Bruselas
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE cerraron el miércoles un acuerdo sobre la reforma de la gobernanza económica. Una revisión que buscaba llegar a unas reglas fiscales más realistas que las anteriores, que durante la crisis financiera probaron ser poco aplicables. El texto continuará negociándose ahora con el Parlamento Europeo y podría cambiar en forma aunque, de ejecutarse tal y como se pactó en el Ecofin, España debería aplicar un ajuste extra de 5.700 millones de euros en 2025.
La perspectiva es llegar a un pacto sobre el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el primer trimestre del año, antes de las elecciones europeas. Por lo que el Ejecutivo comunitario podría aplicar las nuevas reglas fiscales ya de cara a 2025, explicó el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. La norma mantiene los umbrales del 3% de déficit sobre el PIB y del 60% de deuda sobre el PIB aunque añade salvaguardas adicionales.
Prevé que los países deberán contar con colchones fiscales para hacer frente a imprevistos económicos, por lo que se fija un objetivo de déficit del 1,5%, por debajo de ese límite máximo del 3% sobre el PIB. Para caminar hacia este objetivo, los países deberán realizar un ajuste anual del 0,4% del PIB en los planes de cuatro años y del 0,25%% en los que se extiendan a siete años.
Estas cláusulas se amparan dentro del brazo preventivo de la reforma de la gobernanza económica. Cabe recordar que, en sus previsiones económicas de otoño, la Comisión Europea estimó que España rebajará su déficit al 3,2% en 2024. No obstante, el Gobierno fue más optimista y auguró que llegará a ese umbral del 3% sobre el PIB el año que viene. En cuyo caso, España tendría que realizar un ajuste de 5.700 millones de euros en 2025 para encaminarse a ese 1,5% de objetivo de déficit.
La otra salvaguarda, también dentro del brazo preventivo de las nuevas reglas fiscales, se refiere al ritmo de reducción de la deuda para países con niveles elevados. Establece que los Estados miembro que registren ratios superiores al 90% sobre el PIB deberán ejecutar un recorte anual de, al menos, un 1%. En el caso de aquellos cuya deuda se sitúe por debajo del 90% pero por encima de ese umbral del 60% sobre el PIB, la rebaja mínima obligatoria será del 0,5%.
Teniendo en cuenta que los niveles de la deuda española se situarán por encima de ese umbral del 90%, en el 106,5% en 2024 y también en 2025, según las previsiones del Ejecutivo comunitario, Madrid tendría que realizar un ajuste de la deuda del 1% anual, de aproximadamente 15.000 millones de euros.
En todo caso ambas salvaguardas se traducirán al gasto primario neto ya que las nuevas fiscales tienen en cuenta este indicador, excluyendo los intereses de la deuda y otros gastos considerados cíclicos. El punto de partida de las nuevas reglas fiscales, que planteó la Comisión Europea, son planes de ajuste individuales para cada país (y propuestos por cada país) a cuatro años, extensibles a siete años en caso de que se ejecuten reformas e inversiones que lo justifiquen.
Estos planes deben garantizar que la deuda se sitúe en una senda descendente a medio plazo, al final del periodo de ajuste, o se mantenga por debajo del 60% sobre el PIB. Pero debe incluir también garantías para el déficit, para situarse por debajo del 3% durante el periodo de ajuste.
En paralelo al brazo preventivo, la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento cuenta con un brazo correctivo para aquellos Estados miembro superen ese umbral del 3% del déficit. En estos casos, será Bruselas quien, tras una investigación, decida si abrirá un procedimiento de déficit excesivo.
En este escenario, las reglas establecen que los Estados miembro deberán realizar un ajuste estructural del 0,5% anual. La reforma contempla una excepción para los próximos años, hasta 2027, en la que los intereses de la deuda no computarán a la hora de calcular este ajuste. Lo pedían Roma y París en el último Ecofin de principios de diciembre, a lo que se oponían frugales como Austria y Países Bajos.
Finalmente se solventó que este ajuste excluirá los intereses de la deuda para atender al contexto atípico de elevados tipos de interés, ya que perjudicaría a los Estados miembro con deudas más altas. A este ajuste del 0,5% se sumará el análisis de sostenibilidad de la deuda que efectuará el Ejecutivo comunitario y que, de nuevo, volverá a traducirse en una senda de gasto para el país afectado.
En un intento por corregir errores del pasado, la reforma de las reglas fiscales actualmente sobre la mesa contempla sanciones pero de cuantías sustancialmente inferiores a las de la anterior gobernanza económica para que puedan llevarse a cabo. Se probó que en los años anteriores las enormes multas no llegaban nunca ejecutarse, a ser una realidad. Es por ello que la revisión incluye penalizaciones semestrales del 0,05% del PIB, que no tendrán un máximo por acumulación y que se aplicarán hasta que el Estado miembro disponga las medidas adecuadas para cumplir con la normativa.