Madrid
Las empresas españolas han visto un incremento en el periodo medio de pago (PMP) a proveedores, que ha alcanzado los 84,3 días en el primer trimestre del año, según el último informe del Observatorio de Morosidad de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Este dato supera en 24 días el plazo máximo legal establecido y representa un incremento de 0,9 días respecto al mismo periodo del año anterior, el mayor aumento registrado en los últimos cuatro años.
El análisis, que se basa en datos de Informa D&B y CESCE, destaca que todos los sectores económicos han experimentado un aumento en sus tiempos de pago. La brecha territorial también se ha ampliado, con una diferencia de 56,1 días entre Castilla y León, la región con el menor PMP (69,3 días), y Navarra, la comunidad con el mayor retraso en los pagos, alcanzando los 125,4 días.
El informe de Cepyme subraya que esta evolución supone un grave lastre para las empresas españolas. Las microempresas son las más afectadas, con un PMP de 89,5 días, seguidas por las medianas empresas con 83,2 días. En contraste, las grandes empresas han logrado reducir su PMP en 3,3 días, aunque en general, el incremento en los periodos de pago es una tendencia que afecta a la mayoría de los segmentos empresariales.
El impacto financiero de la morosidad es significativo. Cepyme estima que el coste de la deuda comercial para las compañías ha alcanzado los 2.930 millones de euros, el nivel más alto desde septiembre de 2009. Según la patronal, el 46,1 % de las facturas se pagan con hasta 30 días de retraso y el 9,7 % a más de 30 días del vencimiento.
Cepyme hace un llamamiento urgente para impulsar la nueva normativa europea sobre morosidad, con el objetivo de mitigar sus efectos negativos y establecer condiciones equitativas para las pymes de la UE. La organización critica la falta de efectividad de la actual Ley de Morosidad española y urge a las instituciones europeas a agilizar la aprobación del nuevo marco regulatorio comunitario. En particular, Cepyme insta al Consejo de Competitividad de la UE a optar por la vía del reglamento en lugar de la directiva, para lograr una mayor homogeneización de las normativas nacionales.
En esta misma línea, el Informe sobre Morosidad de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) revelaba también hace mes y medio que solo la mitad de las empresas confiaba en que los plazos de pago se reducirán con la próxima normativa europea. De las 500 empresas encuestadas, el 46% cree que el nuevo límite de 30 días no se cumplirá, mientras que el 48% es más optimista y espera una mejora en sus finanzas. Esta división refleja la desconfianza generada por la ley española actual, que frecuentemente no se cumple. En 2023, el plazo medio de pago en el sector privado fue de 70 días, tres días más que en 2022, rompiendo una tendencia previa de reducción de la morosidad.
