Madrid
El economista Francisco Pérez García, director de investigación y fundador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y catedrático de la Universitat de València, ha sido galardonado con el Premio de Economía Emilio Ontiveros, otorgado por la Fundación Afi Emilio Ontiveros. El jurado ha destacado su contribución a la innovación, divulgación y transferencia de conocimiento en temas relevantes para la sociedad, como la productividad, la financiación pública y la distribución de la renta y la riqueza.
Pérez defiende una reforma de la financiación autonómica basada en la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y la suficiencia de recursos para garantizar servicios públicos mínimos en todo el territorio. Sin embargo, la renovación del sistema de financiación ha sido complicada debido a las desigualdades de partida, la deuda acumulada y los privilegios de algunas comunidades.
La economía española se encuentra en un momento crucial. Uno de los principales retos es la consolidación fiscal. Las nuevas reglas de la Unión Europea limitan la flexibilidad del gobierno para aumentar el gasto, lo que obligará a un control más estricto del déficit y la deuda, según anuncia el catedrático.
Otro desafío importante es la desigualdad. El crecimiento económico no está llegando a todas las familias, y las brechas de género y generacionales siguen siendo un problema, destaca Pérez. Se necesitan políticas públicas que reduzcan la pobreza y la exclusión, y que promuevan una mayor equidad en el acceso a las oportunidades.
Las nuevas reglas fiscales de la UE acaban con la flexibilidad que ha tenido el Gobierno de España desde la pandemia para aumentar el gasto y apoyar el crecimiento económico y las medidas de protección de rentas, tanto de las familias como de las empresas. ¿Qué opina?
Superada la grave crisis provocada por la pandemia -en buena medida gracias a las políticas excepcionales adoptadas- y recuperada la normalidad, es lógico que el sector público se atenga a reglas fiscales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo. Así pues, la disciplina fiscal no debe ser temida si está diseñada adecuadamente y aplicada con sentido común, aprendiendo las lecciones del pasado. La UE está enfocando la vuelta a las reglas con el propósito de que sean flexibles pero no por ello dejen de ser reglas. Los gobiernos deben entenderlo de la misma manera, aprovecharlas para controlar los desequilibrios y prestar la necesaria atención a la evaluación de los resultados de sus políticas de ingresos y gastos públicos desde la perspectiva de la eficacia, la eficiencia y la equidad.
¿La fragmentación parlamentaria y sobre todo las dificultades para poner de acuerdo a los socios de Gobierno o a los partidos que apoyaron la investidura hacen peligrar el despliegue del Plan de Recuperación?
Es evidente que la falta de acuerdos amplios, que transciendan al conjunto de grupos que apoyaron la investidura, es una dificultad para el despliegue de políticas estructurales y reformas como las que contempla en PRTR, en las que debería ser posible alcanzar consensos entre buena parte del arco parlamentario para perseguir objetivos que, muchas veces, son de largo plazo. Mientras esa práctica de confrontación en todos los terrenos no se supere, la práctica política actuará en algunos asuntos como un freno para el desarrollo de nuestro país.
En los últimos días, ha habido varias revisiones al alza de las previsiones de crecimiento económico de nuestro país (del Banco de España, BBVA, Caixabank, Funcas…), hasta alinearse con el Gobierno en un avance del 2% del PIB en 2024… ¿Puede seguir la economía española sorprendiendo positivamente en los próximos trimestres? ¿De qué dependerá?
La revisión frecuente de las previsiones se ha convertido en una práctica habitual desde la pandemia por la sucesión de perturbaciones en muchos frentes que afectan a las economías y se transmiten por múltiples canales en una economía mundial muy interrelacionada. Lo que sucede con las revisiones indica que el nivel de incertidumbre es elevado y el cálculo de los escenarios esperables más difícil. España no está saliendo mal librada en este contexto y por eso las estimaciones del gobierno -los gobiernos suelen tender a ver las cosas de manera más optimista- están acertando más. Las aproximaciones a sus previsiones por parte de otras instituciones reflejan que la realidad actual les sorprende positivamente, ex post, pero no tiene mucho sentido hablar de sorpresas antes de que estas se produzcan (ex ante).
¿Cómo ve el futuro de la financiación pública en España y cuáles considera que son los aspectos clave que deben abordarse para garantizar su sostenibilidad y equidad?
Si su pregunta se refiere al control del déficit, la combinación de crecimiento real y cierta inflación está contribuyendo a su paulatina moderación y también a la reducción de la elevada ratio deuda/PIB. Pero esos avances son más debidos al crecimiento de los ingresos fiscales que al control del gasto público.
España tiene asuntos de calado pendientes en ambos lados del presupuesto. En el de los ingresos, una reforma fiscal aplazada desde hace tiempo espera su turno porque las circunstancias políticas no ofrecen las condiciones para abordarla contemplando acuerdos entre los grandes partidos. En el lado de los gastos, porque cuesta mucho, a los distintos niveles de gobierno y a los distintos partidos, abordar el debate sobre las prioridades de las políticas de gasto, las tendencias financieramente sostenibles de las mismas y la evaluación de sus resultados, desde la perspectiva de la eficiencia y de la equidad.
Son demasiadas asignaturas pendientes para que la sostenibilidad de las finanzas públicas no corra riesgos. Por ejemplo, mientras no se abordan los problemas permanece el riesgo de que episodios de elevación de los tipos de interés como los vividos por el repunte inflacionario en 2022 repercutan con fuerza en los gastos financieros de un sector público muy endeudado. De momento las emisiones de deuda se colocan a tipos moderados, pero la falta de corrección de los desequilibrios financieros representa un riesgo latente.
¿Hasta qué punto no se va a producir una concentración de los fondos europeos captados por parte de las grandes empresas?
Ya se está produciendo. Captan un porcentaje de los fondos superior a su peso en la economía, en particular en los fondos dedicados a I+D+i y digitalización. En este último caso, las estimaciones del Ivie indican que las grandes empresas absorben el 52% de los recursos adjudicados.
Respecto a la financiación autonómica, ha destacado la diferencia entre comunidades y la necesidad de un equilibrio entre autonomía y compromisos de nivelación interterritorial. ¿Qué medidas concretas considera que podrían contribuir a mejorar este equilibrio y promover la convergencia regional?
Las medidas de fondo pasan por revisar el actual sistema de financiación, aprobado en 2009, porque arroja elevadas diferencias de recursos por unidad de necesidad (habitantes ajustados) del 30% entre las comunidades de régimen común. También deberían ser revisados el cupo vasco y la contribución navarra para que las comunidades forales, que son ricas, contribuyan a la nivelación de los recursos para prestar los servicios públicos fundamentales en condiciones similares.
Teniendo en cuenta las competencias que gestionan las comunidades, las diferencias de recursos por habitante deberían ser mínimas si se desea que la descentralización no implique diferencias de acceso a los servicios públicos en función del domicilio y el nivel de renta de las comunidades. Dadas las dificultades para abordar la reforma en profundidad, se debería dotar un fondo transitorio de nivelación para que las cuatro comunidades que reciben recursos inferiores a la media (Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía) convergieran a la media. El coste de ese fondo sería de unos 3.000 millones, algo perfectamente asumible si se tiene en cuenta la importancia del problema a resolver. De ese modo, se prepararía el terreno para la reforma del sistema.
Hablando sobre la posibilidad de trasladar instituciones y recursos a otros lugares para contrarrestar la concentración económica en Madrid, ¿cuál sería el impacto esperado de estas medidas en términos de equilibrio territorial y desarrollo regional?
No sería espectacular, pero serviría para reforzar la presencia del Estado en todos los territorios y frenar la tendencia a concentrar actividades de alto valor añadido en Madrid, lo que genera divergencia, sin justificación. Por ejemplo, ¿Por qué están tan concentrados los grandes centros de investigación estatales en Madrid? ¿Por qué lo están mucho más que los de las universidades, tratándose de actividades similares?
En todo caso, el impacto de la desconcentración dependería de la ambición de las medidas. De momento, las planteadas en España son muy modestas si se comparan con las practicadas en otros países con cultura federal (Alemania) o que están desplegando estrategias de desconcentración (Reino Unido, Corea del Sur), que desconcentran instituciones importantes, como el poder judicial, organismos reguladores o algún ministerio. O en la Unión Europea, que tiene organismos de la Unión en todos los países miembros para reforzar su presencia institucional.
Descentralizar implica inversiones en ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones y digitalización. ¿Ese déficit de infraestructuras y la estructura radial de España facilitan que Madrid siga acumulando capital humano y material?
Me parece evidente que contribuye, aunque desde luego ya no es ese el único factor que lo hace, porque los procesos de aglomeración de actividad privada tienen una dinámica propia, más compleja. Pero, precisamente porque esa dinámica de aglomeración de actividad de las propias fuerzas del mercado existe, el Estado debe plantearse si quiere compensarla o acentuarla.
Desde luego, la estructura radial de comunicaciones sigue siendo muy marcada en España -sobre todo en el caso del ferrocarril que es el medio de transporte que ha concentrado las mayores inversiones en el siglo XXI y el más sostenible. En ese ámbito apenas ha habido cambios de tendencia, contrastando el avance de la red radial con los enormes retrasos en otros ejes que conectan territorios con grandes concentraciones de población y actividad, como el corredor mediterráneo o el eje cantábrico-mediterráneo por caminos que no pasan por Madrid.
¿El crecimiento económico está llegando a todas las familias? Los datos muestran que muchos hogares pasan apuros para llegar a fin de mes.
Las mejoras de nuestro país en las últimas décadas son incuestionables y llegan a muchos, pero sus desigualdades también, en particular las que suponen riesgo de pobreza y exclusión. Tras ese problema se encuentran la dificultad de generar empleo para todos y los bajos salarios de parte de los ocupados. Desde el primer punto de vista, el crecimiento del empleo de los últimos años y la reducción del desempleo es una excelente noticia. Pero hay que prestar atención a los colectivos a los que siguen sin llegarles las oportunidades, que son en gran medida personas con bajo nivel de formación. Las políticas públicas de empleo necesitan afinar más los objetivos y refinar los instrumentos, para ganar en eficacia. En ese sentido, la ambición y la eficacia de las políticas predistributivas, como las educativas o las sanitarias, que nivelan las oportunidades para todos, son fundamentales.
La desigualdad se ha reducido, pero existen dos grandes brechas económicas: la de género y la generacional. ¿Qué opina?
Esas dos brechas existen, sin duda, pero las más relevantes se concentran sobre todo en jóvenes y mujeres con niveles de estudios bajos. Los jóvenes con estudios superiores de menos de treinta años sufren menos las brechas generacionales porque están teniendo en la última década muchas oportunidades laborales: en un estudio reciente del Ivie y la Fundación BBVA se muestra que su empleo ha crecido un 56% entre 2013 y 2023, y las ocupaciones altamente cualificadas un 75%. El resultado ha sido una reducción del desempleo de ese colectivo del 30 al 12,5% y una mejora sustancial del ajuste entre formación y empleo. Y, además, las brechas entre universitarios y universitarias se han reducido también mucho en tasa de afiliación y ajuste de su formación al empleo, aunque permanece la salarial.
Estos datos indican que, pese a que su funcionamiento no es perfecto, el sistema educativo funciona como un potente ascensor social y los mayores riesgos de quedar atrás son para los que no consiguen promocionar en sus estudios adecuadamente. Por eso, de nuevo, deberíamos afinar los diagnósticos y las medidas para atender los grupos de riesgo. Y no generalizar, porque ya no es verdad que todos los jóvenes y todas las jóvenes padezcan brechas generacionales o de género.
Una de las evidencias que se observan en la Contabilidad Nacional es la debilidad de la inversión privada, de las empresas, sobre todo en la construcción y concretamente en la construcción de vivienda. ¿A qué achaca esta falta de inversión en la recuperación tras el shock de Covid, que además es crucial para el crecimiento económico futuro y para el mercado laboral?
Hay que precisar cuando se habla de debilidad de la inversión privada, en varios sentidos. En primer lugar, la referencia no pueden ser nuestros niveles de esfuerzo inversor durante el boom inmobiliario, porque eran insostenibles y no debemos desear volver a ellos. No deberíamos olvidar el coste que ha tenido -y todavía tiene en algunos lugares- la existencia de viviendas vacías (son un lastre para la productividad de nuestros capitales acumulados) y el perfil del sector de la construcción, marcadamente cíclico en actividad y empleo. Las carencias de oferta inmobiliaria deben acotarse bien, en tipos de vivienda, régimen de tenencia y localización. Y valorarse teniendo en cuenta la incidencia de la creciente movilidad de la población. A mi me preocupan algunas valoraciones que sugieren que necesitamos más inversión en construcción, sin más matices. Lo que los datos comparados con otros países avanzados me dicen es que necesitamos más inversión de las empresas en activos intangibles (formación en la empresa, mejoras organizativas, digitalización, I+D, innovación) para que las inversiones materiales sean más productivas y generen empleo de calidad.
En los círculos económicos, se ha planteado un intenso debate sobre la productividad y la reducción de la jornada laboral, que es un compromiso del Gobierno de coalición. ¿Hay margen para rebajar las horas que trabajamos o no?
La rebaja de las horas trabajadas es una legítima aspiración de muchos trabajadores, pero se traduce en aumento de costes unitarios para las empresas si no va acompañada de mejoras de la productividad horaria. El margen para reducir las horas trabajadas sin que se deban reducir proporcionalmente los salarios ni poner en peligro la competitividad -tanto de las empresas como de los servicios públicos, ojo- es mayor cuanto más mejora en paralelo la productividad por hora trabajada. Por tanto, la mejor palanca para poder reducir el tiempo de trabajo sin que otros elementos de la ecuación se resientan son las mejoras organizativas y tecnológicas (de nuevo, la inversión en intangibles), pactadas entre los trabajadores y los responsables del buen funcionamiento del tejido productivo.
¿Cómo se siente al haber sido galardonado con el Premio de Economía Emilio Ontiveros y qué significa este reconocimiento para usted?
Muy satisfecho. Admiraba mucho a Emilio Ontiveros y su perfil de economista que ejerce su profesión basándose en un conocimiento profundo de la economía y las finanzas, pero atento a las demandas sociales y a la comunicación de los resultados de los estudios a la sociedad. Me siento muy honrado de que se me asocie al profesor Ontiveros y a un perfil profesional que el ejemplificaba a gran nivel y que, aunque fuera más modestamente, me gustaría tener.