
La Comunidad Valenciana podría tener que devolver casi 1.700 millones de euros que fondos europeos, una cantidad que aún tiene pendiente de ejecutar a contrarreloj. El propio presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón dio ayer la voz de alarma ante la proximidad de la fecha límite, el próximo 31 de diciembre, para materializar los proyectos para los que se asignó ese dinero procedente tanto de los Feder como del Fondo Social Europeo (FSE).
Mazón aprovechó su comparecencia en la primera sesión de control en Les Corts para desvelar que existe el riesgo de perder esos fondos, algo de lo que culpó al bajo grado de ejecución del Ejecutivo de coalición de izquierdas de su predecesor, Ximo Puig.
Aunque Mazón cifró en 2.800 millones de euros el dinero que podría estar en juego durante su comparecencia, en esa cantidad incluyó fondos Next Generation para los que existe mayor margen. La financiación que se encuentra en una situación más crítica suma exactamente 1.687 millones de euros, porque cuenta con un plazo muy ajustado para certificar su utilización.
Esa cantidad corresponde a la financiación procedente del Programa operativo 2014-2020 de los fondos estructurales que ha recibido la Comunidad Valenciana. Según explican fuentes del departamento de Hacienda de la Generalitat, del total de 3.062 millones de euros dispuestos, la Administración tan sólo ha certificado ante la Unión Europea el 45%, es decir, 1.375 millones de euros, según los últimos datos oficiales de junio.
Next Generation
El propio Gobierno central ha comunicado por escrito a la Generalitat Valenciana que existe ese riesgo latente de devolución porque el plazo adicional que contempla la normativa comunitaria para justificar que se ha gastado ese dinero de 3 años adicionales concluye el 31 de diciembre de 2023. En el parlamento Mazón aseguró que "la Comunidad Valenciana ha sido la peor en grado de ejecución", algo de lo que responsabilizó al Gobierno del Botànic. Dentro de ese bajo grado, el presidente valenciano incluyó la gestión de los fondos Next Generation que la UE puso en marcha por la crisis del Covid.
Según los datos oficiales de la propia Conselleria de Hacienda, en los ejercicios 2022 y 2023 se han presupuestado 2.116 millones de euros procedentes de los distintos mecanismos incluidos en ellos, de los cuales sólo se han ejecutado 564 millones de euros. Es decir, del dinero previsto hasta ahora se ha materializado apenas un 26,6%. Sin embargo, en este caso la situación es menos apremiante que en el programa de los fondos estructurales, ya que el plazo de justificación ante Bruselas finaliza en junio de 2026.
Durante la sesión de control, los partidos de la oposición se centraron en el pacto de Gobierno con Vox y en las polémicas que la formación de extrema derecha ha generado en estas semanas, principalmente sobre la lengua valenciana, la violencia machista y el cambio climático.