Valladolid
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la Administración regional llevará ante los tribunales la defensa de la "igualdad" de los españoles después de la negociación de la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña, lo que ha considerado un "robo" para Castilla y León.
Fernández Mañueco ha avanzado esta decisión durante su intervención ante el Pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, quien se interesó por las políticas de despoblación de la Junta. En su respuesta, el presidente de la Junta ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como urdidor de las "desigualdades" con políticas que llevan a España "a la ruina".
"Habla de igualdad hoy, cuando el PSOE y Sánchez han vuelto a romper la igualdad de los españoles, dio la Moncloa por siete votos y la Amnistía y ahora quiere comprar la Generalitat por 15.000 millones de euros, roban a Castilla y León y lo defenderemos en los tribunales", ha afeado el presidente después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya avanzado que el Gobierno negocia ya con ERC la condonación de la deuda y una financiación "singular".
"Lo único que puedo hacer es dejarle a usted celebrar sus derrotas como si fueran victorias y seguir vendiendo a Castilla y León y a España a sus socios radicales y separatistas", ha concluido Mañueco.
El PSOE ha reiterado hoy su oferta de una financiación "singular" para Cataluña en plenas negociaciones para formar Govern. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelvo a poner sobre la mesa una reforma del modelo de financiación, aunque sin detallar si contempla la aplicación de un cupo similar al de País Vasco y Navarra.
La titular de Hacienda ha enmarcado esta propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha hablado literalmente de "un modelo válido para todas las comunidades autónomas". Esto es, una negociación multilateral. Justo lo que no desean los independentistas, que quieren pactar de forma bilateral un nuevo esquema de financiación entre el Estado y la Generalitat que ceda más poder a la institución autonómica tanto en la recaudación de impuestos como en la transferencia de recursos a la caja común
