Las autonomías seguirán este año sin reforma del sistema de financiación y también sin la prometida puesta en marcha de otros mecanismos más especializados, como el fondo de compensación para territorios infrafinanciados, cuyo coste ascendería a 3.000 millones según Fedea. Hacienda reconoce a elEconomista.es que la medida, tras años naufragando ante la falta de acuerdo, tendrá que retrasarse como mínimo hasta el próximo ejercicio. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero admiten que el mecanismo se ha abordado en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero que las reservas suscitadas por determinados Gobiernos regionales han impedido su puesta en marcha, y el Ejecutivo central carece ahora de capacidad para neutralizar esas objeciones. Por ello, no descartan dejar el fondo en suspenso hasta los próximos Presupuestos Generales.
Según ha confirmado elEconomista.es, Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, llevan al menos tres años reclamando la creación del fondo. Sin embargo, la propuesta ha tropezado con las dudas de -al menos- dos consejeros autonómicos de gobiernos hoy liderados por el Partido Popular, que no reconocen la infrafinanciación de estas cuatro regiones, o que exigen una mejor financiación también para ellas. Según las actas de los CPFF a las que ha tenido acceso este medio, Hacienda reclamó a las regiones populares definir una postura común a través del grupo parlamentario popular en la Cortes. Fuentes del ministerio recuerdan que el principal partido de la oposición no se ha pronunciado sobre una medida que lleva al menos tres años discutiéndose en reuniones a puerta cerrada, y acusan a los de Feijóo de no contar con un modelo de financiación autonómica. Desde el Partido Popular no han querido detallar su posición sobre ese fondo de nivelación, a pesar de ser solicitada por elEconomista.es.
Lo cierto es que la renuncia de Moncloa a elaborar las cuentas para 2024 frustraron las expectativas de las autonomía infrafinancidas. La petición fue liderada por la consejera de Economía andaluza, Carolina España, el pasado 11 de diciembre, que recordó que la comunidad pierde cada año más de 1.000 millones euros por el sistema de reparto de la financiación autonómica. Una petición -que según Montero- fue rechazada por el resto de autonomías. Un punto -este último- que avalan las actas de la última reunión, que detallan que la titular de Hacienda afirmó ante los consejeros que ningún territorio había querido rebajar su posición de máximos, lo que habría impedido avanzar en el mecanismo.
La petición fue retomada hace semanas por los gobiernos valenciano y murciano. Sus responsables de Hacienda exigieron a Montero un cambio en el sistema de financiación autonómica al considerar que les "maltrata sistemáticamente" y que les deja en "desigualdad de oportunidades" respecto al resto de comunidades autónomas ya que "pone en peligro la prestación de servicios públicos fundamentales". Un punto que desmiente el ministerio, que precisa que el Gobierno garantiza la prestación de servicios públicos en todas las comunidades autónomas.
Los de Montero podrían utilizar la mesa de negociación que ha abierto con las autonomías con la intención de avanzar en la reforma de la financiación autonómica, para alcanzar un acuerdo de mínimos que permita impulsar el fondo de nivelación hasta la aprobación futura de la norma en el Congreso de los Diputados.
PP y PSOE aparcan la medida en el Congreso
La última internada política para tratar de impulsar el fondo de nivelación llegó al Congreso de la mano del grupo parlamentario Sumar. La formación registró a finales de 2023 una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno -del que su líder es vicepresidenta- que "en los Presupuestos Generales del Estado se garanticen transferencias para el País Valenciano y el resto de las comunidades autónomas infrafinanciadas destinadas a la prestación de servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado". La iniciativa -que todavía no ha sido activada- parte de una PNL que el Partido Popular valenciano impulsó en las Corts, y que salió adelante con el apoyo de Compromís, y el rechazo de PSPV-PSOE y Vox. No obstante, el gobierno de Mazón no ha movido ficha desde entonces.
Es más, hace unas semanas, Compromís registró una proposición de ley en el parlamento valenciano por el procedimiento de urgencia para tratar de forzar al resto de grupos a definir su posición. En su artículo 5, la formación insta al Ejecutivo a establecer las modificaciones presupuestarias necesarias para establecer un mecanismo que "iguale los recursos de las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media a la financiación media por habitante ajustado". Además, el texto define que el fondo entre de manera inmediata, mientras no se reforme el sistema de financiación. "Este fondo no esperaría a los seis meses, sino que empezaría a funcionar de manera inmediata desde la aprobación de la ley", afirmó Joan Baldoví. Compromís tiene previsto llevar la iniciativa al pleno a mediados del próximo mes de junio.
Sin embargo, el Ejecutivo central descarta activar el fondo de nivelación sin el aval del resto de autonomías. El ministerio de Hacienda insistió -en respuesta a una pregunta escrita en el Congreso- en que tratará de buscar un acuerdo al que sumará a las "fuerzas políticas". Su objetivo es "lograr de articular al menos consensos de mínimos, que beneficien al conjunto de la ciudadanía y que permitan reformar el sistema para que este sea justo y para que todas las comunidades reciban recursos adecuados".
