Barcelona
Como si de hace casi 15 años se tratase, la financiación vuelve a estar en el centro de la campaña electoral en Cataluña. Ya no está Artur Mas, pero ahora es Pere Aragonès el que pide que sea la Generalitat quien recaude todos los impuestos generados en el territorio. La propuesta, rechazada por los técnicos de Hacienda y el Gobierno, es compartida por las fuerzas soberanistas y tiene puntos en común con la reforma que promueven los socialistas catalanes de la mano de Salvador Illa.
El exministro de Sanidad aboga por rescatar el artículo 204 del Estatut, que nunca se llegó a desarrollar. El texto contempla la creación de un organismo consorciado entre la Agència Tributària de Catalunya (ATC) -ya existente- y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que sirva para "la gestión, recaudación, liquidación e inspección" de los impuestos en Cataluña. Pese a estar previsto en la norma, el artículo nunca se aplicó.
Illa lleva meses defendiendo la creación del consorcio tributario. Antes incluso de que ERC presentase su propuesta de financiación singular. Así lo recordó en el arranque de la campaña e insistió en la idea en el debate de RTVE celebrado la pasada semana. Es, como dijo en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, su vía para "abordar la financiación de Cataluña" de una manera que ya pasó "el filtro del Tribunal Constitucional".
La medida podría servir así para convencer a las voces de su partido que sí saltaron rápidamente contra la propuesta de que Cataluña recaudase la totalidad de los impuestos, como proponía Aragonès. De hecho, ya logró los primeros respaldos explícitos, como el del consejero de Hacienda asturiano, el también socialista Guillermo Peláez que, aseguró, que esta medida "no va a tener ninguna incidencia" en el sistema de financiación y abrió la puerta a replicar este modelo en el resto de las comunidades.
Esta negativa sirvió para que en los últimos debates electorales, tanto los republicanos como desde Junts criticasen el doble discurso socialista, que apoya el cupo vasco, pero se muestra contrario a una Hacienda exclusivamente catalana.
"La experiencia vasca nos dice que el cupo se calcula muy a la baja. La administración central se quedaría sin los recursos y medios para ejercer sus funciones y ERC ya ha advertido que el componente de solidaridad del cupo sería transitorio y condicionado", señalaba en su momento Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
Reformar el modelo, también sobre la mesa
Más allá de coincidir en la voluntad de relevar a la AEAT como recaudador en solitario de los tributos catalanes, tanto socialistas como independentistas también están alineados en reformar el modelo de financiación que, según los cálculos de la Generalitat, genera en Cataluña un déficit fiscal del 9,6% (21.986 millones, según las cifras de 2021).
Aunque ERC no habló de números concretos, en su informe si puso el ejemplo en varias ocasiones de Alberta (Canadá), con un diferencial negativo del 4%. Fue el mismo déficit que mencionó la consellera d'Economia, Natàlia Mas, en una entrevista con La Vanguardia, cuando habló de un baremo de "entre el 2% y el 4%".
Illa en cambio rechaza que Cataluña abandone el régimen común y sí prometió empujar por una reforma de la financiación a nivel estatal. Cabe recordar, además, que en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, PSOE y ERC pactaron la constitución en el primer trimestre de 2024 -algo que no ha sucedido- de una comisión bilateral entre gobiernos para llegar a acuerdos en materia de financiación.
Junts, por otro lado, puso el acento en conocer la inversión del Estado territorializada y su grado de ejecución en Cataluña.
