Madrid
Uno de cada cuatro hogares en España opta por la escuela concertada para sus hijos, una elección que alcanza incluso niveles más altos en ciertas regiones autónomas como Madrid, donde uno de cada tres hogares lo elige. Sin embargo, este modelo educativo enfrenta desafíos significativos, como las restricciones impuestas por la nueva ley de Educación (Lomloe), que ha limitado su expansión, o el panorama demográfico que juega un papel también crucial, con una baja tasa de natalidad que ya está teniendo un impacto en la disminución de la matrícula en las aulas. Aún así, los colegios concertados se siguen haciendo un hueco en las familias españolas y sobreviven con "cuotas ilegales".
El estudio realizado por Esade EcPol titulado "El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas", centrándose en las cuotas que pagan las familias en las etapas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), desvela que entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas, dependiendo de la etapa educativa.
La cuota media anual por alumno se sitúa entre los 680 euros y los 860 euros. Esto concuerda con los datos previos del informe de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) para este curso que se publicaron en octubre de 2023, donde se indicaba que el 87% de los colegios cobraba cuotas.
Las patronales educativas también destacaron en su estudio que el 76% de los centros escolares tienen cuotas obligatorias, lo que va en contra de la Ley Celáa y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985. Estas leyes establecen que la educación obligatoria debe ser gratuita y contradice el actual sistema de conciertos educativos. En caso de impago, en el 16%, los estudiantes son excluidos de actividades escolares y excursiones. Esta exclusión afecta desproporcionadamente a las familias en la Comunidad de Madrid, donde alcanza el 36%. Las cuotas pagadas a los centros concertados en España representan entre 950 y 1.200 millones de euros, dependiendo de la definición de gasto utilizada. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, esta cifra equivale al 20% del total de la financiación pública destinada a la enseñanza privada.
Por otro lado, el estudio del think tank también destaca la disparidad en los pagos. Mientras que un 13% del alumnado no paga cuota, un 18% abona una cantidad mínima, generalmente menos de 20 euros al mes por alumno. Por otro lado, el 10% de los estudiantes con mayores cuotas se responsabiliza del 45% del gasto total. Las disparidades en el pago de cuotas por parte de las familias son notables y reflejan la brecha económica en el acceso a la educación. El 20% de familias con ingresos más bajos paga en promedio 310 euros anuales de cuota, mientras que el 20% con ingresos más altos desembolsa cuotas ligeramente superiores a los 1.000 euros.
Diferencias por autonomías
En cuanto a las comunidades autónomas, se observa una concentración significativa del gasto en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias en centros concertados pagan cuotas. Este porcentaje disminuye en la Comunidad Valenciana (82%) y aún más en Andalucía (60%).La cuota media anual por alumno (considerando solo a las familias que pagan) varía considerablemente entre las comunidades: 1.696 euros en Cataluña, 1.156 euros en Madrid, 959 euros en País Vasco, 597 euros en la Comunidad Valenciana y 453 euros en Andalucía. Además, a la cuota base mensual se añaden otros gastos a los que las familias han de hacer frente como el comedor, la cuota tecnológica o gabinetes psicopedagógicos, que sumado puede llegar a suponer desde 2.000 euros hasta 10.000 euros anuales por alumno en la Comunidad de Madrid o Cataluña.
Asimismo, se destaca que Cataluña, seguida del País Vasco y Madrid, exhiben una mayor homogeneidad en el pago de cuotas entre las familias, mientras que Andalucía presenta el reparto más desigual. Además, esta última se destaca por una financiación baja en comparación con la media nacional, junto con unos gastos no concertados moderados y el nivel más bajo de cobro de cuotas entre todas las comunidades autónomas consideradas.
Por otro lado, Cataluña muestra una financiación polarizada en la red concertada, con centros muy bien o muy mal financiados, y un cobro de cuotas casi universal que responde a realidades económicas opuestas, ya sean de infra-financiación o de diferenciación de la oferta.
En la Comunidad de Madrid, hay una relación fuerte entre el cobro de cuotas y el resultado económico de los propios centros. Se identifica una proporción baja de centros infra-financiados y una proporción ligeramente superior respecto a la media nacional de centros que cobran por razones de diferenciación o beneficio económico.
La Comunidad Valenciana presenta una relación positiva entre el cobro de cuotas y el resultado económico, especialmente en la ESO.Por último, el País Vasco exhibe niveles de financiación muy elevados en relación con la media nacional y la proporción más baja de centros infra-financiados.
¿Cuáles son los centros más caros?
Este tipo de escuelas concertadas se encuentran mayoritariamente en zonas urbanas y CCAA con mayor nivel de renta, es decir Cataluña, la Comunidad de Madrid y País Vasco.Los catalanes cuentan con los precios más altos, llegando a los 1.000 euros mensuales en el St Paul's (incluye comedor, material escolar, matrícula y transporte) o L'Horitzó con 508 euros. La media de la concertada en esta autonomía es de 214 euros, superior a la de Madrid (129 euros). El más económico en Cataluña es el Mare de Déu Roser Las Planas (33 euros). En la capital, los centros más caros son Casvi Boadilla (238 euros) y Las Tablas Valverde (213 euros).En el País Vasco, la cuota media es de 99 euros y el centro más caro es la ikastola Betiko (250 euros).
Inversión pública por debajo de la OCDE
Los datos históricos revelan que la inversión en educación en España siempre ha estado por debajo de la media de la UE o de la OCDE. El gasto educativo, además, es un gasto cautivo, donde más del 75% se destina al pago de salarios del personal docente, una cifra ligeramente superior a la media de los países de la OCDE.
La existencia de escuela concertada reduce la presión sobre el gasto público educativo de las administraciones públicas, mientras que la infra-financiación de los conciertos promueve e incluso legitima la prácticas alegales, cuando no ilegales) del cobro de cuotas, extendiéndose incluso a aquellos centros que ya reciben una financiación adecuada.
Aunque la calidad de las escuelas concertadas es similar a la de las públicas cuando se comparan centros con características de alumnado similares, las condiciones de acceso difieren notablemente, según los datos de ESADE.
Los centros concertados tienden a admitir a estudiantes con un nivel socioeconómico más elevado y en menor medida a estudiantes inmigrantes, lo que contribuye a aumentar la segregación escolar en España.