Barcelona
Cataluña pretende cambiar el modelo fiscal español. Tal y como se había comprometido hace meses, el Govern de Pere Aragonès presentó esa semana su propuesta de financiación en la que aborda un cambio de paradigma. Si ahora es el Estado quien transfiere los recursos a la comunidad, con la proposición será la autonomía quien recaudará todos los tributos y a posteriori remitirá parte de lo obtenido. Durante toda la exposición, los responsables catalanes declinaron hablar de las cifras concretas de la oferta. "Será una negociación", decían. Sin embargo, un dato se repite en las últimas exposiciones públicas sobre el tema: el déficit público de hasta el 4% frente al 9,6% que, calcula, tiene en la actualidad.
En el documento de 90 páginas hecho público se pone el ejemplo de Alberta, la provincia con mayor déficit fiscal de Canadá, que tiene un desequilibrio del 3,9%. Así se encargó de recordarlo la consellera d'Economia, Natàlia Mas, durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Incidió además en unas declaraciones hechas a La Vanguardia semanas antes, cuando señaló que la solidaridad con el resto de España "podía situarse entre el 2% y el 4%" frente al 10% actual.
Con el 9,6% de déficit actual, la Generalitat cifra el déficit fiscal en 21.986 millones de euros, según los datos del año 2021, el último ejercicio con cifras disponibles. De aplicarse el porcentaje de Alberta, la factura descendería hasta los 8.931 millones, por lo que el ahorro fiscal para Cataluña ascendería hasta los 13.055 euros, aproximadamente.
"La experiencia vasca nos dice que el cupo se calcula muy a la baja. La administración central se quedaría sin los recursos y medios para ejercer sus funciones y ERC ya ha advertido que el componente de solidaridad del cupo sería transitorio y condicionado", responde Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
En el documento, la Generalitat no determina los criterios o parámetros que se deberían considerar para determinar la cuantía. Propone que sea la Comisión Mixtta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat la que se encargue de acordar la contribución, tanto al Estado como al mecanismo de solidaridad interterritorial.
De alcanzarse este pacto, España dejaría de ingresar aproximadamente el 1% de su PIB, siempre que Cataluña logre recaudar lo mismo con la Agència Tributària de Catalunya que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Habría que ver qué sucede con los aproximadamente 4.000 empleados de la institución central destinados a Cataluña. Una subrogación, como pasará con la plantilla de Rodalies con el cambio de titularidad, podría ser el destino.
"En 2017 la Generalitat ya abordó este tema y en sus informes preveían que se dispararía el fraude", recuerda Francisco de la Torre, economista y autor del libro Y esto ¿quién lo paga?. Y añade: "Hay que recordar que muchas empresas no solo cambiaron su sede social, también su domicilio fiscal". El Govern pretende grabarlas en Cataluña igualmente según cálculos por actividad de negocio en la comunidad o el volumen de trabajadores.
¿Qué sucedería con la sostenibilidad española? "Si abrimos la vía de este nuevo modelo, después de Cataluña irán probablemente Madrid y Baleares, lo que provocará que la parte rica de España deje de aportar a la caja común", señala Ángel de la Fuente. Para De la Torre, el golpe de 13.000 millones "está en el límite de lo asumible". "No es lo mismo hacerlo en el País Vasco o Navarra que en Cataluña", compara, por su peso económico.
Cataluña pretende así acabar con el déficit fiscal actual de un modelo que considera injusto, en el que se produce, a su parecer, tanto un desequilibrio entre la nivelación de las comunidades autónomas como el desequilibrio en las relaciones entre Estado y autonomías.
¿Cómo encaja el sistema dentro de la ley?
Aunque los economistas consultados por este medio aseguran que la propuesta de modelo no es viable, la Generalitat no lo considera así. El Instituto de Estudios de Autogobierno (IEA), el órgano consultivo que vela porque las normas se adecuen a la Constitución y al Estatut, habría dado su visto bueno al encaje con la ley y el derecho europeo.
Simplemente sería necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), algo que ya apuntaban círculos empresariales catalanes en un manifiesto hecho público la pasada semana, la ley de cesión de Tributos y la ley 150.2, asegura. No habría que recurrir a la disposición transitoria que regula a las comunidades forales, dice.