Economía

Bruselas plantea canalizar 3.000 millones que generan los activos rusos para dotar de armas a Ucrania

  • La primera partida llegaría en julio y estaría dotada de 1.500 millones
  • La decisión requiere el visto bueno de los Estados miembro
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
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Desde la invasión militar rusa de Ucrania, en febrero de 2022, la comunidad internacional ha ido aumentando la presión sobre el Kremlin. La UE lo ha hecho a través de trece paquetes de sanciones y, ahora, se atreve a cumplir con una de las amenazas que lleva meses sobre la mesa: utilizará los beneficios de los activos congelados al Rusia en Europa para vehicular esta financiación a Ucrania. Un total de 3.000 millones de euros que se prevé que se generen este 2024 que, finalmente, se utilizarán para dotar de armas a Kiev.

La idea es que la primera partida de fondos llegue a Ucrania en julio, lo que a razón de dos pagos anuales elevaría la dotación a 1.500 millones de euros para el país en guerra. Si bien en un primer momento el planteamiento era utilizar los beneficios de los activos congelados para la reconstrucción de Ucrania, la falta de stock militar en los amaneces europeos ha propiciado que, finalmente, el dinero se destine a la compra de armamento para Kiev.

Los activos congelados a Moscú en la UE ascienden a un importe de 210.000 millones de euros, de los cuales el grueso se encuentra en Bélgica, en el depositario central Euroclear. Aunque el bloque aglutina la mayor parte de los activos congelados a Moscú en todo el mundo, que se elevan a 260.000 millones de euros, solo utilizará los ingresos generados desde el 15 de febrero de este año. Es decir, la propuesta no tiene carácter retroactivo.

La Comisión Europea contempla que se destine el 97% de los beneficios de los activos rusos congelados a Ucrania, esos casi 3.000 millones de euros. El 3% restante se articulará como una suerte de incentivo para los depositarios centrales, para que gestionen de forma adecuada el sistema.

De ese 97% de los beneficios que se utilizarán, se bloqueará el 10% para utilizarlo como una suerte de colchón financiero que cubra los costes de los posibles litigios que los depósitarios centrales puedan afrontar.

La propuesta será debatida esta semana por los líderes de la UE en la Cumbre que tendrá lugar jueves y viernes en Bruselas. Si bien no se espera una decisión inmediata, Hungría, como ya es costumbre, tiene todos los números de vetar una decisión que requiere unanimidad. Todo pese al cambio de opinión de Alemania, en un primer momento reacia a una decisión de este tipo por sus implicaciones legales,

Esos casi 3.000 millones de euros, que suponen el 97% de los beneficios de los activos congelados se distribuirán en dos partidas este año. El 90% se derivará al suministro de equipos militares a través del Fondo Europeo para la Paz (European Peace Facility en inglés). Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, la idea es que se canalicen unos 2.500 millones de euros a este Fondo Europeo para la Paz, un instrumento externo al presupuesto comunitario para fortalecer la seguridad que se ha utilizado financiar la compra de armamento de los Estados miembro para Ucrania.

El otro 10% restante se canalizará a través del presupuesto de la UE para reforzar la industria de defensa europea. La idea es que estos pagos se efectúen de forma bianual. De hecho, a la espera aún del respaldo de los Estados miembro, se espera que la primera contribución a Ucrania pueda realizarse en julio de este año. La cuantía final dependerá de los beneficios obtenidos, aunque las cuentas del Ejecutivo comunitario han considerado también la posible evolución de los tipos de interés. Además, esta financiación se revisará anualmente y el primer análisis tendrá lugar el 1 de enero de 2025.

El pasado 12 de febrero, la UE fijó las normas para gestionar los activos inmovilizados a Rusia. En base a ellas, los depositarios centrales que posean activos del Banco Central de Rusia por valor de más de 1 millón de euros debían apartar estos ingresos. Es así que, desde el pasado 15 de febrero, los depósitarios centrales no pueden disponer de los beneficios ni distribuirlos entre los accionistas. Estos ingresos no son propiedad de Rusia, sino del seguro de depósito y están sujetos a la fiscalidad nacional.

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