Economía

El CES advierte del mayor coste y burocracia para las empresas con la nueva factura electrónica

Nueva factura electrónica. EE
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La nueva facturación electrónica para las empresas y autónomos será una realidad el próximo curso, cuando finalice su proceso de desarrollo normativo. El Consejo Económico y Social (CES) ha elaborado una propuesta de dictamen, a la que ha tenido acceso este medio, considerando positivo, con matices, la generalización de la factura digital. Aunque resalta varios puntos a tener en cuenta, entre ellos el incremento de las cargas burocráticas y el mayor coste que deberán asumir los empresarios para acomodarse al nuevo procedimiento.

El CES considera, a modo resumen, que la norma recoge los requisitos técnicos y de información del sistema español de factura electrónica obligatoria, los estados de la factura y los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas. "Se trata de una norma equilibrada, integradora y garante de la interoperabilidad de la facturación electrónica, siguiendo estándares comunitarios y españoles", explican.

Aunque el primer punto destacado de su valoración se centra en el coste y el 'papeleo' a corto plazo: esperan un impacto muy diferenciado en el tejido empresarial por sectores y tamaños. Para tratar de proteger a las pymes, el CES propone "establecer límites respecto a la información recogida en las facturas electrónicas, más allá del contenido mínimo previsto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, con el fin de que no se convierta en una fuente de cargas excesivas para las empresas de menor dimensión, pero sin que ello suponga un impedimento para alcanzar el objetivo de la norma".

Los costes y la complejidad para poner implementar el nuevo modelo es uno de los "puntos grises", explican desde la patronal Cepyme. "Acarrea costes de implantación y nuevas cargas que pueden ser de difícil gestión para muchas pymes en el corto plazo, especialmente para las de menor tamaño. De hecho, hubiera sido preferible un plazo mayor para su entrada en vigor en el caso de las pymes y la existencia de medidas de apoyo específicas por parte de la Administración para su despliegue, incluyendo actividades formativas", defienden.

Para hacer coherente la nueva norma con la legislación ya vigente a nivel comunitario y nacional, consideran necesario adaptarla a Directiva 45 de 2010 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a las normas de facturación y, en particular, en las previsiones referidas a la facturación electrónica, y a la Directiva 55 de 2014 sobre la facturación electrónica en la contratación pública. De igual manera, destacan la puesta en marcha del nuevo reglamento contra la morosidad a nivel comunitario.

Del mismo modo, el CES considera necesario que el Proyecto de Real Decreto garantice de forma explícita la coherencia con la propuesta de la Comisión Europea "IVA en la era digital" donde se plantea que la facturación electrónica se convierta en el método de facturación por defecto antes de enero de 2028. existiendo el riesgo de que se produzcan fricciones a la hora de encajar dichas iniciativas. "Existe riesgo de que se produzcan fricciones entre ambas normativas", apuntan desde Cepyme. "Lo óptimo hubiera sido poner en modo de espera la iniciativa con el fin de evitar el riesgo de tener que ajustarla posteriormente, dada la inseguridad y confusión que generan estas situaciones", sentencian.

Por su parte, en el ámbito nacional, el CES entiende que la norma prevista debe guardar coherencia con la Ley 13/2023 que modificó la Ley General Tributaria de forma específica, asegurando la coherencia entre el sistema actualmente existente de "Suministro inmediato de información" para las declaraciones y libros de registro del IVA en España, y las nuevas obligaciones de facturación electrónica recogidas en la norma prevista.

La nueva facturación electrónica será una realidad 12 meses después de su publicación en el BOE. Desde es momento, será la opción a la que se deberán adaptar los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones supere los 8 millones de euros; para el resto, será 12 meses después.

La diferenciación de plazos para la entrada en vigor de la factura digital "podría causar distorsiones en el correcto funcionamiento del sistema de facturación electrónica", explica el CES. La institución aboga por unificar el plazo e instaurar la norma en 24 meses desde su publicación en el BOE para favorecer a las pequeñas y medianas empresas.

De igual manera, piden flexibilizar las exigencias y especificaciones que tienen los profesionales de medios rurales "donde además de evidenciarse una menor dotación de infraestructuras digitales que en las áreas urbanas, se aprecian también otro tipo de brechas relacionadas con factores socioeconómicos como la edad, la renta y la formación, además de con un menor tamaño empresarial". En este sentido, el CES considera que la implementación del sistema de facturación electrónica debería tener en cuenta la realidad del medio rural a la hora de establecer los plazos para su entrada en vigor.

El CES considera necesario incidir en la necesidad de que la Administración Pública, más allá de ofrecer herramientas específicas dirigidas a la implantación de la factura electrónica (como viene haciendo, en el marco del PRTR, con la puesta en marcha del Kit Digital, que subvenciona la implantación de soluciones digitales, entre las que se encuentra la factura electrónica, a través de los servicios ofrecidos por los Agentes Digitalizadores autorizados), ofrezca también a las pequeñas y medianas empresas mecanismos de apoyo técnicos y formativos necesarios para adquirir las competencias adecuadas en este ámbito.

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