Hasta un 63% de las entidades locales (ayuntamientos, consejos, diputaciones provinciales y cabildos insulares) no entregan informes de control interno al tribunal de cuentas, mientras que solo el 32,2% de los grandes ayuntamientos (más de 50.000 habitantes) no publica información en materia de auditoría, un porcentaje que desciende hasta el 5% en el caso de aquellos que tienen entre 1.000 y 5.000 habitantes. Así lo pone de manifiesto el informe Análisis del nivel de transparencia económico-financiera de las entidades locales y sus entidades dependientes, presentado en Madrid por el Consejo General de Economistas de España (CGE).
El estudio compara del grado de cumplimiento en materia de transparencia económica y financiera entre municipios (8.000 en España) tomando en consideración los seis indicadores; información sobre contratación, convenios y subvenciones; información económica (cuentas anuales) y presupuestaria; información sobre auditoría; información institucional (declaración de bienes altos cargos); información sobre organización, capacidad y calidad de servicios públicos; y principios técnicos (accesibilidad al portal de transparencia).
Atendiendo a esos parámetros, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que tienen los mayores índices de transparencia económico-financiera de media son los que pertenecen a Cataluña, País Vasco y Murcia (superan el 80% en el índice global) y les siguen los ayuntamientos de La Rioja, Canarias y Castilla-La Mancha (entre el 70% y el 75%). En el resto de comunidades autónomas, la mayoría se situaría en la horquilla del nivel de transparencia del 60%-69%, a excepción del caso de Cantabria y de Extremadura, que arrojarían los valores más bajos.
Emilio Álvarez, presidente del Registro de Economistas y Auditores del Consejo General de Economistas (REA-CGE) explicó que, pese a toda esta regulación, el informe presentado pone de manifiesto que "todavía hay muchas entidades que no publican las cuentas anuales en sus páginas web, y además el porcentaje de entidades que acompañan informe de auditoría de las mismas todavía es inferior, lo que parece que señala una ausencia de los mismos, con las implicaciones que sobre la imagen fiel esto supone".
A este respecto, Álvarez cree que "sería conveniente apostar por la colaboración público-privada, colaboración esta que tiene su justificación en la insuficiencia de recursos de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado); de la Intervención General de la Seguridad Social, de la Intervención General Delegada y del Interventor de las Entidades Locales, por lo que los auditores privados podrían suponer gran apoyo para la labor realizada por estos organismos".El presidente del REA-CGE, reveló que "un 63% de las entidades locales no entregan informes de control interno al tribunal de Cuentas, algo que tampoco hacen el 43% de empresas públicas, una situación que, apostilló, "sería impensable en las empresas privadas. El ciudadano tiene que saber dónde va su dinero",
Por su parte, el presidente del CGE, Valentín Pich, subrayó que "la rendición de cuentas ha sido históricamente una obligación de las administraciones de las sociedades democráticas; ahora bien, un sistema de rendición de cuentas no puede considerarse efectivo y completo si no viene acompañado de la divulgación y publicación de la información, es decir, de transparencia de la gestión, estableciendo mecanismos para que la información pueda llegar a cualquier parte interesada".
El presidente de los economistas incidió también en la idea de "para que la sociedad pueda llevar a cabo una correcta evaluación de las políticas públicas se necesita, en primer lugar, tener información clara y transparente sobre los entes que las aplican". Y añadió: "Esperemos que este estudio sea también de utilidad para incidir en la importancia de este aspecto clave para un sano desarrollo social y económico".
En cuanto a los resultados del estudio, Pich consideró que "ponen de manifiesto que la implantación de la Ley de Transparencia ha tenido un impacto en la información publicada por las entidades locales, pero todavía existe mucho margen de mejora, especialmente en los ayuntamientos de menor tamaño; parece, por tanto, que todavía queda camino por recorrer para alcanzar los niveles de transparencia económica y financiera que serían deseables y que requerirá de un esfuerzo en los años venideros."
Por su parte, Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del CGE, concluyó que se aprecian diferencias importantes entre las entidades municipales y que "son los ayuntamientos de menor tamaño los que muestran mayores dificultades para mantener su información actualizada por la insuficiencia de recursos". Apuntó, asimismo, que "la información de contratación es la que alcanza mayores niveles de transparencia". Marín subrayó que "en el área presupuestaria y financiera se observa, en general, la falta de información sobre cuentas anuales y ejecución presupuestaria, especialmente en entes de menor tamaño", así como que "la publicación de las cuentas anuales no va unida a la publicación de informes de auditoría que garanticen su credibilidad.
Transparencia
El estudio del GGE señala que prácticamente todas las Entidades Públicas Empresariales dependientes de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes disponen de portal de transparencia, mientras para el resto de los tramos estas entidades no tienen portal de transparencia, ni para el caso de las Diputaciones, Consejos o Cabildos. En los organismos autónomos y las sociedades mercantiles la situación es bastante dispar: en los ayuntamientos de mayor tamaño son las sociedades mercantiles las que disponen en mayor porcentaje de portal de transparencia, mientras que en los tramos de menor tamaño ocurre lo contrario.
Asimismo, los resultados constatan que la transparencia de las entidades dependientes correspondientes a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes está por encima de las pertenecientes al resto de tramos de población, alcanzando prácticamente el 50% en los dos indicadores, y supera los niveles de transparencia de los entes dependientes de las Diputaciones, Consejos y Cabildos. Asimismo, se observa que los entes dependientes de los tres tramos más pequeños muestran un nivel de transparencia muy bajo, inferior al 10%, siendo para los dependientes de los ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 ligeramente superior, pero también muy bajo.
