
La prórroga de dos meses que concedió la Comisión Europea a España para evaluar el cumplimiento, por parte de España, de los hitos y objetivos inscritos en el cuarto pago del Plan de Recuperación llegó a su fin ayer. Ante la perspectiva del Gobierno de sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo en el Consejo de ministros de este martes y Bruselas se muestra flexible y abre la mano a extender el plazo de examen. El Ejecutivo comunitario extiende el plazo para presentar su evaluación sobre el cuarto pago de fondos Next Generation a las "próximas semanas", una vez haya concluido su análisis de la reforma del subsidio por desempleo.
"La Comisión Europea toma nota de que se espera que el Gobierno español adopte hoy una reforma de la regulación de las ayudas no contributivas al desempleo", ha indicado el portavoz comunitario responsable de Economía, Quentin Cortes, que ha añadido que Bruselas "estudiará ahora la reforma para comprobar que cumple los objetivos marcados en el Plan español".
"Como siempre, haremos esta evaluación a fondo y comunicaremos nuestras conclusiones a su debido tiempo", ha puntualizado el portavoz comunitario para, posteriormente puntualizar que estas conclusiones se harán públicas en las "próximas semanas".
"Nos tomaremos el tiempo que sea necesario para evaluar la reforma", ha aclarado el portavoz de la Comisión Europea, un plazo ampliado que se ha convenido "con las autoridades españolas" y que pospone a "las próximas semanas" la evaluación del Ejecutivo comunitario.
Esta reforma estaba inscrita en el hito 340 del Plan de Recuperación y Resiliencia de España y es relevante para la cuarta solicitud de pago. Si España presentó ante la Comisión Europea la solicitud del cuarto pago a finales de diciembre, la no convalidación en el Congreso de la reforma del subsidio de paro el pasado enero, con la negativa de Podemos, ha hecho peligrar parte de la financiación del cuarto desembolso de fondos Next Generation.
Esta coyuntura ha propiciado que, desde arranque del año, sobrevuele la amenaza para España de recibir un pago parcial del cuarto tramo de los fondos Next Generation, dotado de 10.021 millones de euros. El hito según figura en el Plan de Recuperación requiere de su "entrada en vigor" para efectuar el pago. A efectos prácticos implica que debe estar en marcha no solo aprobado.
El primer plazo de evaluación del cuarto pago del Plan de Recuperación terminaba a mediados de marzo. En este momento, el Gobierno negoció con el Ejecutivo comunitario una extensión del periodo de análisis de dos meses, hasta el 20 de mayo, argumentando la necesidad de realizar algo más de una treintena de modificaciones técnicas en el Plan de Recuperación para ajustarlo a las circunstancias actuales.
Lo cierto es que este periodo de gracia permitía, en paralelo, ganar tiempo al Gobierno para sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo en aras de evitar un pago parcial de fondos Next Generation. No sería España el primer país que recibiera solo parte de la financiación de un desembolso pues Lituania o Italia se erigen como ejemplos previos. Sin embargo, sí sería la primera vez que España recibiría un pago parcial.
Las últimas semanas Ejecutivo español y comunitario han mantenido conversaciones sobre la posible ampliación del plazo de evaluación del cuarto pago o la flexibilización del mismo. La pasada semana, -un par de días después de reunirse con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo-, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, apuntaba que la Comisión Europea está "bastante cerca" de culminar su análisis. El italiano evitó dar detalles sobre si se aplicaría un pago completo parcial, si se concedería una nueva prórroga, aunque todo apuntaba hacia una cierta flexibilidad con las fechas.
Cuerpo ha indicado en numerosas ocasiones que el Gobierno ha estado negociando "en paralelo" con Bruselas, para obtener el visto bueno para las medidas comprometidas dentro de este tramo, y a nivel nacional para pactar y aprobar la reforma. Una negociación que pretende evitar que la Comisión Europea aplique un pago parcial.
De aplicarse un pago parcial, los Estados miembros cuentan con cierto margen para subsanar la situación. Tras la suspensión de pago, los países tienen seis meses para corregir las deficiencias asociadas a los hitos y objetivos pendientes y acceder a la cuantía pendiente de ese desembolso.