ERC y Junts exprimirán la recta final de las negociaciones en torno a la investidura de Pedro Sánchez para deshacerse de parte del pasivo que Cataluña debe al Estado, y al que la Generalitat tendrá que seguir haciendo frente durante los próximos años. Los vencimientos de la deuda acechan a las cuentas catalanas, que deberán asumir el desembolso de 31.868 millones de euros entre el 2024 y el 2028 -cuando se encarezcan un 13%- a no ser que los de Pere Aragonés logren que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno condone parte los más de 73.000 millones que Cataluña debe a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). A esto hay que añadir el coste derivado de los intereses de la deuda, que en 2026 crecerán un 104%, hasta alcanzar los 2.412 millones de euros.
La intención es compartida. No solo ERC busca desprenderse de sus obligaciones con el Estado, Junts no ha dejado de insistir en la quita desde que la aritmética parlamentario que dejó el 23-J le concedió las llaves de la Moncloa. Hace unas semanas, los de Puigdemont volvieron a exigir la condonación de la deuda y el traspaso de las competencias fiscales a Cataluña. Ambas formaciones, denuncian el llamado 'déficit fiscal'. La demanda fue oficializada por el Govern en pleno Senado el pasado jueves. Los republicanos reivindican una desviación de 22.000 millones entre lo que Cataluña aportó a la caja del Estado, y lo que recibió.
El calendario será complejo para el equilibrio de las cuentas. Según los datos difundidos por la Generalitat, en 2024 el Ejecutivo catalán deberá afrontar el pago de 7.988 millones de euros, una cantidad que escalará durante los siguientes ejercicios. En 2025, el coste se elevará a los 7.828 millones; un año después los 7.946 millones, hasta llegar a los más de 8.100 millones que deberá abonar en 2027.
Condición para la investidura
Con estas cartas, los partidos independentistas ven en la negociación con el PSOE la oportunidad de evitar en un despacho el catálogo de obligaciones que tienen por delante. Si el candidato a la presidencia acepta, el coste no será solo económico, sino también político. El equipo de Sánchez no descarta aceptar una quita parcial, a pesar del malestar que la medida generaría. El líder socialista se enfrenta a un nuevo enfrentamiento con los líderes autonómicos, en especial con aquellos que durante los últimos años han conseguido reducir su deuda. Una de ellas es Euskadi, cuyo presidente -Íñigo Urkullu- dirige desde Vitoria las negociaciones del PNV con el PSOE con la meta de alcanzar un acuerdo de legislatura que otorgue cierta estabilidad parlamentaria al próximo Gobierno.
El papel de Sánchez será complicado. No solo deberá calmar a su futuro socio parlamentario, sino también contentar a otros barones autonómicos para evitar una rebelión en las filas socialistas. Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García Page, mantiene una deuda de más de 11.000 millones de euros con el Estado, y los gastos en intereses se multiplicarán por tres de aquí a tres años. La tensión entre los barones socialistas es evidente. La amnistía a los condenados del procés que ERC está negociando con el PSOE ha abierto una brecha entre los suyos. El descontento quedó patente el pasado jueves, cuando el presidente manchego decidió no acudir al Senado en una áspera sesión en la que Pere Aragonés reivindicó el referéndum de autonomía. Tampoco asistieron María Chivite y Adrián Barbón, presidentes de Navarra y Asturias, respectivamente.
Al margen queda la batalla que se adivina con el resto de Comunidades Autónomas, especialmente aquellas dirigidas por el Partido Popular. La presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, ya anticipó la reacción de los barones populares el pasado lunes. "Ahora hablamos de condonación de deuda pero, ¿de verdad se va a atrever a condonar la deuda solo a Cataluña?", dijo la popular en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press. El pasado 31 de julio, la ministra de Hacienda en funciones no quiso "anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa", dijo por entonces en una entrevista. Desde entonces, Ferraz impuso la ley del silencio en torno a las negociaciones.
Si Sánchez opta por contentar a todos, la factura será inasumible aunque sea se manera proporcional. En total, las CCAA deben 184.000 millones de euros al FLA. La Comunidad Valenciana acumula un pasivo de 46.274 millones, Andalucía algo más de 25.000 millones, según los datos publicados por el Banco de España. Por detrás se sitúan como la Región de Murcia, con una deuda de 9.700 millones; o Baleares y Aragón, que adeudan cerca de 5.000 millones de euros.
