Madrid
El impacto económico de la pobreza en el PIB es significativo y preocupante. Se estima que la pobreza infantil representa entre el 4% y el 5% del PIB (depende del estudio), lo que equivale a unos 60.000 millones de euros. Esta cifra se debe, en gran medida, a la brecha salarial entre aquellos trabajadores que han crecido en condiciones de pobreza y aquellos que han tenido una infancia con sus necesidades materiales cubiertas, según desvela el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, en su informe Derechos, calidad de vida y atención a la infancia.
Las mayores carencias del sistema, asegura la institución, se producen en la etapa de seis meses a tres años, una fase crucial en la que se desarrollan rasgos físicos y psicológicos fundamentales que marcarán para siempre la vida de quienes sufren pobreza infantil. Este impacto temprano no solo afecta el desarrollo individual, sino que a largo plazo también repercute en la economía nacional. Y es que España enfrenta un problema "inaudito" de pobreza infantil que no corresponde con su nivel de riqueza, la fortaleza de su Estado del Bienestar y los valores éticos de su sociedad. Según Costas, presidente del CES, uno de cada tres menores en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
Repercusiones laborales
La OCDE, en un estudio reciente, analizó el impacto macroeconómico de la pobreza infantil en veintisiete países europeos. Para ello, evaluó los costes monetarios de las repercusiones laborales (empleabilidad e ingresos salariales) y de salud al alcanzar la edad adulta. El estudio encontró que el coste promedio para estos países es del 3,4% del PIB. Además, el impacto de la pobreza infantil en términos de menor empleabilidad y salarios más bajos supone una reducción de alrededor del 7% en la recaudación fiscal total de los Estados.
Los países que se posicionan mejor acortando esta brecha son Finlandia con 1,40% del PIB, seguido de Francia y Países Bajos que sobrepasan algo más del 2%. A la cola, Lituania (6,08%), Bulgaria (5,8%) y República Checa (5,1%).
Sin embargo, los resultados muestran una gran variabilidad entre países. Esta variabilidad se explica, según el estudio, por la incidencia de la pobreza infantil y la desigualdad social en cada estado. Es decir, en aquellas naciones donde la pobreza infantil es más elevada y los niveles de desigualdad son mayores, los costes sociales de la vulnerabilidad durante la infancia son más altos. No obstante, hay margen de maniobra para las políticas públicas. En particular, un gasto social elevado y sostenido en el tiempo puede reducir el coste macroeconómico de la pobreza infantil. Dentro del gasto social, el destinado a la educación es especialmente importante, ya que amortigua los impactos laborales, especialmente en términos salariales, y es crucial en los países con mayores niveles de desigualdad social.
España, por encima de la media europea
Según el estudio de la OCDE, España muestra unos costes macroeconómicos derivados de la pobreza infantil superiores a la media europea. Se estima que representan el 4,1% del PIB, principalmente debido a las pérdidas salariales, cuyo impacto es proporcionalmente mayor que en otros países (2,14% del PIB, frente al 1,38% de media en Europa). El coste en términos de salud, aunque similar a la media europea, también es elevado, alcanzando el 1,62% del PIB.
Estos resultados se complementan con el informe "El Coste de la Pobreza Infantil en España", elaborado en 2023 por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, en el que se desvela que casi uno de cada cuatro menores experimenta pobreza crónica en España (durante tres años consecutivos o más). Aquí se desvela que el coste de la pobreza infantil alcanzó el 5,1% del PIB en 2019 y provoca una pérdida de productividad. El gasto sanitario, derivado del mayor riesgo de sobrepeso y depresión, asciende a seis mil millones de euros anuales.
El fenómeno de la cronicidad se asentó a principios de este siglo en el Estado y creció un 70% entre 2006 y 2016. La creación de puestos de trabajo en España desde 2017 no ha tenido el impacto deseado en las familias, debido a la mala calidad del empleo, según el estudio.
"El 28% de las personas que vivieron en situación de pobreza durante su adolescencia tienen menos probabilidades de alcanzar un nivel de estudios superior," señala el informe. Además, estas personas tienen un 12% menos de probabilidades de obtener contratos indefinidos y un 14% más de probabilidades de trabajar con contratos temporales.
Esta disminución en los "ingresos potenciales" afecta negativamente la recaudación de impuestos sobre la renta (IRPF) y las cotizaciones sociales. "El Estado recauda casi 3.000 euros menos por persona en impuestos y cotizaciones relacionadas con el trabajo debido a la pobreza infantil," subraya el estudio.
Otro dato interesante es el entorno de los niños que viven en situación de pobreza. Antes de la crisis económica de 2008, casi uno de cada dos de estos niños vivía en el sur de España. Sin embargo, la distribución ha cambiado y actualmente uno de cada tres niños en situación de pobreza vive en algunas de las regiones más ricas, como Cataluña, donde la proporción ha aumentado del 10% al 19%, o en la Comunidad de Madrid, que ha pasado del 13% al 17%.
En relación con Europa, España se sitúa en el podio de la pobreza infantil moderada (27,4%), solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, muy lejos de la media de la Unión Europea (18,5%). Los países que más bajo puntúan son Dinamarca y Finlandia, que tienen un sistema de bienestar muy centrado en las transferencias y en servicios para la infancia y la conciliación.
Fuera de la UE27
Si ponemos el foco en otros países fuer de la UE27, vemos que en Estados Unidos los informes estiman que la vulnerabilidad durante la infancia tiene un coste económico total del 4% del PIB del país, considerando pérdidas de productividad, aumento de costes sanitarios y mayor delincuencia. Esta cifra aumenta al 5,3% del PIB al incluir costes adicionales como los derivados del sistema de acogimiento de menores y el maltrato infantil.
En Reino Unido, un estudio reciente calculó que la erradicación de la pobreza infantil supondría un ahorro de entre el 1% y el 1,8% del PIB.
En Australia, otros estudios han evaluado los costes económicos y sociales del maltrato infantil, incluyendo costes médicos, judiciales, educativos y laborales. En la nación australiana, estos costes se estimaron en un 1,8% del PIB para 2016 y 2017, y hasta un 4,2% si se consideran los costes a lo largo de la vida de las personas afectadas.
En definitiva, la pobreza infantil supone menores oportunidades de alcanzar un nivel de estudios elevado, mayor precariedad laboral, trabajos peor remunerados y un mayor riesgo de padecer enfermedades físicas y mentales.
