La acción del Estado en 2023 redujo la tasa de riesgo de pobreza en España del 42,6% hasta el 20,2%, según el informe sobre el Estado de la Pobreza elaborado por EAPN. En concreto, las medidas aprobadas por el Ejecutivo para aplacar el impacto del alza de los precios, evitó que 10,6 millones de ciudadanos rozaran la situación de pobreza, y otros 2,4 millones entraran en pobreza severa. En su documento, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza destaca el incremento de las pensiones públicas como "factor de sostenimiento de la calidad de vida de la población". Es más, explica que por sí solas, las pensiones reducen el riesgo de pobreza en 16,4 puntos, es decir, unos 7,8 millones de personas. A ello, se suma el impacto de las ediciones del escudo social que Moncloa levantó el año pasado, y que -descontando el alza de las pensiones- habrían permitido que un 5,1% de población española ingresaran en la pobreza severa.
No es el único efecto que la medidas del Gobierno procuraron. Las transferencias del Estado también redujeron "intensamente" la desigualdad. En informe destaca que el índice Gini -el coeficiente que mide la brecha entre los ingresos d ellos ciudadanos de un país- se redujo 4,5 puntos en 2023 por la mano de Moncloa. Sumando el impacto de las pensiones de jubilación y supervivencia, ese recorte se amplía a los 14,8 puntos.
Aún así, la situación sigue arrojando cifras preocupantes. Los efectos de la guerra en Ucrania, de la inflación y de la crisis energética han llevado a 9,7 millones de personas a vivir en riesgo de pobreza, es decir, con rentas inferiores a 916 euros al mes por unidad de consumo. El estudio revela -además- que un 37,1% de los hogares españoles no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, o que casi la mitad de la población -el 48,7%- presenta dificultades para llegar a final de mes. La situación más severa alcanza a casi cuatro millones de familias, que viven cada mes con menos 611 euros. La cifra mejora con respecto a 2022 -afirma EAPN- y prácticamente alcanza el cumplimiento proporcional de los objetivos anuales de la Agenda 2030.
Encarecimiento de la vivienda, factor fundamental
Detrás de esta realidad se esconde el muro levantado frente al acceso a la vivienda. El Informe recuerda que el precio medio del alquiler se ha incrementado cerca de tres veces más que la renta por persona. Esto ha provocado que el esfuerzo económico para afrontar ese gasto se mucho mayor. En 2023, la tasa de pobreza entre quienes vivían de alquiler a precio de mercado duplicó a la de quienes disponían de una vivienda en propiedad, el 15,8%. A esto se añade el incremento de los gastos asociados a la vivienda. Un 25,2% de los hogares se vieron obligados a retrasar sus pagos del alquiler o de la hipoteca, para afrontar otros gastos de primera necesidad
La pobreza impacta con más fuerza a las mujeres, y a las familias con menores. El encarecimiento del coste de la vida derivado de la crisis de la inflación ha provocado un aumento de un punto de la pobreza infantil hasta alcanzar el 28,9 %. Es decir, unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza en España. El documento alerta especialmente de la situación de los hogares monoparentales. Más de la mitad -el 52,7%- está en riesgo de exclusión social; ocho de cada diez están encabezados por una mujer.
El alza de los precios se ha cebado con estas familias, el 55,4%, no pueda pagar una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; con incrementos especialmente significativos en la Comunidad de Madrid (del 612% desde 2013) o Aragón y La Rioja, donde el número de hogares que no pueden permitirse estos productos se han duplicado solo en el último año. Además, el 26,5% de las familias no pudieron -el año pasado- mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La pobreza energética alcanzó así máximos históricos en 2023. Un 43,1% de las personas pobres no pueden mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno.