Fedea alerta del efecto dominó que la reforma de las pensiones acordada con Bruselas provocará sobre las cuentas públicas españolas. La entidad pronostica que el gasto en pensiones irá creciendo año tras año, hasta alcanzar el 17,8% en 2050, 2,5 puntos por encima de lo previsto por el Gobierno. Esto, ensanchará progresivamente el déficit del sistema público de pensiones hasta los 6,3 puntos en 25 años, obligando al Estado a dedicar el 50% de los ingresos tributarios netos -excluyendo las aportaciones regionales y locales- a taponar la brecha en 2050. Según los cálculos del director del think tank, Ángel de la Fuente, ese esfuerzo será del 40% durante las próximas dos décadas.
El texto, convalidado por el Congreso en marzo de 2023, promete un aumento progresivo de las bases máximas de cotización, establece una cuota de solidaridad para que la masa salarial quede por encima de la base máxima y, por tanto, exenta de cotización, contribuya a la sostenibilidad del sistema; e incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que recoge medidas para llevar a cabo un incremento adicional de las cotizaciones sociales, un ajuste sobre el gasto o una combinación de ambas en el caso de que el gasto en pensiones se desvíe. Un hecho que podría producirse antes de los previsto.
Lo cierto, es que la Comisión Europea ya ha dado algún toque de atención. A finales del pasado año, los de Ursula von der Leyen enmendaron el cuadro de previsiones sobre el que se basa la reforma. Estiman que la economía crecerá una media del 1,2% entre 2022 y 2050, por debajo del 2% anual sobre el que José Luis Escrivá redactó el texto. A esto, se suma el contenido del informe sobre envejecimiento que Bruselas tiene previsto publicar en los próximos meses, y que podría precipitar la llegada de medidas de corrección para compensar una evolución del gasto en pensiones mayor al calculado por el ministerio de la Seguridad Social.
Fedea cuenta con que será necesario un ajuste ya en 2025, como también lo prevén instituciones del rango del Banco de España o la AIReF; sin embargo, el gasto en pensiones -no sólo podría llegar antes- sino que podría ser mayor incluso al estimado. Buena parte de los organismo calculan que se desviará por encima del 13,3% del PIB, el tope que automatiza las medidas de ajuste. "Estas proyecciones activarían inmediatamente la cláusula de salvaguardia, lo que obligaría a un aumento de las tasas de contribución social de entre 3 y 4 puntos porcentuales", afirma de la Fuente, que considera que lo más prudente sería que el ejecutivo comunitario forzara al Gobierno a reconsiderar la reforma para aplicar "correcciones importantes" desde el mismo momento de su aprobación.
Rechaza la reforma de Vivienda
De hecho, el análisis del director de la entidad abronca a la Comisión Europea por su falta de rigor al dar su visto bueno a varias de las medidas que el Gobierno ha impulsado a cambio de la financiación comunitaria. Señala también a la reforma de la Vivienda. "No le hará ningún favor a España ni a Europa si no alza la voz contra medidas mal concebidas y no presiona para corregir el rumbo para aprovechar al máximo el potencial del NGEU para fortalecer la economía española", afirma.
La norma busca "dar contenido" al "derecho a una vivienda digna"; sin embargo, Fedea teme que su contenido pueda agravar la escasez de oferta de alquiler asequibles. En su análisis señala a la introducción de controles en el precio y condiciones del alquiler en zonas "tensionadas". "Reducen el retorno de la inversión en inmuebles destinados al alquiler, aumentan su riesgo esperado reduciendo el stock mediante la retirada de propiedades del mercado y provocan una caída de la inversión en la construcción de nuevos inmuebles", explica.
Fedea critica la condescendencia de Bruselas con España
El documento también critica la laxitud que los de von der Leyen habrían mostrado durante los procesos de desembolso de los 'Next Generation'. "En muchos casos, los informes simplemente señalan que la ley pertinente ha sido aprobada, sin examinar detenidamente su contenido y sus posibles deficiencias", afirma. En concreto, su director -Ángel de la Fuente- señala al sistema de renta mínima vital (IMV) levantado por el Ejecutivo en 2020. "Los buenos deseos no siempre se han traducido en políticas efectivas y las consideraciones de sostenibilidad fiscal no han recibido la atención que merecen", afirma De la Fuente en un documento de análisis, que insiste en que Moncloa falló al asumir la administración de la prestación, en lugar de cederla a las comunidades autónomas.
Según el informe, esto ha ralentizado su impacto real sobre los colectivos vulnerables. No es la única reforma analizada. Fedea apunta a la reforma laboral. Aplaude su evidente impacto positivo sobre las cifras de afiliación, pero recuerda que el texto no ha conseguido mejorar la efectividad de las oficinas públicas de empleo. Punto y aparte, merece el debate entorno a la reforma fiscal que el Ejecutivo todavía no iniciado.
Bruselas demandó la pasada semana al Gobierno la búsqueda de acuerdos de recorrido con las principales fuerzas política, con la intención de levantar un texto sólido y duradero. Sin embargo, Moncloa no tiene prisa. Fuentes del ministerio de Economía revelan que no está previsto acometer los trabajos hasta que las próximas fases de los 'NextGen' no vinculen los desembolsos al cumplimiento de este hito. La entidad recuerda la falta de políticas fiscales de impacto iniciadas durante los últimos años, más allá de la modificación de los impuestos extraordinarios a las energéticas y la banca; la tasa a las grandes fortunas, y aquellas derivadas del paquete de medidas anticrisis aprobadas como respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, como las rebajas puntuales del IVA de la energía o de los alimentos, o los ajustes acometidos en determinados tramos del IRPF.
