Madrid
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pondrá en marcha en noviembre una "pasarela" para pasar a cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) después de haber agotado el subsidio por desempleo. Las rentas percibidas en concepto del subsidio por desempleo que reciben los mayores de 52 años quedarán excluidas del cálculo a la hora de solicitar el IMV, facilitan así el acceso a la prestación asistencial.
Así lo ha anunciado este jueves la secretaria General de Inclusión, Elena Rodríguez en rueda de prensa junto a la ministra del ramo, Elma Saiz, quien ha apuntado que se trata de una "pasarela" para agilizar el paso del IMV al subsidio por desempleo, para lo que estarán en contacto entre el ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, a través del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) respectivamente.
Esta herramienta, que estará disponible el 22 de noviembre, busca evitar que las personas se queden meses sin cobrar esta ayuda. En todo caso, ha dicho que las personas no pasarán a cobrar la prestación automáticamente, sino que tendrán que cumplir una serie de requisitos.
La herramienta proviene de la aprobación de un Real Decreto-ley en mayo que incluía los mecanismos necesario para facilitar el tránsito y las modificaciones técnicas para que ambas prestaciones guarden coherencia, según el Ministerio de Seguridad Social.
Además, se mejora la coordinación entre las entidades que gestionan una y otra prestación con el objetivo de eliminar cargas administrativas para aquellas personas que agoten el periodo máximo de percepción de los subsidios por desempleo sin haberse reinsertado en el mercado laboral, siempre que cumplan los requisitos del IMV.
El nuevo texto modifica el cómputo de los ingresos y patrimonio del IMV, de forma que quedará excluido de las rentas computables el subsidio por desempleo cuando la fecha de la solicitud de la prestación se hubiera extinguido. Además, se modifica el concepto de pareja de hecho, para homogeneizarlo en ambas prestaciones.
Uno de los grandes problemas de la prestación asistencial es la tasa de no cobertura, que mide los potenciales beneficiarios que no reciben la ayuda y que en este caso del IMV supera afecta a más de la mitad de las personas elegibles para cobrarla y no la perciben, al igual que dos tercios de las familias. Rodríguez, ha expuesto que el 40% de las personas que potencialmente querrían llegar al IMV y que todavía no lo han hecho, "están perdiendo ingresos".
Además, sobre esta cuestión ha añadido que la mayoría de ellos son procedentes del subsidio de desempleo. En la misma línea, la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado este jueves que el teléfono 020, que servirá para reforzar información sobre la prestación y resolver dudas de la misma, estará disponible en noviembre.
Más y mejores datos fiscales
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) valoró en verano las posibles mejoras que podría introducir el Gobierno para mejorar el alcance de la prestación y su proceso de selección. Propuso entonces concretar los objetivos del IMV en términos cuantitativos de pobreza, reforzar las campañas de información y acompañamiento individualizadas y garantizar la continuidad de la publicación de las estadísticas homogéneas y comparables de rentas mínimas para poder seguir evaluando los efectos de estas rentas sobre el IMV.
Para ello son necesarios más y mejores datos fiscales que determinen el nivel de renta y precisen el disparo a la Administración a la hora de gestionar la concesión de prestaciones sociales como el IMV. La legislación actual exime de realizar de forma obligatoria la declaración de la renta a las personas con ingresos inferiores a 15.800 euros de ingresos. El Ministerio de Hacienda maniobró en la reforma del subsidio por desempleo para obligar a todas las personas que perciban el subsidio por desempleo (el paro) a realizar la declaración, lleguen o no al mínimo de ingresos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así lo ha confirmado al presentar el Congreso Laborista que se celebrará en Madrid el 13 y 14 de noviembre. El objetivo detrás de este cambio es recabar más y mejor información tributaria de los más vulnerables, asumiendo que la mayoría de parados no alcanzan el mínimo exento de tributación y asegurando que detrás no se esconde la intención de aumentar la recaudación por este motivo. En todo caso, Díaz afirma que existe un debate sobre si todas las personas deberían realizar la declaración de la renta precisamente por este motivo, abriendo la puerta a una reforma fiscal del IRPF.