Los ayuntamientos españoles están lejos de la práctica de las grandes ciudades europeas en materia de transparencia y control financiero, según el estudio La auditoría de los entes locales en la Unión Europea, elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
"En España no se realiza una auditoría anual y completa sobre las cuentas de los entes locales salvo en Barcelona, que sí lo hace por la exigencia de la normativa de los mercados de valores al haber emitido títulos de deuda, y Navarra, que de manera voluntaria, y contando con la colaboración de auditores privados en el trabajo de campo, audita anualmente el 100% de los ayuntamientos de más de 9.000 habitantes", destacó el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso Ayala.
Este estudio demuestra que economías teóricamente menos relevantes que la española, como la griega o la portuguesa, han avanzado notablemente en el control de las cuentas de los ayuntamientos y nos superan. En la mayoría de los países europeos se realizan auditorías todos los años, con diferentes modalidades, de las cuentas de las entidades locales en las grandes ciudades europeas.
"En Europa existe una tradición de supervisión basada en la colaboración público-privada que apenas está desarrollada en España. Países como Francia, que hasta ahora basaban la supervisión en un modelo exclusivamente público, están avanzando hacia este tipo de cooperación. Italia o Portugal han girado recientemente hacia la auditoría privada. Por otra parte, la reciente publicación en nuestro país del Real Decreto 424/2017, sobre control interno de las entidades locales, es un paso positivo pero insuficiente en la dirección adecuada", explicó Mario Alonso.
Cómo se ejerce el control en la UE
La crisis financiera ha reforzado la necesidad de controlar el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas en la Unión Europea. Estos objetivos prioritarios requieren sistemas contables homogéneos que permitan obtener cifras comparables en los diferentes países. Para ello, no sólo serán precisas normas contables comunes, como en la contabilidad empresarial, sino también procedimientos comunes de control y auditoría, a fin de garantizar la fiabilidad y adecuación de la información elaborada.
El estudio indica que hay países como Grecia, Malta, Rumanía o Reino Unido, en los que no es obligatoria la consolidación de cuentas, por lo que el análisis de las cuentas globales de las diferentes unidades que componen el ayuntamiento más sociedades, fundaciones y otras entidades dependientes, no se produce, por lo que la visión de la situación de los mismos es parcial.
En España no es obligatorio que los entes locales presenten cuentas anuales consolidadas, por lo que el control también es parcial.
En otros países como Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, Eslovenia, Hungría o Rumanía, no se establecen auditorías anuales, por lo que puede suceder que a un ayuntamiento o una entidad dependiente no tenga ningún tipo de control durante años, y cuando lo tenga, solo se analice alguna de sus áreas, sin que se realice una supervisión sobre la totalidad del mismo.
Existen casos como Francia, en que es obligatorio presentar cuentas consolidadas que luego no se auditan, ya que las auditorías se realizan sobre muestras, perdiendo fiabilidad. En España no existe una auditoría de periodicidad anual sobre los entes locales.
Órganos responsables de la auditoría
En países de tradición anglosajona, como Reino Unido, Irlanda, Holanda, Malta, o nórdicos como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Letonia, así como Suiza, la supervisión auditora se efectúa por auditores mprivados, o por auditores privados previamente homologados en un registro específico.
La auditoría, en cualquier caso, se reporta a un supervisor público, como puede ser un Departamento de Auditoría Pública Nacional o Local, vinculado al Gobierno, o a un Comité de
Auditoría de corte político
Otros países como Italia, Portugal o Grecia están girando a este modelo, especialmente en lo que se refiere a auditoría financiera, es decir, la revisión de sus cuentas, lo mismo que Francia, que ha anunciado una experiencia piloto con 25 grandes Ayuntamientos a partir de 2020.
Por el contrario, están sometidos a supervisión pública países como Alemania, Francia, Bélgica, Hungría, Rumanía, Eslovenia o Croacia. En Alemania o Hungría, los supervisores públicos pueden subcontratar parte de las auditorías con auditores privados.
En cualquier caso, existen legislaciones en estos países que, además del control público, permiten que los entes locales, de manera voluntaria, contraten una auditoría privada. Esto sucede en Bélgica, Hungría y Croacia.
Control público superpuesto al privado
Por último, hay un grupo de países que tienen control público superpuesto al privado, como sucede en Italia, Grecia, Letonia o Portugal, aunque en algunos casos los entes locales de menor tamaño solo tienen supervisión pública.
En muchos casos, la auditoría financiera o de cuentas es llevada a cabo por auditores del sector privado y los Órganos Públicos se centran en otro tipo de auditorías, como el control de legalidad, el relativo a la ejecución del presupuesto o incluso la auditoría operativa.
