Cepyme pide homogeneizar la regulación europea sobre morosidad

La morosidad en las transacciones comerciales es un problema extendido en Europa, con efectos perjudiciales significativos para la solvencia de las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Estas últimas, debido a sus limitados recursos financieros y su menor capacidad de negociación en comparación con las grandes corporaciones, se ven particularmente afectadas por los retrasos en los pagos. Desde la patronal indican que la morosidad no solo impacta la liquidez de las empresas, sino que también limita su capacidad para invertir en crecimiento, innovación y desarrollo de sus actividades comerciales.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha priorizado durante más de una década la lucha contra la morosidad, reconociendo su impacto en el tejido empresarial español y europeo en su conjunto. Uno de los principales objetivos de Cepyme es la homogeneización de las normativas europeas relacionadas con los plazos de pago y la morosidad, con el fin de asegurar condiciones equitativas para todas las empresas y preservar la libre competencia en el mercado único europeo.

La incidencia de la morosidad varía considerablemente entre los países de la Unión Europea (UE). Por ejemplo, mientras que en países como Rumania la tasa de pagos después de la fecha de vencimiento alcanza un preocupante 86%, en otros como Dinamarca es significativamente más baja, llegando solo al 10%. En España, al igual que en Francia y Bélgica, los pagos fuera de plazo representan el 56% de las transacciones comerciales, una cifra que, aunque preocupante, se encuentra por debajo de naciones como Italia (62%) y lejos de Alemania (35%). Estas disparidades evidencian la complejidad del problema y la necesidad de abordarlo de manera coordinada a nivel europeo.

Es importante destacar que la aceptación de retrasos en los pagos, según un informe de la Comisión Europea, se justifica en España por el deseo de mantener relaciones comerciales futuras y las particularidades de cada sector económico. Sin embargo, esta tolerancia a los retrasos conlleva consecuencias negativas para la salud financiera de las empresas, especialmente para las pymes, que dependen en gran medida de una gestión eficiente de su flujo de efectivo para operar de manera sostenible y competitiva en el mercado.

A pesar de los esfuerzos y la insistencia de Cepyme en la urgencia de aprobar una regulación europea para combatir la morosidad, la reciente falta de consenso en el Consejo de Competitividad de la UE representa un obstáculo en el camino hacia una solución efectiva y armonizada. Sin embargo, Cepyme continúa abogando por una regulación clara y unificada que no penalice a las empresas españolas en comparación con sus competidores europeos.

La morosidad comercial está actualmente regulada por la Ley de Morosidad de 2004 y la Directiva Europea de Morosidad de 2011. Sin embargo, estas medidas legislativas se han mostrado insuficientes para abordar el creciente problema de la morosidad y reducir los períodos medios de pago, que en la actualidad superan los 80 días, 20 más de lo estipulado por la ley. Además, las medidas sancionadoras introducidas por la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial han tenido efectos contraproducentes, especialmente para las pymes, limitando su capacidad para acceder a contrataciones públicas y otras oportunidades de negocio.

Por tanto, es fundamental contar con una regulación europea clara y efectiva que garantice el cumplimiento de los plazos legales de pago y tenga en cuenta las necesidades específicas de las pymes y los diferentes sectores económicos. A través de su Observatorio de la Morosidad, Cepyme ha estado trabajando en colaboración con los principales actores del sector empresarial y las instituciones europeas para abordar este problema de manera integral y promover una cultura de pago puntual y responsable en toda la Unión Europea.

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