Los interinos aragoneses piden parar el cese masivo de empleados y cumplir la sentencia de la UE

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha reclamado al Gobierno de Aragón que cumpla con a sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ella se ha dictaminado que los trabajadores públicos temporales que lleven más de tres años en sus puestos deben pasar a la fijeza automática. Es la misma sanción que se aplica en el sector privado, como única medida que garantiza el cumplimiento de la Directiva 1990/70/CE.

Desde el sindicato indican que la sentencia respalda las denuncias de STEPA por los despidos ilegales que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón. Un motivo por el que esta entidad ha reclamado garantizar sin más demora los derechos de todos los afectados, más de 3.500 en la DGA, así como también el de los funcionarios interinos, hasta alcanzar los 17.000 temporales en abuso en la contratación con la Administración aragonesa.

Estas han sido las principales reivindicaciones del acto celebrado por STE PA en la puerta del acceso principal al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para reclamar, como primer paso, la paralización inmediata de cualquier cese de afectados.

Según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de diciembre de 2003, la plantilla autonómica se componía de 59.794 trabajadores, de los que 4.799 eran personal laboral (regidos por el Estatuto de los Trabajadores). La decisión judicial afectaría directamente a todos los que hayan sumado más de un trienio de antigüedad, si su plaza no ha sido convocada en ese tiempo. Además, desde STEPA ha señalado que la misma interpretación se hace extensiva a todos los interinos que también se encuentran en esta situación de abuso de temporalidad.

En el acto, STEPA ha subrayado que "la UE nos ha dado la razón en todas nuestras denuncias y reivindicaciones, ahora el Gobierno de Azcón debe dar un giro radical, no puede seguir siendo el ejecutivo autonómico que peor trata a sus trabajadores temporales, que suponen más del 50% de la plantilla".

La sentencia responde a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, para resolver un litigio entre tres trabajadores que llevaban enlazando contratos temporales sucesivos hasta por más de treinta años, preguntaron sus empleadores al Tribunal de Luxemburgo si eran de aplicación la directiva europea 1999/70, que reguló hace ya más de 20 años el abuso de temporalidad.

Los tribunales españoles habían definido hasta ahora la figura del indefinido no fijo, como vínculo prorrogable hasta que la plaza saliera a oposición. Sin embargo ahora, la UE ha dejado claro que el incumplimiento del empleador de su obligación de convocar procesos selectivos en plazo compromete el objetivo de la directiva.

Además, el TJUE recalca que los procesos de estabilización convocados para cumplir con la norma europea no son adecuados como sanción para estos casos de abuso de temporalidad y también rechaza la indemnización de 20 días por año de servicio.

Nuevas movilizaciones

Como primeros pasos, STEPA ha demandado al Gobierno de Aragón "paralizar todas las ofertas que han echado a la calle ilegalmente a 1.300 temporales solo en este mes, e identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos para convertirse en fijas", para lo que va a iniciar una campaña de movilizaciones.

El sindicato también ha recordado que están previsto nuevos ceses los de ingenieros técnicos agrícolas y de auxiliares administrativos para marzo y reclama al Ejecutivo de Jorge Azcón que cumpla de una vez la Directiva Europea, las leyes nacionales, la Ley de Presupuestos autonómica y su propio compromiso electoral" para que ningún temporal en abuso pierda su empleo.

STEPA ha denunciado que la situación actual es el resultado de "una década de nefastas políticas laborales", durante la cual la temporalidad no ha hecho sino aumentar año tras año de forma desbordante y en la Administración General ya supera el 54%. Además, miles de funcionarios siguen ocupando comisiones de servicio, continúan sin resolverse cientos de procesos selectivos, gran parte ya caducados, y existe más de un 8% de plazas vacantes".