La apnea institucional decretada por el presidente del Gobierno abre un abanico de escenarios entre los que se encuentra su dimisión e -incluso- un nuevo anticipo electoral que paralice o anule la agenda política que Pedro Sánchez dibujó en octubre, tras ser investido por el Congreso de los Diputados. De la decisión que el jefe del Ejecutivo comunique el próximo lunes dependerá la llegada -o no- de 17.500 millones procedentes del cuarto y quinto desembolso de los fondos europeos, y la redacción de unos presupuestos -los de 2025- que ya han comenzado a gestarse en el seno de La Moncloa con la intención de ser aprobados antes del verano. Su posible renuncia total, devolvería a España a un impasse ejecutivo que situaría -de nuevo- al proyecto de las cuentas públicas aparcado en un cajón. También la hoja de ruta pactada con la Comisión Europea y la llegada de los pagos pendientes procedentes de los Next Generation, ligados a hitos reformistas. Un punto -este último- determinante para el avance de la economía española, ya que de la ejecución real de esta financiación, depende la estabilidad del PIB en el corto y medio plazo.
Si Sánchez opta -finalmente- por dinamitar la corta legislatura, el vendaval electoral detendrá la actividad parlamentaria, y consigo la elaboración de unas nuevas cuentas, obligando a prorrogar las diseñadas para 2023 por segundo año consecutivo. Lo mismo ocurrirá con la senda fiscal y el techo de gasto, redactados para un contexto económico y fiscal diferente al que anticipa el próximo año, un 2025 en el que las reglas fiscales retornan con la exigencia de cumplir con una estrategia de gasto, inversiones y medidas, que el ministerio de Economía y el de Hacienda deberían enviar a la Comisión Europea el próximo mes de septiembre.
En el aire quedaría -además- reformas necesarias, como la que debe regular el subsidio por desempleo en respuesta al hito 10 del Componente 23 del Plan de Recuperación. No cumplir con su aprobación supondría renunciar a un parte importante de los 10.000 millones de euros procedentes del cuarto tramo de los NextGen. Lo mismo ocurrirá con la larga lista de reformas incluidas en el quinto pago -de 7.500 millones- que España debía haber presentado en 2023, pero que sigue siendo aplazada debido a la fragilidad parlamentaria y a la complejidad de la reforma fiscal, necesaria para la recepción del dinero comunitario.
La recaudación y la agenda reformista
Al margen avanzan las medidas que los diferentes ministerios – especialmente el de Hacienda- están negociando con la intención de impulsarlas vía legislativa. Una de ellas -clave para la salud de la recaudación tributaria- es la permanencia de los impuestos extraordinarios a la banca y energéticas, que en 2023 generaron unos ingresos cercanos a los 3.000 millones de euros. La idea inicial era acordar con los sectores afectados una batería de incentivos a cambio de su aportación a las arcas públicas. El parón ejecutivo y legislativo derivado de una repetición electoral, volverá a enterrar ambos gravámenes.
También aspectos fundamentales como la legislación en mejora de la productividad -incapaz de remontar desde el inicio de la pandemia- se detendría. El equipo del titular de Economía -Carlos Cuerpo- y la de Trabajo -Yolanda Díaz- siguen pendientes del análisis del Consejo de la Productividad, sobre el que deberían basarse las medidas de corrección de uno de los desequilibrios que presenta el mercado laboral.
Otra de las iniciativas que quedarían en parálisis es la reforma de la financiación autonómica, que la vicepresidenta primera- María Jesús Montero- ha incluido en la ronda de contactos que abierto con los gobiernos regionales. La ministra de Hacienda se fijó la meta de aprobar la medida -abandonada desde 2014- antes de agotar la legislatura. A ello se suma el sistema de las quitas de deuda que las CCAA mantienen con el Fondo de Liquidez Autonómico -impulsada a raíz del acuerdo de investidura de Sánchez con ERC- y que busca facilitar el acceso de las regiones a los mercados.
Inversión extranjera e intereses estratégicos
En el aire quedaría la estrategia que Sánchez y Cuerpo han trazado con la intención de apuntalar la llegada de inversión extranjera a España. Lo cierto, es que el presidente del Gobierno ha conseguido sacar provecho de su agenda institucional durante los últimos meses. Ha conseguido el desembarco de proyectos industriales muy potentes, el último, el aterrizaje del grupo automovilístico chino Chery en las antiguas instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Hace semanas el Consejo de Ministros puso en marcha un Fondo de Coinversión, a través del cual el Gobierno entrará en el accionariado de proyectos participados por fondos de inversión extranjeros que se levanten en territorio nacional.
Pero sin duda, una decisión drástica del presidente del Gobierno el próximo lunes desgajará su plan de protección de los sectores estratégicos españoles. Moncloa mantiene abiertos varios frentes con la intención de blindar a compañías punteras como Telefónica, Talgo o Naturgy.
