Madrid
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha hecho un llamamiento urgente a los grupos del Parlamento Europeo para que "prioricen" y aceleren la aprobación del reglamento europeo contra la morosidad en las transacciones comerciales. Este reglamento, que busca reducir los plazos de pago en la Unión Europea, se encuentra en un punto crucial de su tramitación.
El retraso en los pagos es un problema que afecta a empresas de todos los tamaños en Europa. Según datos de la Comisión Europea, en 2022 el plazo medio de pago en las operaciones comerciales era de 60 días, lo que supone un grave perjuicio para las empresas, especialmente para las pymes, que pueden verse abocadas a la insolvencia si no reciben sus pagos a tiempo.
La votación del reglamento, que estaba prevista para hoy jueves en la reunión del comité de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo, se ha pospuesto hasta el próximo 21 de marzo debido a diferencias de criterio entre los distintos grupos. Ante esto, Cepyme advierte que este aplazamiento puede poner en peligro la adopción de una regulación europea sobre morosidad, especialmente teniendo en cuenta las elecciones europeas previstas para el próximo mes de junio.
Normativa para julio de 2024
De hecho, para hacer frente a este problema, la UE aprobó un reglamento contra la morosidad, que entrará en vigor el 1 de julio de 2024. Este nuevo marco legal establece un plazo máximo de pago de 30 días para todas las operaciones comerciales, tanto entre empresas como entre empresas y administraciones públicas.
Cabe destacar que la confederación ha participado activamente en la elaboración de esta regulación desde el principio, trabajando con la Comisión Europea y el Gobierno y llevando la posición de las empresas españolas a Bruselas. Consideran que es importante establecer una legislación común en toda Europa sobre este tema, especialmente sensible para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, la patronal considera que el objetivo de sus encuentros con portavoces europeos ha sido trasladar la "realidad" de este problema y cómo afecta a las pymes, así como las propuestas de solución, e intensificó su "labor de conocimiento" y difusión de las consecuencias de la morosidad en las pymes españolas, con la celebración de encuentros y jornadas.
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, resaltó que "es fundamental" que el reglamento europeo finalmente sea una norma que tenga en cuenta "la realidad" de la empresa y que su aplicación tenga resultados "eficientes" en la práctica, reduciendo los plazos medios de pago, que ocasionan "graves problemas de liquidez y de financiación a las pymes".
"Cepyme lleva más de diez años trabajando en una solución a este problema a través del Observatorio de la Morosidad, en el que participan los principales sectores afectados por la morosidad y se realiza un seguimiento permanente de la evolución de la misma, así como análisis y propuestas en esta materia", añadió la patronal.
Obligaciones empresariales
El Reglamento que está sobre la mesa incluye una serie de medidas para garantizar su cumplimiento, como la obligación de las empresas de indicar en sus facturas el plazo de pago y los intereses de demora aplicables, la creación de autoridades nacionales de lucha contra la morosidad y la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que incumplan la normativa.
Además, se espera que el nuevo texto tenga un impacto positivo en la economía europea, al reducir los costes de la morosidad para las empresas, mejorar su liquidez y facilitar el acceso al crédito. Además, también contribuirá a crear un mercado único más justo y competitivo.
No obstante, la implementación del nuevo reglamento también presenta algunos retos, como la necesidad de adaptar la legislación nacional a la normativa europea, la sensibilización de las empresas sobre sus derechos y obligaciones y la dotación de recursos a las autoridades nacionales de lucha contra la morosidad.
