Valencia
La burocracia administrativa en el Ayuntamiento de Valencia ha sido durante los últimos años uno de los motivos que han propiciado más quejas, tanto de empresarios han visto como se alargaban los plazos para poner en marcha sus negocios como de los ciudadanos de a pie, con plazos de varios meses para realizar trámites como un empadronamiento.
Una situación que llevó incluso a la creación de una Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de Valencia el año pasado. Con el cambio de color político en el Gobierno municipal, el nuevo equipo de la alcaldesa María José Catalá que ha sustituido a la coalición de Compromís y socialistas que encabezaba Joan Ribó, acaba de desvelar los datos de un informe con el que pretende poner negro sobre blanco la situación real de la tramitación municipal. Las cifras certifican que en algunos casos los plazos de tramitación convierten casi en misión imposible lograr algunas licencias.
El caso más sangrante es el de las licencias de actividades, en que la media para conseguirla se sitúa en 1.200 días, es decir, más de tres años. Uno de los sectores que más vehementemente había clamado contra los retrasos casi eternos es el de la construcción y el inmobiliario. En su caso, en las obras de nueva planta y obras de intervención el número medio de días para conceder una licencia es de 730 días, mientras que en las obras de reforma se reduce a 540 días.
Según el informe de la Concejalía de Urbanismo, el volumen total de licencias atascadas en el Ayuntamiento de Valencia alcanza el número de 22.545. De ellas, 11.781 corresponden a licencias de obras, 9.253 de actividades y 1.511 de inspección.
Plan de choque
Además de culpar a sus predecesores, como ya hizo el anterior Gobierno cuando llegó al poder hace 8 años, los nuevos responsables municipales prometen medidas para descongestionar la situación de la Administración.
Según el concejal de Urbanismo, Juan Giner, "vamos a actuar sobre los recursos humanos, vamos a poner en valor a los empleados públicos de los servicios que gestionan las licencias de actividades y urbanísticas, así como los de inspección; unificar procedimientos; y determinar la transversalidad de los expedientes".
El edil también quiere reducir los informes negativos con sesiones con los colegios profesionales afectados para establecer criterios y proyectos tipo, e iniciar una renovación de la ordenanza de obras de edificación y actividades para reducir las cargas burocráticas.
