Economía

Los pactos asumidos por Sánchez para gobernar dan carta blanca a las CCAA para gastar sin límite

  • Fedea alerta de que la condonación de la deuda aumentará a "indisciplica fiscal"
  • Advierte de que una financiación privilegiada a Cataluña debilitará el Estado
  • El pack de medidas sociales aumentarán el gasto público y la presión fiscal
Pedro Sánchez y las vicepresidentas en el primer Consejo de Ministros. Foto: Efe

Una "indisciplina fiscal" de las comunidades autónomas que costaría 88.000 millones, un Estado más debilitado por la financiación privilegiada de Cataluña y un aumento significativo del gasto público y de la presión fiscal. Es lo que traerán, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los distintos pactos que cerró Pedro Sánchez a cambio de los votos para la investidura.

El artículo, firmado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, señala "al menos dos riesgos y una certeza" derivados de los acuerdos alcanzados por el PSOE con el resto de grupos que le han ayudado a reeditar su cargo al frente del Gobierno. Por un lado, quedan comprometidos el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas, y, por otro, la cohesión social y territorial. La certeza apunta a que una condonación general y no condicionada de una parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común "agravará" sus problemas de "indisciplina fiscal".

Se refiere a la condonación incondicionada de deuda recogida en el acuerdo con ERC. Según expone, es "una pésima idea" porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (SFRC). De la Fuente recalca que en base a la experiencia previa, "cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas"; es aquí donde se encuentra el la "invitación" a la indisciplina fiscal, indica el texto. Pero además, alerta de que esta medida será "un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado".

¿Cuánto costaría condonar la deuda a las autonomías?

Que no se detalle cómo se calcularían las quitas del resto de regiones supone otra gran preocupación para la Fundación. "Dado, además, que todas CCAA se vieron afectadas de manera similar por la Gran Recesión -esto es uno de los argumentos en el acuerdo con ERC-, la forma seguramente más razonable de extender la medida a otros territorios sería perdonar a cada comunidad la misma cantidad por habitante ajustado. Esto generaría un coste total de casi 88.000 millones de euros", de los que 16.400 corresponderían a Andalucía, 12.900 a Madrid y 9.750 a la Comunidad Valenciana.

Las cuentas de los Técnicos de Hacienda (Gestha) sobre esta cuestión rebajan el coste de la quita. Según sus estimaciones compartidas, la condonación de la deuda autonómica alcanzaría los 54.620 millones de euros atendiendo al régimen común y 57.771 millones si se incluyen Navarra y País Vasco. Las cuatro comunidades más beneficiadas según sus cálculos serían Cataluña, que podría cancelar 14.647 millones de euros, la Comunitat Valenciana (14.093 millones), Andalucía (5.696 millones) y Comunidad de Madrid (3.473 millones).

La financiación privilegiada de Cataluña

La financiación privilegiada para Cataluña que se desprende del pacto entre PSOE y Junts también augura un desarrollo complicado para Fedea, que lo marca como el comienzo de una deriva confederal que terminará comportando "un gradual debilitamiento del Estado". Según De la Fuente, el acuerdo parte de "un sorprendente diagnóstico común que supone aceptar, en buena medida, las tesis nacionalistas sobre las supuestas deficiencias y abusos del sistema actual".

Aunque ve improbable que culmine en un pacto "con las reivindicaciones de máximos de los nacionalistas", el analista no descarta "concesiones significativas" como un estatus especial para Cataluña tanto en las negociaciones sobre la reforma de la financiación como en su posición en el nuevo modelo, que se traduciría en "una menor aportación de la comunidad a la caja común" y, por tanto, "en una financiación privilegiada". Si esto se materializara se daría una "deriva confederal" que iría reduciendo gradualmente los márgenes para la nivelación interterritorial.

El programa de Gobierno podría subir los impuestos a todos

El aumento "significativo" del gasto público y la presión fiscal que deriva según Fedea del programa de Gobierno cerrado entre PSOE y Sumar añade una preocupación más a la lista de la Fundación. "A la fuerte presión al alza sobre el gasto que la reciente reforma de las pensiones ya generará en los próximos años, se suman ahora planes para mejorar numerosas prestaciones sociales e incrementar el gasto público en sanidad, educación, vivienda y otras áreas", argumenta De la Fuente.

A su juicio, algunas de las medidas anunciadas, tanto de ingresos como de gastos, podrían llevar a nuevas subidas de impuestos "para todos" los ciudadanos y no sólo para los que tienen mayores rentas: "Parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse sin desequilibrar aún más las cuentas públicas, en contra de lo que exigirá la Unión Europea tras la reactivación de las reglas fiscales, o sin fuertes subidas de impuestos para todos y no sólo para los ricos", alerta.

"El nuevo Gobierno y sus aliados parecen olvidar que tales subidas también tienen un coste en términos de menor renta disponible y bienestar para amplios segmentos de la población y podrían tener efectos adversos para todos a través de su incidencia sobre el crecimiento económico y el empleo", denuncia.

Sitúa el foco en las medidas de ámbito laboral, como la reducción de la jornada de trabajo sin ajustar proporcionalmente los salarios, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el endurecimiento de las condiciones de despido y descuelgue porque tienden a aumentar los costes unitarios de las compañías y a reducir su flexibilidad interna, "comprometiendo la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación ante shocks adversos, con efectos negativos sobre el empleo".

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