Bruselas
Las manifestaciones del sector agrícola en las ciudades europeas comienzan a cosechar sus frutos con una respuesta por parte de las instituciones comunitarias. En una nueva jornada en Bruselas marcada por las protestas del campo, los países de la Unión Europea han dado este martes su visto bueno a flexibilizar los requisitos medioambientales de la Política Agraria Común (PAC) para las pequeñas explotaciones.
Lo ha respaldado, de urgencia, el Comité Especial de Agricultura, compuesto por altos funcionarios de los países responsables de la política agrícola que, reunido antes del arrancar el Consejo de ministro de Agricultura de la UE, ha apoyado la propuesta de la Comisión Europea de eximir a los pequeños agricultores, aquellos con explotaciones inferiores a 10 hectáreas, de los controles y sanciones medioambientales de la Política Agraria Común.
Tal medida, presentada por la Comisión Europea a mediados de marzo, establece un equilibrio entre la necesidad de mantener el alto nivel de ambición medioambiental y climática de la PAC y la garantía de que se atienden las preocupaciones de los agricultores. De hecho, afectará al 65% de los beneficiarios de la PAC, que aglutinan un 10% de la tierra cultivable, reduciendo las barreras administrativas, pero manteniendo los estándares medioambientales. Aunque la idea es que entre en vigor con carácter retroactivo desde el inicio del año, Alemania tiene sus reservas de esta medida que requiere de mayoría cualificada para salir adelante.
Uno de los principales cambios es que los países podrán proporcionar derogaciones temporales en caso de condiciones climáticas imprevistas que no permitan que los agricultores cumplan con los estándares previstos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha explicado a su llegada a la reunión con sus homólogos europeos, que la medida beneficia en España a 345.000 agricultores, más del 50% de los declarantes de la PAC.
Así los Estados miembro tendrán más flexibilidad para decidir qué suelos se protegen en qué estaciones de acuerdo con las condiciones nacionales y regionales, la denominada cobertura mínima del suelo. También dará más libertad sobre la rotación de cultivos, con la posibilidad de utilizar la diversificación de cultivos como alternativa, y la obligación de dejar las tierras en barbecho se convertirá en una opción voluntaria a través de incentivos.
La idea es que el Parlamento Europeo pueda iniciar ahora las negociaciones sobre este paquete legislativo y acelerar el procedimiento para que pueda ser aprobado como tarde a finales de abril. Planas ha indicado que la propuesta de la Comisión Europea recoge todas las peticiones formuladas por España a Bruselas.
"Hay medidas que van a ir más adelante de este paquete, por ejemplo, como la de las fotos georreferenciadas", ha indicado Planas que ha sumado a ello la directiva de prácticas comerciales desleales. Así ha explicado que la Comisión Europea se plantea medidas introducidas en la ley de cadena alimentaria: contratos por escrito, creación del Observatorio de Cadena Alimentaria para costes precios y márgenes empresariales y para las transacciones dentro de la UE que deben ser reforzadas. Un punto de especial interés para España que, de los 70.000 millones de euros que exporta, dos tercios van a la Unión Europea.
El titular de Agricultura se mostró convencido de que la directiva de prácticas comerciales desleales se "va a configurar de cara al futuro como el tercer pilar de la PAC. Tenemos las ayudas directas, tenemos el desarrollo rural y creo que la ley de cadena alimentaria, y los elementos relativos a las prácticas comerciales desleales y su eliminación son un elemento importante".