Casi la mitad de los ayuntamientos de Andalucía y Castilla La Mancha no ha presentado sus cuentas, tal y como exige la normativa. La Ley Reguladora de las Haciendas locales establece que los balances de 2022 deberían estar disponibles antes del 15 de octubre del año pasado al Tribunal de Cuentas (TCU) y, sin embargo, estos municipios no lo habían hecho aún a 30 de junio. De hecho, solo el 13% de los municipios andaluces y el 23% de los manchegos cumplieron en fecha con su obligación.
El nivel de rendición no es homogéneo en todas las comunidades autónomas ni en todas las provincias, pero aún así, el Tribunal pone especial énfasis en que más del 70% de los ayuntamientos de las provincias de Huelva, Córdoba, Almería y Cuenca no han presentado sus informes financieros ni si quiera a cierre de 2023. En el caso de Cuenca y Almería, no obstante, el panorama es aún peor, pues son las propias diputaciones provinciales las responsables de asistir a las entidades de menor tamaño a la hora de cumplir con esta obligación y también habían quebrantado la normativa a cierre del ejercicio.
La situación en las entidades locales de mayor población no varía en exceso. También casi la mitad de los ayuntamientos eludieron la ley de la rendición general. Así, solo el 45% de las entidades locales rindieron cuentas en fecha. Pese a que el incumplimiento de la normativa se aprecia, según el Tribunal, "con independencia de los medios de los que disponga la entidad", hay ayuntamientos de entre 50.000 y 100.000 habitantes que también destacan por presentar fuera de fecha sus resultados financieros.
Entre ellos, por ejemplo, los Ayuntamientos de ciudades como Barcelona, Málaga y Sevilla no cumplieron con su obligación en octubre, siendo el peor de los casos el de la capital andaluza, que no entregó el informe hasta el pasado mes de junio. Aún así, hay entidades peor paradas que, directamente, han quebrantado la normativa al completo, como son los ayuntamientos de Jaén, Marbella y Jerez de la Frontera. El Tribunal alerta de que aún no han presentado sus cuentas, una situación que se da en el 21% de los municipios.
Este escenario choca con el cumplimiento logrado por parte de algunas entidades locales de las comunidades autónomas de Valencia, Aragón, Madrid, Galicia y Cataluña, que son las que han registrado los mayores índices de rendición a cierre de 2023. Incluso, han llegado a superar el 95% de la presentación de informes financieros. Esta situación es llamativa porque, según recoge el TCU, "se da la circunstancia de que en su normativa autonómica se prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas". En este punto, el Tribunal insiste en la "efectividad de este tipo de medidas", reflejada en la mejora de los índices de rendición.
Sea como fuere, hay una realidad: hay más de 2.000 localidades que no remiten sus cuentas en el plazo legal establecido para ello y, además, es una situación que se repite ejercicio tras ejercicio. A ello hay que sumarle que todavía hay 2.714 entidades que ni siquiera han entregado los informes de los últimos tres años. "No existe justificación" que motive que los ayuntamientos no cumplan con el plazo legal establecido. No es una falta de medios, sino de interés", dice el Tribunal.
La deuda, en alza
Otro de los parámetros que llama la atención es que la deuda de los ayuntamientos ha subido un 3% a cierre de 2023 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 18.144 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Las entidades locales vuelven así a tiempos prepandemia cuando la deuda ascendía a los 18.970 millones de euros. El problema se agrava cuando más de la mitad de los municipios no ha logrado reducir su endeudamiento público y cada ejercicio arrastran pasivos que difícilmente pueden afrontar. De hecho, en 2022 la media del nivel de endeudamientos de las entidades locales se vio incrementada en el 11%, según recoge el Tribunal de Cuentas.
El caso de Madrid
Madrid lleva más de cinco años siendo el ayuntamiento más endeudado de España. En el último año, el municipio ha registrado un pasivo de 1.960 millones de euros, aumentado su precaria situación financiera en un 12,76%. La capital de España encabeza junto a Barcelona y Jerez de la Frontera el ranking de las entidades locales con mayor pasivo acumulado.
Jerez, de hecho, cuadriplica la deuda de ciudades como Valencia con compromisos financieros de 967 millones de euros, que, pese a que ha sido de las pocas entidades locales que ha reducido su deuda en un 20,76%, ha registrado un endeudamiento de 186 millones de euros. Así, no es de extrañar que l pasado 19 de septiembre, desde la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) calificaran de "situación crítica" el momento del municipio gaditano.
Junto a la entidad valenciana, los casos de Zaragoza, Gandía y Málaga también son llamativos. Todos ellos han conseguido reducir su pasivo respecto a los dos últimos ejercicios. En lado opuesto, Parla, por ejemplo, acumula una deuda de más de 507.000 a cierre de 2023, lo que representa una subida del 6,87% respecto al ejercicio anterior. De hecho, encabeza la sexta posición de los municipios con mayor pasivo acumulado.
Ante estos resultados, la Airef no estima posible el retorno a una situación financiera sostenible y "solicita a todas las administraciones locales información sobre pasivos contingentes a fin de complementar el análisis con una evaluación cualitativa para calificar adecuadamente su situación de riesgo". Con todo, prevén mejorar la posición neta de los ayuntamientos nacionales a través de un plan de contingencia, apoyado por el Ministerio de Hacienda.
