La reforma laboral aprobada a finales de 2022 no solo ha servido para reducir el peso de los contratos temporales en el mercado de trabajo español, también ha tenido un efecto palpable en las estadísticas de desempleo que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El pasado mes de octubre, se anotaron 4.345.760 demandante de empleo, cifra que se desglosa en 2.759.404 parados registrados y 1.586.356 inscritos excluidos de esta categoría. Los primeros se han reducido un 5,3% respecto al mismo mes de 2022, pero los segundos crecen un 10,1%.
Esta evolución divergente resulta significativa porque se produce en el segundo año desde la entrada en vigor de la norma. Es decir, no se puede atribuir a la adaptación de las empresas y trabajadores a un cambio legal, sino que se desarrolla cuando este ya se aplica a pleno rendimiento.
Si nos remitimos a 2019 el paro registrado ha caído un 13%, pero los demandantes no parados se han disparado un 21%. Suponen el 36% del total, un punto más que hace un año y el máximo histórico descontando el año 2020, cuando los ERTEs (cuyos afectados tampoco cuentan como parados) hicieron que la proporción se elevara al 47% del total.
Los demandantes de empleo no considerados como parados registrados son un grupo heterogéneo, que recoge diversas casuísticas. Los más numerosos son los demandantes ocupados, que alcanzan los 1,08 millones, un 13,3% más que hace un año y un 29% más que en 2019. En segundo lugar, figuran los que tienen una disponibilidad limitada (donde se incluyen a los parados que hacen un curso de formación de los servicios públicos de empleo) que demandan empleos en condiciones muy específicas (como el teletrabajo o en el extranjero).
Suponen 303.154, un 16,6% más que hace un año y un 39% más que en 2019. Por último, están los demandantes no ocupados (DENOS) que no son considerados parados, Estos últimos engloban casos como el de los estudiantes de menos de 25 años o los perceptores del subsidio especial agrario (antiguo PER). Su cifra, sin embargo, se ha reducido en el último año en un 11% y en un 20% respecto a los niveles previos a la pandemia. Es decir, más que el paro registrado.
La evolución tras la reforma laboral no sería, por tanto, achacable a un mayor incremento de las personas sin empleo que no cuentan como parados, sino al mayor peso de los trabajadores ocupados con contratos fijos discontinuos que pasan a la inactividad a la espera de que sus empresas vuelvan a llamarles. Es decir, sin trabajar, ni cobrar un sueldo, pero con la opción de apuntarse al paro para cobrar una prestación o subsidio. Tras la pandemia, estos inactivos han ocupado un lugar similar al que ocuparon los afectados por ERTE en las cifras de personas que no trabajaban pero estaban excluidas del paro.
Inactivos o no disponibles
Sin embargo, las cifras que publica el SEPE no desglosan cuántas personas inscritas en las oficinas de empleo se encuentran en esta situación, pese a que el pasado mes de enero la ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, prometió publicar los datos. En la última rueda de prensa del paro y afiliación, su número dos y responsable del SEPE, Joaquín Pérez Rey esgrimió los datos de la EPA, que arrojan un total de 659.300 asalariados con este tipo de contrato, un 3,6% del total, para restar importancia a esta modalidad contractual.
Ello a pesar de que según las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social la cifra supera el millón. Además de que, según los datos del propio SEPE suponen el 34% de los contratos indefinidos y el 15% del total de los firmados en octubre. Desde Trabajo se incide además a que el repunte de los demandantes ocupados puede deberse a que muchos trabajdores se inscriben como tales para conseguir otro empleo, algo cuestioable si tenemos en cuenta los probres resultados de los servicios públicos de empleo para encontrar trabajo ni siquiera a los parados registrados.
Sin embargo, más allá de esta polémica, resulta llamativo el incremento de los demandantes con disponibilidad limitada o demandas especiales de empleo, que solo se explica por dos motivos. El primero sería un incremento de los parados que cursan cursos de formación y que entran en esta categoría tras ver suspendida su demanda de empleo, si bien la evolución de los resultados de políticas activas no parece avalar un aumento semejante.
La otra sería un incremento de la mano de obra no disponible, un fenómeno también detectado en la EPA, es decir, de personas que quieren trabajar y buscan empleo, pero no pueden incorporarse inmediatamente a cualquier puesto que se les oferte, por lo cual piden que este tenga condiciones especiales, como el teletrabajo. En este caso, tampoco el SEPE ofrece análisis sobre la situación concreta de los demandantes.
