a la banca y las energéticas.
La ponencia aprobó por mayoría incluir a la ley, cuyo objetivo principal es fijar un impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales, solo cuatro enmiendas del PSOE relacionadas con este nuevo tributo que nace de la transposición de una Directiva Europea.
El resto de enmiendas para mantener el impuesto a la banca, subir la fiscalidad al tabaco, gravar los cigarrillos electrónicos (vapeadores), reformar el Impuesto de Sociedades o subir las rentas del capital, se han dejado fuera del informe para que se debatan el próximo lunes en la Comisión de Hacienda, una reunión que ya será a puerta abierta.
En esa reunión de la próxima semana se decidirá el futuro del paquete fiscal ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo generalizado ante la división del bloque de investidura. La formación catalana Junts quiere eliminar el tributo a empresas energéticas –también propuso un ambicioso retoque del articulado para apoyar fiscalmente a las pymes–.
Sumar, ERC, Bildu y Podemos exigen mantenerlo ante los beneficios récords que han registrado empresas del sector. El PSOE ha obviado en sus propuestas el gravamen extraordinario a las energéticas, que caduca el próximo 31 de diciembre.
Tasa bancaria
La próxima semana se debatirá un paquete de propuestas que incluye el pacto suscrito entre PSOE y PNV para convertir el gravamen a la banca en un impuesto sobre el margen de intereses y las comisiones de las entidades, para que así pueda ser gestionado por las haciendas forales y permita suavizarse.
Está diseñado con un nuevo carácter progresivo que irá del 1% al 6% en función de la base liquidable y permitiendo la deducción del 25% de la cuota de Sociedades.
Los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) consideran que el la propuesta del Gobierno y el PNV es "una multa a un sector que resulta antipático a la mayoría gubernamental" en lugar de como un tributo propio de un Estado de derecho.
Ángel De la Fuente, presidente de la Fundación, carga contra la decisión de crear el impuesto con una enmienda "para evitar los preceptivos informes" que, en su opinión, podrían "plantear objeciones de calado a una propuesta de más que dudosa constitucionalidad". Considera que podría generar problemas legales y económicos: va contra la seguridad jurídica y desincentiva la actividad de las entidades financieras.