Madrid
El programa de fondos europeos Next Generation EU fue diseñado con el objetivo de revitalizar las economías de los países miembros de la Unión Europea, especialmente tras el impacto de la pandemia de la Covid-19. Entre sus objetivos principales se encontraba el aumento de la productividad, elemento clave para asegurar el crecimiento económico sostenible a largo plazo. Sin embargo, los primeros análisis sugieren que el impacto de estos fondos ha sido más moderado de lo esperado, al menos en el corto plazo.
Según el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), durante el bienio 2021-2022, la productividad real apenas creció un 0,5% anual. Este incremento modesto plantea interrogantes sobre la efectividad inmediata del programa y sobre los factores que están influyendo en la lenta mejora de la productividad. Si bien el efecto positivo de los fondos es innegable en ciertos sectores y regiones, el ritmo de crecimiento ha sido menor de lo anticipado.
Varios factores explican este desempeño limitado. Por un lado, la implementación de los proyectos financiados por los fondos europeos ha encontrado dificultades burocráticas y retrasos en su ejecución, lo que ha impedido una rápida materialización de sus beneficios. Por otro lado, el carácter estructural de muchos de los problemas que afectan la productividad en diversas economías europeas, como las rigideces del mercado laboral o las brechas en la digitalización, requiere más tiempo. Además, el estudio del Instituto Juan de Mariana (IJM), publicado recientemente, analizaba también el desarrollo del programa Next Generation EU en España entre 2021 y 2023, destacando importantes deficiencias en la gestión y ejecución de los fondos. España debía recibir 163.000 millones de euros, pero solo el 45,5% de los pagos se realizó en 2021, el 39,6% en 2022 y el 27,3% en 2023. Además, solo 20.000 millones han llegado efectivamente a la economía real, lo que representa un 75% menos de lo esperado, lo que evidencia una implementación por debajo de las expectativas.
Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestran una disminución progresiva en las autorizaciones del Gobierno para el uso de los fondos europeos Next Generation EU, bajando del 91,4% en 2021 al 79,2% en 2023. Esto ha resultado en una reducción de los fondos comprometidos y de las obligaciones reconocidas, que también han descendido significativamente en ese periodo. El informe subraya varios problemas clave, como la ejecución ineficiente de los fondos, la falta de transparencia, el exceso de burocracia, el limitado impacto económico real, las distorsiones en la economía y la implementación de contrarreformas.
Los expertos también sugieren que el impacto de estos fondos podría variar según las regiones y los sectores. En aquellos que ya estaban más avanzados en términos de digitalización y sostenibilidad, los fondos Next Generation EU han podido acelerar las transformaciones necesarias, pero en otras áreas más rezagadas, el proceso de adaptación y absorción de estos recursos podría llevar más tiempo.
Reforzar sectores estratégicos
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y el director de Fedea, Ángel de la Fuente, proponen en un documento conjunto medidas para revertir esta situación como impulsar la economía del conocimiento y fortalecer los pilares de la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Ambos economistas coinciden en que no basta con incrementar el gasto en relación con el PIB, sino que es crucial reorientar estos recursos hacia inversiones inteligentes en diferentes formas de capital, como el humano, tecnológico y social, tanto en su dimensión tangible como intangible.
Otro de los puntos destacados por Pich y De la Fuente es la relevancia de garantizar un entorno institucional robusto, con seguridad jurídica y estabilidad política, para atraer la inversión. En este marco, mejorar los canales de financiación para las empresas, especialmente las del ámbito tecnológico, se presenta como una prioridad clave.
Asimismo, los economistas hacen hincapié en la necesidad de fomentar una mayor transferencia de conocimiento entre universidades y empresas, junto con una estructura productiva que valore e incentive el capital humano. Proponen, además, fortalecer las titulaciones en áreas STEM y desarrollar programas de formación dentro de las empresas, con el fin de especializar a la fuerza laboral en sectores con alto potencial de crecimiento futuro.
El sector público monopoliza los fondos
La asignación de fondos públicos ha generado distorsiones en el funcionamiento del mercado, desplazando al sector privado y provocando un preocupante incremento en el gasto estructural. La intervención del Estado ha aumentado significativamente, mientras que la inversión privada ha retrocedido, lo que plantea serias implicaciones para el modelo de crecimiento económico. La mayor parte de los fondos europeos se ha canalizado hacia el sector público, con un 80% de los recursos dirigidos a diversas entidades estatales, y menos del 20% a empresas privadas. En un escenario en el que se han comprometido cerca de 80.000 millones de euros en ayudas no reembolsables, el gobierno ha destinado 37.000 millones adicionales a gastos estructurales, subsidios y subvenciones.
El Instituto Juan de Mariana sugiere frenar la ejecución de los fondos europeos que aún no han sido asignados y promover un amplio programa de incentivos fiscales para reorientar los recursos hacia el sector privado. Según el análisis de la entidad, hasta junio, el gobierno solo ha comprometido 483 millones de euros en una limitada línea de incentivos fiscales para I+D, lo que representa un escaso 0,6% del total de ayudas no reembolsables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.