Los funcionarios pedirán una jornada laboral de 35 horas y un nuevo acuerdo salarial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado sus exigencias para este nuevo curso político en la Función Pública, entre las que se incluyen la implantación de la jornada laboral de 35 horas y volver a negociar un nuevo acuerdo salarial.

Bajo el lema 'Igual trabajo, igual salario', el sindicato ha expresado que sus demandas se centran en las tres principales preocupaciones de CSIF: la temporalidad, la falta de reposición y la lentitud de los procesos de selección.

Durante la presentación de las 20 medidas que componen las solicitudes del sindicato de funcionarios públicos, el presidente de CSIF, Miguel Borra, destacó la necesidad de "eliminar la tasa de reposición" como medida para promover la creación de empleo neto y diseñar plantillas "adecuadas" a las necesidades de la ciudadanía, para lo que es necesario "una planificación plurianaual a varios años de las ofertas de empleo público".

Además, se ha instado al Gobierno agilizar los procesos de selección, ya que actualmente puede llevar más de tres años desde que se convoca una plaza hasta que los aspirantes finalmente asumen sus puestos. También se busca encontrar una solución a la problemática de la temporalidad, recordando que esta cuestión debe resolverse antes del 31 de diciembre de 2024, fecha en la que la tasa de temporalidad debe reducirse del 31% actual al 8% para cumplir con los requisitos de la Unión Europea.

Desde CSIF, se estima que este proceso de estabilización afectaría a aproximadamente medio millón de personas en todos los sectores de la administración pública.

Recuperar la estructura salarial

Los funcionarios han reivindicado también renegociar un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar la estructura previa a los recortes de 2010, y la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar el modelo de las pagas extras, así como una habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre territorios.

En cuanto a pensiones, han abogado por garantizar pensiones públicas dignas y por equiparar el tratamiento económico de las clases pasivas al del Régimen General. Por lo tanto, han propuesto iniciar el proceso de jubilación anticipada para grupos o profesiones cuyos trabajos sean particularmente extenuantes, tóxicos o peligrosos.

Además, han planteado la necesidad de regular la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, aumentar los haberes reguladores de las pensiones de las clases pasivas y ofrecer un incremento adicional del 5% anual a quienes decidan extender su vida laboral. De igual modo, se ha propuesto aplicar un complemento para cerrar la brecha de género en las jubilaciones parciales y voluntarias.

También exigen al Ejecutivo que sea efectivo el acuerdo alcanzado para el desarrollo del teletrabajo en la Administración; un texto firmado en abril de 2021 a la espera que se mantiene a la espera de un Real Decreto que lo regule.

"Hacen falta" 400.000 funcionarios

Durante la presentación de los datos, Borra ha destacado la necesidad de abordar la carencia de aproximadamente 400,000 empleados que se requieren en el sector público para acercarse a los niveles de empleados públicos que se encuentran en el resto de Europa.

En este contexto, recordó que según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España tiene un nivel de empleados públicos que está dos puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE. Además, esta cifra es cinco puntos porcentuales menor que la de Francia y 14 puntos porcentuales inferior a la de los países del norte de Europa. Borra subrayó: "No tenemos una cantidad excesiva de empleados públicos; en realidad, necesitamos más empleados públicos en España".

El presidente de CSIF ha instado a igualar el nivel de empleo público con los estándares europeos, al mismo tiempo que ha señalado que las últimas dos promociones de médicos han optado por trabajar en el extranjero debido a las mejores condiciones laborales que allí encuentran.

Entre sus exigencias, ha pedido la igualdad en las condiciones laborales entre las diferentes comunidades autónomas, ya que existe una fuerte competencia entre ellas, y en general, son el País Vasco y Navarra las que ofrecen las condiciones más favorables.

Las medidas serán trasladas al próximo Gobierno "en cuanto se forme", aunque desde CSIF no han descartado "en absoluto" volver a la huelga ante un momento en el que hay "cero interlocución" con el Gobierno.

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