Madrid
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha indicado que en 2050 el gasto en pensiones será del 17% o 18% del PIB "si no se hace nada", por lo que apuesta por introducir un recargo sobre la cuota estatal del IRPF para obtener fondos.
A su juicio, eso aseguraría que ese gasto "se reparte entre todo el mundo" y además "de una forma progresiva", ya que si no se controla, "se va a comer todo lo demás". "Vamos a tener tantos recursos en pensiones que va a quedar muy poco para otras cosas que también son prioritarias, como la dependencia o la sanidad", ha advertido.
Además, este método permitiría "que la gente fuera consciente de lo que cuesta". "Si todo el mundo viera el recargo para pagar esos complementos de pensiones, seguramente serían más favorables a los esfuerzos por contener el aumento de las pensiones", ha defendido De la Fuente durante su intervención este miércoles en el Foro Económico del Diario Montañés, celebrado en Santander.
Es por ello que, además de pagar una parte con recursos procedentes de impuestos para repartir los costes "entre los pensionistas de ahora y los pensionistas del futuro", ha apostado por medidas como seguir alargando el periodo de cómputo cogiendo más años de carrera para calcular la pensión, lo que "tiende a reducirlas", o seguir retrasando la edad de jubilación en proporción a la esperanza de vida en aquellos empleos que lo permitan.
Además, ha subrayado que blindar las pensiones frente a la inflación "sería muy deseable", pero es "un lujo" que no sabe "si nos podemos permitir". Más bien, considera que se debe poner un tope de poder adquisitivo que se puede llegar a perder.
Igualmente, cree que "habrá que subir algo las cotizaciones", aunque ha advertido de que en España ya "son muy altas" y que "puede tener efectos nocivos sobre el empleo".
De la Fuente ha hecho un repaso de la situación económica del país y ha destacado la necesidad de acometer una reforma fiscal que "incremente la capacidad recaudatoria del sistema", unida a un esfuerzo por racionalizar el gasto, para "garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas" y poder "pagar el estado de bienestar".