Ofensiva contra los pactos entre empresas para fijar salarios y no 'robarse' trabajadores

Las tensiones por la falta de mano de obra, especialmente en sectores como el tecnológico, han llevado a muchas empresas europeas a pactar acuerdos entre ellas para fijar sueldos o para no 'robarse' trabajadores. Unas prácticas que han provocado una contundente advertencia de Bruselas contra las mismas, que equipara con los 'cárteles' de fijación de precios. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española está reforzando sus actuaciones en este ámbito, con el foco puesto en los pactos que se producen en el maco de fusiones y adquisiciones (M&A).

Tanto la legislación europea como la española son tajantes: es contrario a la norma sobre competencia que las empresas intercambien información sobre sueldos y condiciones laborales y limiten el fichaje de trabajadores, según explica a elEconomista.es Paloma Martínez-Lage, socia de Baker Mckenzie y responsable del área de Competencia en el bufete. Aunque existen supuestos en los que se pueden aplicar, como en el marco de fusiones y adquisiciones de empresas, por ejemplo, para impedir que los directivos salientes de una empresa se 'lleven' a los trabajadores clave.

La situación coincide con un momento en el que las autoridades de competencia de Estados Unidos, la Federal Trade Commission (FTC) ha impuesto una "cuasi total" prohibición de las cláusulas de no competencia entre empleador y empleado, aunque exime a los acuerdos en el marco de operaciones de compra de empresas, siempre que se planteen de "buena fe".

Aunque, como recuerda la socia de Laboral de Baker McKenzie, Mireia Sabaté, el uso de estas cláusulas de exclusividad entre empleadores y trabajadores, en Estados Unidos era "excesivo" al no estar retribuido, como sí ocurre en España. Más impacto tendrán los movimientos en Europa para perseguir estas limitaciones, que se centran ante todo en los acuerdos entre empresas.

Bruselas considera que estas cláusulas de competencia laborales sólo pueden aceptarse si reúne cuatro condiciones. La primera es que se produzca en el marco de una operación que no afecte la competencia. La segunda, que los acuerdos se limiten estrictamente a ese proceso. En tercer lugar, incide en que las medidas deben ser "objetivamente necesarias" para el éxito de la operación. Por último, deben resultar "proporcionales" a la transacción, lo que significa que no existían alternativas que no restringieran la libertad de movimiento los trabajadores.

Bajo la lupa de Bruselas

Los procesos de fusiones y adquisiciones están bajo la lupa de competencia, pero a diferencia de otros aspectos, como la distorsión de los precios o en el mercado, los contenidos relacionados con los recursos humanos son menos vigilados. Tampoco han sido habituales las actuaciones en los casos en los que los pactos no se producen en el marco de operaciones corporativas, sino entre empresas competidoras. En estos casos, cabe hablar lisa y llanamente de 'cárteles laborales'.

En Europa no se ha producido ninguna gran actuación, por ahora, y en España solo destaca la multa de 75.000 euros impuesta en 2023 a la Asociación Independiente de Escuelas privadas de Cataluña que limitaba la contratación de trabajadores de otros centros. No se conocen otras investigaciones abiertas sobre prácticas que afecten a los trabajadores. El precedente más reciente, tras el de Cataluña, se produjo en 2011 en el sector de la peluquería.

Lo cierto es que esta cuestión siempre ha sido compleja en un mercado laboral como el español y el de otros países europeos marcados por un mayor peso de la negociación colectiva sectorial que, por definición, limitaría la competencia en materia laboral. Pero, aunque el debate sigue abierto, la legislación comunitaria y la española aceptan que los convenios se firman en un contexto muy determinado y regulado.

Así, estos acuerdos fijan reglas de mínimos, que son públicas para trabajadores y empresas y beneficiosos para ambas partes. Además, se pactan en condiciones específicas, ningún convenio limita la contratación de trabajadores de otras empresas del mismo sector ni fija límites a la capacidad de los asalariados para pactar condiciones más ventajosas, ni a las empresas para ofrecerlas a sus candidatos. Los 'carteles', que se constituyen entre compañías, hacen exactamente lo contrario.

Aunque Bruselas sospecha que muchas empresas están aprovechando la excepción a este control que suponen los acuerdos de M&A para imponer cláusulas propias de cárteles en los procesos de concentración empresarial, sorteando el control de las autoridades de competencia. Este les permite no solo retener la mano de obra y restringir su fuga, sino controlar también sus condiciones salariales.

Y parecen haber aumentado en un momento en el que la falta de trabajadores dispara la competencia entre las empresas para atraer profesionales. Este problema lleva a muchas empresas a plantearse prácticas que vulneran la legalidad, aunque no sean plenamente conscientes de ello. Según Martínez-Lage, no son "inhabituales" en sectores "en los que la falta de mano de obra es escasa". Por ello, la Comisión Europea quiere evitar que se frene esa "libertad de movimiento".

"No deben tomarse a la ligera"

Bruselas avisa de que el perjuicio de estas prácticas no deben "tomarse a la ligera": suponen un riesgo que eleva la concentración del mercado y refuerza el poder de algunos empleadores para imponer sus condiciones.

Esto no solo perjudica a los empleados, también debilita la competencia y provocan, además, "un aumento de los precios" y "una disminución de la calidad de los productos", lo que acaba lastrando la economía. Aunque la Comisión "aún no ha adoptado una decisión relativa" y no plantea un cambio en la legislación, "ya está investigando activamente las pistas y recientemente ha llevado a cabo inspecciones sin previo aviso en este ámbito". Aunque la mayoría de las actuaciones se realizarán a nivel nacional, desarrolladas por los organismos competentes de cada país.

Por lo pronto, la CNMC ya ha recogido este guante. En febrero de este mismo año alertó de que iba a poner el foco en los acuerdos que limitaran la contratación de trabajadores en el marco de fusiones y adquisiciones. Martínez-Lage señala que se está detectando que el organismos que preside Cani Fernández está investigando "ex post" esas cláusulas. Así, está enviando requerimientos de información a las partes "de operaciones de concentración ya cerradas en las cuáles se incluían estos acuerdos".

El problema es que muchas empresas pueden no ser conscientes de que están haciendo algo ilegal solo por pedir información a otras empresas acerca de cómo pagan sus puestos. Por ello, Martínez-Lage recomienda impartir formación práctica y personalizada sobre el cumplimiento de la normativa de competencia a los responsables de recursos humanos, "incluidos los encargados de fijar los salarios".