La reforma de las pensiones ha sacado a la luz una realidad alarmante en el mundo laboral español: la precariedad de las prácticas universitarias. Desde enero hasta julio de este año, un total de 693.581 estudiantes han sido dados de alta en la Seguridad Social como becarios sin percibir remuneración alguna, una cifra que triplica a los que sí reciben un salario.
La obligación de cotizar, introducida en el marco de la reforma de 2011, ha permitido visibilizar la magnitud de esta problemática. Si bien la medida busca garantizar derechos básicos a los jóvenes en formación, también ha puesto de manifiesto la falta de protección y las condiciones laborales precarias a las que se enfrentan muchos becarios. Las contribuciones realizadas por los becarios cubren contingencias comunes y profesionales, lo que garantiza protección en caso de enfermedad o accidente. No obstante, estos contratos formativos no generan derecho a prestaciones por desempleo ni contribuyen al Fondo de Garantía Salarial o formación profesional.
Si bien la cotización obligatoria es un avance en materia de protección social, aún es necesario avanzar hacia un modelo de prácticas más justo y equitativo. El Estatuto del Becario, presentado en junio de 2023, buscaba establecer un marco normativo que garantizara mejores condiciones para los estudiantes en formación, pero su aprobación se ha retrasado debido a las discrepancias entre los agentes sociales.
De hecho, la cotización obligatoria de los becarios fue acordada entre el Gobierno, sindicatos y la patronal, estableciendo una bonificación del 95% en el coste para las empresas, limitando la contribución a menos de 10 euros mensuales. Sin embargo, la implementación del Estatuto del Becario, que se esperaba complementara esta medida obligando a las empresas a cubrir los gastos de transporte y dietas de los estudiantes, aún no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
Entre las principales demandas de los sindicatos y de una parte del Gobierno se encuentran la compensación de gastos generados por los estudiantes, la limitación de las horas de prácticas extraordinarias y la prohibición de que los becarios superen un determinado porcentaje de la plantilla. Sin embargo, la patronal se ha mostrado reticente a estas propuestas, lo que ha dificultado el consenso.
La precariedad en las prácticas no solo afecta a los estudiantes, sino también al conjunto de la sociedad. Una formación de calidad y bien remunerada es fundamental para garantizar un futuro laboral digno y para impulsar la competitividad del tejido productivo. A pesar de los obstáculos en el estatuto, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha manifestado su intención de consultar nuevamente a todos los actores involucrados antes de llevar el texto al Parlamento para su aprobación definitiva.
