Zaragoza
El sindicato STEPA, junto con CATA, siguen dando pasos para denunciar la situación que atraviesan los interinos en la Administración en la Comunidad aragonesa. Unas acciones que ya han anunciado que se van a intensificar para que se ponga fin a la precariedad laboral de miles de interinos.
Entre las primeras acciones llevadas a cabo se encuentra la protesta que ha tenido lugar hoy ante la sede del Justicia de Aragón a quien han pedido "auxilio" al amparo de sus atribuciones como consecuencia del "gravísimo perjuicio a miles de aragoneses, servidores públicos que ocupan puestos estructurales como personal temporal de larga duración, dentro de la Administración, así como a sus familias víctimas de ceses ilegales e injustificados".
Además, se ha presentado una queja por el cumplimiento del Gobierno de Aragón de la Ley 20/2021 de medidas para reducción de la temporalidad en el sector público y el Real Decreto Ley 5/2023.
Paralelamente, se está preparando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra las Ofertas Públicas de Empleo de 2023, que se han aprobado recientemente. El sindicato ya recurrió la de 2022, estando a la espera de sentencia y tiene previsto reclamar ante los tribunales la nulidad de cualquier oferta pública de empleo que se apruebe sin tener en cuenta las leyes que reconocen los derechos al personal interino.
De acuerdo con los datos de STEPA, en la Administración General, más de 4.500 plazas deberían ofrecerse en procesos de estabilización (3.000 por concurso de méritos sin examen); pero la nueva propuesta de OPE 2023 se limita a 313, que junto a las 571 plazas incluidas en la OPE de estabilización de 2022 dejan fuera al 85% de los afectados.
Otra de las acciones se centra en la denuncia de la "insumisión de Aragón" ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, aparte de preparar movilizaciones a nivel nacional con otras plataformas de interinos y una nueva queja a la Unión Europea.
En todas las acciones se incidirá en cómo, por la vulneración de las directivas europeas, sigue aumentando el índice de temporalidad en la Diputación General de Aragón, actualmente de más del 51%, en concreto del 54% en la Administración General, frente al compromiso para reducirlo por debajo del 8% legal antes de fin de 2024 para recibir los Fondos Next Generation de la UE.
A estas acciones está previsto que se vayan sumando más próximamente ante la "reiterada desobediencia del Ejecutivo de Aragón a la obligación de convocar procesos extraordinarios de estabilización", teniendo en cuenta las plazas ocupadas por trabajadores temporales de larga duración, es decir, más de ocho años de antigüedad, aunque algunos tienen más de 20 años o llegan a los 30 años de interinidad en puestos estructurales.
