Valencia
El Pleno del Consell ha aprobado este martes el Decreto Ley de Simplificación Administrativa de la Generalitat. Una norma que recoge uno de los proyectos estrella del programa electoral con el que el popular Carlos Mazón se presentó a la presidencia de la Generalitat Valenciana, el que bautizó como Plan Simplifica para reducir los trámites y agilizar los procesos administrativos.
La nueva norma para simplificar los trámites de momento nace con la paradoja de su amplia extensión: cerca de 200 páginas según reconoció la consellera portavoz y de Hacienda de la Generalitat, Ruth Merino. El Decreto Ley se ha convertido en una auténtica legislación ónmibus por todas las materias que abarca, ya que elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes de la normativa autonómica.
Y es que entre los objetivos que se marca el decreto se encuentra la mejora y simplificación de los procesos administrativos para permitir atraer más inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario o mejorar el acceso a la vivienda; la utilización de un lenguaje claro, sencillo y adaptado a las personas destinatarias y aumentar la eficacia y eficiencia, por citar sólo alguno de los más ambiciosos.
El nuevo decreto afecta a normativas de procedimientos administrativos, pero también a ámbitos como el urbanístico, los proyectos energéticos, la contratación público y los procesos de selección de funcionarios, por reflejar sólo algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de la contratación pública se elimina la obligatoriedad de cláusulas de responsabilidad social en las licitaciones, una medida que el actual Consell justifica para flexibilizar su aplicación y que el Gobierno del Botànic anterior había incluido en la normativa pública para incluir criterios medioambientales y sociales a la hora de adjudicar contratos.
El embudo de la renovables
Tanto el propio presidente Carlos Mazón como la consellera Merino destacaron la inversión en energías renovables como uno de los grandes beneficiarios, por el bloqueo que ha sufrido este sector. En su caso, el decreto establece en el 10% el porcentaje de ocupación máxima de suelo no urbanizable de cada municipio que se puede utilizar para la implantación de instalaciones fotovoltaicas e instalaciones de biogás y biomasa. La anterior normativa se limitaba a establecer el 3 % únicamente para las plantas estatales sin referencia alguna a las autonómicas.
Además, establece una compatibilidad urbanística general en toda clase de suelos para la implantación de instalaciones fotovoltaicas, excepto cuando el planteamiento territorial o urbanístico prohíba expresamente el uso de instalación fotovoltaica. También se incorpora un criterio que prioriza la implantación en suelos agrarios abandonados, infrautilizados, poco productivos o con estructuras de explotación de viabilidad limitada.
El texto también incluye las nuevas tecnologías de almacenamiento, al incluir las instalaciones de almacenamiento energético stand-alone a través de baterías, que seguirán los mismos trámites de las centrales fotovoltaicas y a partir de ahora podrán situarse en suelo no urbanizable.
La patronal del sector Avaesen mostró su satisfacción por la norma que "recoge gran parte de las reivindicaciones que la asociación lleva reclamando durante meses para tramitar las nuevas instalaciones con garantías, seguridad jurídica y que permita clarificar la situación de los más de 400 expedientes de proyectos renovables en tramitación".
Algunas medidas
Entre las principales medidas para impulsar la actividad económica se encuentra la tramitación preferente y urgente de las iniciativas consideradas Proyectos de Interés Autonómico, que serán aquellos que contribuyan a la dinamización y desarrollo de la economía regional en términos de empleo, riqueza y sostenibilidad. Estos proyectos dispondrán de una ventanilla única de solicitud y de la posibilidad de disponer de una sola interlocución.
También se creará un Canal Empresa, que décadas después de hablar de la ventanilla única será un único portal electrónico los servicios y los procedimientos administrativos que afecten a su actividad empresarial, al cual se podrán adherir los ayuntamientos para facilitar las relaciones entre las empresas y los órganos y entidades del sector público.
Además, se potenciará la utilización de declaraciones responsables o comunicaciones previas en los procedimientos administrativos, evitando que la administración tenga que notificar un acto previo para el inicio de la actividad. Se crea la Certificación Documental Acreditada, que será emitida por las entidades colaboradoras de certificación, con la finalidad de verificar y validar la documentación las personas interesadas presentan ante la Administración ante la Administración, todo ello a fin de agilizar los procedimientos administrativos sometidos a régimen de autorización o de licencia.