Buenos Aires vuelve de la Semana Santa -que se extiende hasta el martes de Pascua- con protestas en todos los edificios públicos de la capital y tomada por un fuerte dispositivo policial. La causa está en el despido, durante los días de festivo, de 11.000 funcionarios y empleados de organismos públicos, dentro del programa de fuertes recortes del gasto público del presidente, Javier Milei.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de funcionarios del país, convocó a todos los despedidos a intentar acceder a sus puestos de trabajo este miércoles. En respuesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó a centenares de agentes de policía en ministerios y organismos públicos, para bloquear esas protestas.
El Gobierno anunció los despidos en Jueves Santo, el pasado 28 de marzo, con un decreto que recortaba unos 11.000 puestos de trabajo y ponía bajo revisión a una gran cantidad - cuantificada por el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, en "unos 70.000" más - en un plazo de tres meses. Entre las instituciones afectadas por este recorte están la Administración de la Seguridad Social, el Servicio Meteorológico Nacional, Parques Nacionales, los ministerios de Economía y de Trabajo, la secretaría de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales o el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.La ATE ha amenazado con llevar los despidos a los tribunales: "Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales", advirtió su secretario general, Rodolfo Aguiar. Entre las medidas que barajan está la de convocar una huelga nacional de funcionarios.El Gobierno ha asegurado que los trabajadores despedidos eran 'kirchneristas' contratados a dedo por los Ejecutivos peronistas anteriores (conocidos como "ñoquis" en el argot argentino), y que no hacían ninguna labor que mereciera la pena. El objetivo final es recortar el gasto público lo más posible para equilibrar las cuentas y reducir la emisión de dinero, una de las causas de la fuerte inflación que sufre el país. Dentro de ese plan, el Gobierno también ha anunciado una fuerte subida de los precios del gas, la electricidad y la gasolina, dentro de la retirada de las subvenciones que recibían la mayoría de los ciudadanos hasta ahora.