Madrid
En 2022, las universidades públicas españolas recibieron una asignación de 7.607 millones de euros de las comunidades autónomas, lo que constituyó el 65% de sus ingresos totales, según datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Los ingresos provenientes de las matrículas estudiantiles representaron el 13%, mientras que el aporte del Gobierno central fue del 6% y el restante 16% se originó de fuentes diversas como rentas patrimoniales e inversiones.
Entre las universidades, la Universidad de La Rioja presentó el mayor grado de dependencia financiera de su comunidad autónoma, seguida por las del País Vasco y Baleares. En contraste, las universidades de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana mostraron menor dependencia de la financiación autonómica, apoyándose en un mayor porcentaje de ingresos derivados de tasas y precios públicos.
A lo largo de la última década (2012-2022), el promedio anual de financiación autonómica para las universidades públicas se mantuvo en un 65%. Las matrículas estudiantiles aportaron un 17%, mientras que el financiamiento gubernamental representó un 4,8%, con el 12,4% restante proveniente de otras fuentes.
A nivel internacional, España se sitúa en una posición desfavorable en términos de esfuerzo presupuestario hacia la educación terciaria, con solo el 2,1% del gasto gubernamental destinado a este sector en 2020, por debajo del promedio de la OCDE del 2,7%. Además, el gasto universitario en relación al PIB, que alcanzó su punto máximo en 2010 con un 0,94%, descendió durante la crisis a un 0,75% y solo se recuperó ligeramente a un 0,87% en 2021, aún distante de los niveles anteriores a la crisis.
El número de estudiantes universitarios en España ha crecido un 20% desde el año académico 2008/2009, alcanzando aproximadamente 1,73 millones en 2022/2023. Sin embargo, las universidades privadas han visto un incremento aún mayor en la matrícula, casi triplicando el número de estudiantes desde 2008/2009. Este crecimiento en el sector privado refleja una respuesta a la insuficiencia de presupuesto en las universidades públicas. La implementación de sistemas de Ingreso Contingente a la Renta (ICL) enfrenta desafíos adicionales debido a la alta tasa de desempleo juvenil y la inestabilidad del mercado laboral en España, complicando la viabilidad de este modelo en un contexto económico complicado.
Hablamos con Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS), que agrupa a los Consejos Sociales de las universidades, tanto públicas como privadas, desde 2011. Los Consejos Sociales actúan como representantes de la sociedad en las universidades. Abril Abadín es abogado del Estado y, desde 1989, ocupa el cargo de secretario general y del Consejo de Administración de Inditex. Además, preside el Consello Social de la Universidade da Coruña, lidera la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de España y es miembro del Patronato de la Fundación CYD.
¿Podría proporcionar un análisis más detallado sobre el estado de salud de las universidades públicas en España?
Si por salud entendemos su situación en general, hay que decir que las universidades públicas españolas son muy meritorias porque han configurado un sistema universitario compacto y de alto nivel, que ha hecho posible el acceso a la universidad de una parte importante de la población joven española. Y digo que son muy meritorias porque lo han hecho en condiciones nada fáciles, en un país que no apuesta por la educación y, desde luego, no prioriza sus universidades.
Sin embargo, la universidad pública española tiene dos grandes problemas que lastran su mayor excelencia y eficiencia: un sistema de gobernanza o de gestión único en el mundo, unánimemente denostado por los expertos, por la ciencia, por Europa, por la OCDE y que, sin embargo, sigue estando ahí y, en buena parte como consecuencia de esa mala gobernanza, una financiación insuficiente.
¿Cuáles considera que son los mayores logros y las áreas más problemáticas actualmente?
Enlazo con lo ya dicho anteriormente. Son muy meritorias y el talento de sus personas es inmenso pero su sistema de autogestión por parte de quienes trabajan y estudian en ellas, con muy escasa participación de la sociedad, ha generado excesivo corporativismo y endogamia, en detrimento de su competitividad, las ha aislado y ha provocado una excesiva distancia y falta de compromiso mutuo sociedad-universidad. Las consecuencias son muy graves y diversas: hacen mucha y buena investigación pero se han centrado en la publicación de sus resultados y no hemos generado cultura de cooperación universidad-empresa. La sociedad no las prioriza en sus decisiones de inversión y no se ha preocupado de su internacionalización. La transferencia de los resultados de su investigación al sector productivo y su conversión en desarrollo económico y bienestar social es una gran asignatura pendiente de la economía española.
¿Qué medidas concretas propondría para mejorar esta situación?
Creo recordar que fue en noviembre del año 2018 cuando todas las fuerzas sociales relacionadas con la universidad comparecimos en el Congreso de los Diputados para pedir a nuestros representantes políticos dos cosas: que se priorizara más a la universidad en sus decisiones y una nueva ley orgánica, fruto de un gran consenso social plasmado en un pacto de Estado. Ninguna de las dos peticiones fue atendida.
Necesitábamos una ley orgánica universitaria moderna, propia del siglo XXI, que cambiara el sistema de gestión y gobernanza y que comprometiera más a la sociedad en el gobierno de sus universidades, para así tener mejores universidades públicas y crear más cooperación y creación de sinergias entre ciencia y sector productivo. Desafortunadamente la nueva LOSU 2/2023 representa una oportunidad perdida y le va a pasar una importante factura al futuro de nuestra universidad y a la economía del país.
¿Qué opina sobre la propuesta de CC.OO para alcanzar un pacto de Estado que garantice una financiación suficiente y estable para las universidades públicas?
La educación no se debe politizar ni ideologizar. Cuando se hace política con la educación, la perjudicada es toda la sociedad y nuestro futuro y por supuesto esto es aplicable a las universidades. Consiguientemente un pacto de Estado, fruto de un gran consenso social, sería el camino ideal para poner a nuestras universidades en condiciones de afrontar con garantías los retos de un servicio público de educación superior en este mundo global y competitivo en el que vivimos y resolver su crónico déficit de financiación y algunos otros temas que las lastran actualmente.
¿Qué estrategias sugiere para fomentar la colaboración universidad-empresa
Me remito a ese magnifico informe que ha hecho recientemente la OCDE, por cierto a solicitud del gobierno español, su "Hoja de ruta para la mejora de la transferencia de resultados y de la cooperación entre ciencia pública y empresa en España" y además quiero reconocer el esfuerzo de la Ley 17/2022 de modificación de la Ley de la Ciencia, Innovación y Tecnología del año 2011, al reconocer que "el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados de forma rápida y con capacidad de generar crecimiento empresarial es un reto no resuelto en España" y tratar de incentivar la transferencia, llegando incluso a admitir la posibilidad de creación para ello de sociedades públicas mercantiles.
La Hoja de Ruta propone cuatro líneas de actuación. En primer lugar, se sugiere rediseñar los sistemas de gobernanza. Como hemos insistido, los Consejos Sociales y la OCDE señalan que la sociedad tiene muy poca influencia en la manera en que las universidades definen sus misiones y utilizan los recursos públicos. Por ello, se propone rediseñar los sistemas de gobernanza de las universidades para aumentar su colaboración con la sociedad, emulando las reformas recientes implementadas en países europeos.
En segundo lugar, la OCDE propone incentivar, no tanto la publicación científica, como los méritos de transferencia de los resultados de la investigación al sector productivo, garantizando que los investigadores tengan una retribución adecuada.
En tercer lugar, mejorar las actuaciones de los agentes de intermediación, es decir, los agentes a través de los cuales se desarrolla la colaboración Universidad-Empresa: las OTRIS, centros tecnológicos, fundaciones universidad-empresa, etcétera, necesitan más madurez, capacidad y autonomía funcional, para realizar la adecuada transferencia de los resultados desde la ciencia pública a la sociedad.
Y finalmente, promover el desarrollo de capacidades de innovación y colaboración en el sector empresarial para aumentar su capacidad de absorber y generar conocimiento. Es evidente que la colaboración universidad-empresa es cosa de dos y tenemos un sector productivo muy centrado en sectores tradicionales y con poca vocación tecnológica y, consiguientemente, con escasa capacidad para absorber y generar esa mucha y buena investigación que hace nuestra ciencia pública y en concreto nuestras universidades.
¿Cómo puede el sector público aprender del sector privado en términos de competitividad y empleabilidad de los egresados?
Es una pregunta complicada de responder. En el sector privado la competitividad es requisito de subsistencia. El mercado expulsa a aquellos agentes que no son competitivos porque vivimos, insisto, en un mundo global y competitivo. Esa competitividad la construye el talento ordenado de las personas, de sus cuadros directivos, normalmente compuestos por egresados universitarios.
El sector público evidentemente no puede funcionar como funciona el sector privado, pero también es verdad que tampoco puede funcionar como lo hacía hace 40 años. Y conceptos como competitividad, eficiencia, etcétera que tradicionalmente se han empleado en el sector privado, tienen que aplicarse ahora también en el sector público. Existen toda una serie de instrumentos, en los que ahora no podemos entrar, para que efectivamente los egresados que están empleados en el sector público saquen el mayor partido posible de su talento de cara a la eficiencia y a la excelencia de las instituciones públicas.
¿Qué cambios específicos recomendaría en la LOSU para mejorar el papel de los Consejos Sociales en la rendición de cuentas de las universidades?
En la nueva LOSU, al igual que en la legislación anterior, los Consejos Sociales tenemos la responsabilidad del control y de la supervisión económica y presupuestaria de las universidades. Esto es importante porque las universidades son un servicio público que financiamos muy mayoritariamente todos los ciudadanos con nuestros impuestos y por ello están obligadas a la transparencia y rendición de sus cuentas.
Sin embargo, los Consejos Sociales, así como el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas, hemos venido denunciando que carecemos de las capacidades necesarias para ejercer las competencias que la ley nos reconoce y sigue reconociendo. En primer lugar, porque no participamos en la elaboración de la documentación económico-presupuestaria que se nos presenta como documento final, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad. Y, en segundo lugar, porque, salvo en muy pocos Consejos Sociales, la intervención o el control interno de la universidad no dependen de los Consejos Sociales, sino del propio rector, ya sea de manera directa o indirecta.
La LOSU debería haber asignado a los Consejos Sociales la responsabilidad del control interno de las universidades. Sin embargo, el legislador no se atrevió a hacerlo y optó por una fórmula abierta y ecléctica que deja este tema en manos de las comunidades autónomas. La ley establece que existirá un órgano de control interno con autonomía funcional, el cual no podrá depender de un órgano unipersonal, es decir, no podrá seguir dependiendo del rector o del gerente. No obstante, esto no impide que, a partir de ahora, dicho órgano pueda depender de un órgano colegiado que, directa o indirectamente, siga estando controlado por el rector o el gerente.
Es importante que exista una segregación de funciones, es decir, que quienes gestionan los ingresos y los gastos no sean los mismos que controlan el órgano encargado de fiscalizar la gestión de esos ingresos y gastos. Por ello, solicitamos a las leyes autonómicas de desarrollo de la LOSU que asignen la dependencia del control interno a los Consejos Sociales. De este modo, se promueve la transparencia, la rendición de cuentas, y, por tanto, la eficiencia y la excelencia de nuestras universidades.
La proliferación de universidades privadas en España ha sido significativa en los últimos 20 años. ¿Cómo evalúa esta tendencia y su impacto en el sistema universitario global?
El tema de la tremenda eclosión de las universidades privadas en lo que va de siglo en España es probablemente el más significativo de los que singularizan a la universidad española.
A comienzos de siglo había en España 17 universidades privadas. Hoy, ya son 44 y probablemente a finales de este año, habrá en España más universidades privadas que públicas.
Cuando la sociedad, a través de las familias, está dispuesta a pagar unos precios de matrícula muy superiores por una educación en universidades privadas que, por consiguiente, consideran mejor o más adecuada que la educación que proporcionan las universidades públicas, está mandando un mensaje que hay que analizar con atención. Hay dos temas que son importantes y van muy unidos: la formación en competencias y capacidades profesionales y la empleabilidad. Las universidades privadas trabajan mucho más que las públicas la empleabilidad de sus egresados y esto es muy importante en una España con altas cifras de paro, infra empleo y emigración de egresados, porque nuestro tejido productivo no es capaz de emplearlos en puestos de trabajo adecuados a su cualificación universitaria.
El tema es complejo porque la Constitución reconoce la libertad de empresa y la libertad de creación de centros docentes, pero a la vez es evidente que no toda institución que transmite conocimientos puede llamarse universidad. Me parece claro que se deben establecer unos requisitos mínimos, exigentes pero razonables, para que una institución se pueda llamar universidad y me parece lógico exigir cierto grado de compromiso con la investigación. Pero no podemos caer en el error de "defender a las universidades públicas" restringiendo en exceso e indebidamente las universidades privadas. Si pusiéramos los medios para que las universidades públicas pudieran ser más excelentes, mejorando la capacidad de gestión del talento de sus personas y dotándolas de más financiación, su oferta académica sería más atractiva y las matriculaciones en las universidades privadas disminuirían.
¿Qué medidas deberían adoptarse para asegurar que tanto las universidades públicas como privadas mantengan altos estándares de calidad?
Ya existen toda una serie de procedimientos de comprobación y de verificación para garantizar que las universidades, tanto públicas como privadas, mantengan altos estándares de calidad. Lo que es importante es reafirmar que no podemos caer en el error de normativizar e introducir excesiva burocracia a través de todos estos procedimientos que, en definitiva, limitan la flexibilidad operativa, la autonomía real, y la capacidad de las universidades, sobre todo públicas, para gestionar y sacar partido del talento de sus personas.
¿Qué cambios en la estructura gubernamental propondría para favorecer la excelencia universitaria?
Lo primero que hay que decir es que el actual sistema de gobernanza universitaria no funciona ni puede funcionar. Es único en el mundo, lo que ya dice mucho en su contra y está unánimemente denostado. Al ser muy corporativo genera un continuo conflicto de intereses entre los de los estamentos universitarios que votan los cargos, incluido el del rector y los propios de la institución. Produce una excesiva endogamia en detrimento de la necesaria meritocracia y no es capaz de sacar partido del talento de sus personas.
Lo que proponemos los Consejos Sociales coincide con lo que piden los grandes informes que se han hecho sobre la universidad española. En definitiva, es una aproximación a los modelos de éxito que existen en las universidades europeas.
Por todos vuelvo a citar la Hoja de Ruta de la OCDE. Y en ella se dice que, si no se opta por ese cambio estructural profundo, por lo menos se deberían reforzar las competencias de los Consejos sociales, que es tanto como reforzar el compromiso de la sociedad en la gestión de una institución que sirve el servicio público de educación universitaria que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos.
La lógica pregunta es: ¿Por qué la nueva LOSU no ha abordado este cambio necesario? Y la respuesta es dura pero evidente: porque han prevalecido intereses ideológicos y corporativos sobre los propios de la institución.
¿Qué sucede en Europa? Pues bien, existe un único órgano de gobierno, no dos como en España, aunque los Consejos Sociales sean irrelevantes en las funciones de gobierno. En este órgano, hay una participación de la sociedad que puede ser mayoritaria, paritaria o minoritaria, pero en cualquier caso, es real y relevante. Además, hay un presidente de la parte social que recibe una retribución adecuada por el ejercicio de un cargo que requiere dedicación, y un rector, quien es la máxima autoridad académica y es seleccionado por concurso de méritos. Esto significa que puede provenir de cualquier otra universidad o país del mundo. Sin embargo, en el caso español, en pleno siglo de la globalización, solo podemos elegir rector a una persona de la propia universidad, y esto se realiza mediante una votación corporativa de quienes estudian y trabajan en ella, ya que el sistema de elección impide cualquier otra forma basada en los méritos de los candidatos.
Y a partir de ahí, pues toda una serie de consecuencias que se podrían resumir en una mayor capacidad de gestión, una mayor flexibilidad operativa, es decir, una mayor autonomía real, criterios de gestión competitiva y profesionalización de la gestión universitaria, Obviamente todo con absoluto respeto de la autonomía universitaria.
¿Qué papel debería jugar el gobierno central versus los gobiernos autonómicos en la gestión y financiación de las universidades?
Las competencias en materia de universidades están transferidas a las comunidades autónomas. Consiguientemente, las principales decisiones en materia de financiación de las universidades corresponden a las comunidades autónomas y es en el ámbito de la gobernanza donde juega un papel importante la ley estatal a la que ya nos hemos referido.
Pero también hay que reconocer que la nueva LOSU deja ciertos ámbitos de decisión a las leyes de desarrollo de las comunidades autónomas. Los Consejos Sociales confiamos que sean aprovechados para mejorar las capacidades y competencias de quienes representamos a la sociedad en la universidad. Si así se hace, mejorará la transparencia, la rendición de cuentas y la excelencia de nuestra universidad pública.
En su opinión, ¿qué pasos se deben tomar para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su situación socioeconómica, tengan acceso a la educación universitaria?
Una universidad pública tiene que garantizar que nadie quede fuera de ella, si tiene capacidad y está dispuesto a aportar esfuerzo y mérito, por razones económicas. Es el principio de equidad. Si no, no sería una universidad pública. A partir de ahí, ¿cómo se garantiza esto? Pues evidentemente a través de un sistema de becas y ayudas que permita que las personas que se encuentren en esa situación puedan desarrollar su carrera universitaria con el respaldo económico necesario. Insisto mucho que esto no se logra a través de medidas como la congelación de las tasas universitarias o la gratuidad de las primeras matrículas, medidas por cierto muy poco progresivas porque no discriminan por razón de capacidad económica y agravan aún más la precaria situación financiera de nuestras universidades públicas. Lo que sería un sistema mucho más equitativo es que, aquellos que su situación económica les permite pagar un coste aproximado o incluso equivalente al coste real del servicio lo hagan, y a los que no pueden hacerlo, se les financie íntegramente los estudios universitarios. El remanente de ese plus que pagarían quienes pueden, se podría dedicar a mejorar la excelencia y la eficiencia de unas universidades que, lo decimos una vez más, están infra financiadas.
¿Cómo deberían reformarse las políticas de becas y precios públicos para fomentar una mayor equidad?
Las políticas de becas y ayudas a los estudiantes admiten muchas posibilidades. Todas tienen sus pros y sus contras. Pero lo importante, es hacer posible el acceso a la universidad pública de quienes no pueden costear sus estudios, ya sea por razones personales, económicas o familiares, con un sistema de becas y ayudas generoso, bien dotado, que haga efectivo el principio de equidad.
Usted ha mencionado en alguna ocasión la importancia de la transversalidad en la investigación universitaria. ¿Podría explicar cómo se puede fomentar esta transversalidad y qué beneficios podría traer?
Temas que apenas tenían relevancia hace pocos años, hoy son cruciales en las tres misiones de la universidad. En un mundo donde los conocimientos tienen fecha de caducidad, las capacidades y competencias profesionales, entre ellas la capacidad de adaptación permanente a circunstancias que son constantemente cambiantes, se vuelven decisivas. Esa afirmación de que en el futuro lo único que va a permanecer constante es el cambio, es algo más que una frase hecha.
Algo parecido pasa con la transversalidad. La revolución tecnológica ha traído como consecuencia que la tecnología se haya convertido en transversal y necesaria en todas y cada una de las áreas de conocimiento, Ahora, algunos estamos empeñados en que con las humanidades pase algo semejante, porque pensamos que, en un mundo tecnológico, sin humanidades no podríamos convivir.
La formación especializada tiene que convivir con el estudio de materias transversales de manera que la formación de nuestros universitarios sea la adecuada para adaptarse a lo largo de su vida a entornos y retos profesionales que necesariamente van a ser muy cambiantes.
¿Qué papel deberían jugar las universidades en el ecosistema de investigación nacional, especialmente en relación con otros centros de investigación y empresas?
Las universidades tienen un papel absolutamente esencial, en este tema. En España, entre el 60 y el 70%. (incluso algunos estudios señalan porcentajes más elevados) de la ciencia pública que se realiza, se hace en las universidades. Cabe destacar que es mucho más de la que realizan sus correspondientes europeas, lo que dice mucho en favor de nuestras universidades.
En las universidades se hace mucha y buena investigación y por eso es muy necesario que reforcemos la tercera misión universitaria, que inculquemos en la cultura del universitario que se puede y se deben transferir los resultados de la investigación al sector productivo y convertirlos en empresas. Vivimos en un país de economía de mercado. No hay otro sistema posible. Las universidades y los universitarios deben ser capaces de generar desarrollo económico y crear riqueza, bienestar social, puestos de trabajo, etcétera. Es absolutamente esencial en la actividad de las universidades.
Venimos insistiendo en que en España tenemos un problema de falta de cultura de cooperación entre ciencia pública, sector productivo y empresa. El grito de "fuera empresas de la universidad" que, sorprendentemente todavía se oye en algunos ámbitos educativos españoles, incluso en la Universidad, ha hecho mucho daño. Tenemos que superarlo.
Universidades y empresas tienen un fin concurrente, que es el bienestar social en su más amplio sentido. Necesitamos un sistema educativo fuerte y competitivo que forme bien el talento de las personas. Ese talento formado se organiza después en la empresa que es el agente de creación de riqueza, puestos de trabajo y desarrollo económico.
Por consiguiente, universidades y empresas, respetando cada una la naturaleza de la otra, deben colaborar. Es muy importante reforzar el papel de las universidades en el ecosistema de investigación, pero también es crucial que las empresas participen en el gobierno de las universidades para orientarlas hacia la generación de investigación aplicada y la oferta de formación y titulaciones adaptadas a las necesidades reales del sector productivo. De esta cooperación, que en la actualidad es francamente mejorable, se beneficiarán tanto las universidades como las empresas, y se mejorará la empleabilidad de nuestros egresados universitarios.
¿Cómo evalúa los objetivos establecidos por la Ley Orgánica 2/2023, especialmente en términos de financiación estatal del 1% del PIB para el sistema universitario?
Ya he dejado claro que, en mi opinión, el principal problema de universidad pública española no es su déficit de financiación sino su deficiente gobernanza, su falta de capacidad de gestión para sacar partido del talento de sus personas, su falta de autonomía real, de flexibilidad operativa, de capacidad para adaptarse a un entorno crecientemente competitivo y cambiante. Pero es evidente que la financiación es un tema que hay que mejorar en las universidades públicas españolas y, consiguientemente, que se fije por Ley una financiación estatal a nivel global del 1% del PIB para el sistema universitario, es muy adecuada y desde luego, en la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas lo suscribimos y apoyamos plenamente.
Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades para el sistema universitario español?
Son muchos. Lo que sería importante es que la sociedad española asumiera que esos desafíos del sistema universitario son los propios desafíos de la sociedad española. En la Conferencia de Consejos Sociales. De las Universidades Españolas tenemos claros varios principios. El primero de ellos es que España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en la educación en general y en concreto en sus universidades.
Las universidades públicas necesitan un mejor sistema de gobernanza. Es fundamental mejorar la participación de la sociedad y fortalecer su compromiso con las universidades. También es necesario reducir la distancia entre las universidades públicas, el sistema productivo y la sociedad española. Debemos mejorar la transferencia de resultados de investigación y conocimientos, ya que cualquier mejora en las universidades públicas, como una mejor financiación o una mayor internacionalización, repercutirá positivamente en la mejora de la sociedad española.
¿Qué papel ve para los Consejos Sociales en la evolución y mejora continua de las universidades públicas?
Esta es una pregunta que yo agradezco mucho. Antes decía que en la Conferencia de Consejos Sociales. hemos calificado la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario Español aprobada el año pasado, como una oportunidad perdida. Y lo es en buena parte porque no apuesta por los Consejos Sociales.
Muy al contrario, la Hoja de Ruta de la OCDE dice que, si España no está dispuesta a abordar la reforma profunda necesaria de las universidades, aproximando su modelo de gestión a los modelos de éxito europeos, por lo menos lo que tiene que hacer es apostar por los Consejos Sociales y mejorar sus capacidades y sus competencias. Dado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario no ha seguido esa recomendación, ahora el reto está en manos de las comunidades autónomas para, allí donde la ley orgánica deja campo para la mejora de las competencias de los Consejos Sociales, aprovecharlo en sus leyes de desarrollo.
Si se refuerzan las capacidades y competencias de supervisión y control económico y presupuestario de los Consejos Sociales, especialmente con la dependencia del control interno, tendremos universidades más transparentes y que rendirán cuentas mejor a la sociedad. Si se fortalecen sus presupuestos y su personal de manera que podamos jugar un papel más activo en la tercera misión universitaria, en la relación universidad, empresa a la que tanto nos hemos referido a lo largo de esta entrevista, pues evidentemente generaremos una mejora de las universidades de las que los primeros beneficiados serán los propios estamentos universitarios, y en segundo lugar, se beneficiará a toda la sociedad española y, desde luego, la excelencia de nuestras universidades
A raíz de las diferentes situaciones que se han dado recientemente en algunas universidades¿qué mecanismos de control tienen actualmente los Consejos Sociales para evitar estas situaciones o cuáles deberían tener?
De alguna manera, yo creo que ya hemos contestado esta pregunta. Si reforzamos las capacidades y competencias de los Consejos Sociales en el control económico y presupuestario de las universidades, reduciremos los riesgos de que se produzcan irregularidades y situaciones económicas que no son las adecuadas. Pero es que además, quizá la única competencia que añade a los Consejos Sociales la nueva LOSU es la de velar por el compliance. Concretamente, el artículo 47, letra L, asigna a los Consejos Sociales la función de velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude que deben guiar la función docente y la investigación.
Consiguientemente, si dotamos a los Consejos Sociales de más medios y recursos económicos y personales, y con más funciones de control a todos los niveles, no solo económicos y presupuestarios, seremos capaces de aportar más en la construcción de la ética institucional interna de las universidades, que es uno de los grandes retos que se le plantea hoy en día a la academia, como a cualquier otro tipo de institución pública o privada. Lo agradecerían las propias universidades y lo agradecería la sociedad española.